NACIÓN PAGA POR DIPLOMÁTICOS

NACIÓN PAGA POR DIPLOMÁTICOS

Las víctimas de los atropellos o imprudencias que cometan los diplomáticos extranjeros en Colombia no tendrán que acudir a las autoridades de otro país para que respondan por esos hechos.

26 de agosto 1998 , 12:00 a. m.

El Consejo de Estado determinó anoche que la Nación tendrá que hacerse cargo de todos los daños que cometan los funcionarios de embajadas y consulados con sede en el país, que gocen de inmunidad diplomática.

La tesis fue adoptada por el alto tribunal al condenar al Estado colombiano a pagar más de 130 millones de pesos a los familiares de un ingeniero bogotano que murió al chocar violentamente contra un vehículo conducido por un Teniente Coronel de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

La esposa y la hija del ingeniero demandaron al Estado después de que vieron cómo se cerraban todas las vías legales para que la justicia colombiana hiciera responder al oficial estadounidense por el daño.

El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jesús María Carrillo, respaldó ayer los argumentos de las demandantes y determinó que la Nación tiene que indemnizar a las víctimas, no porque haya tenido culpa en el hecho sino porque les negó la posibilidad de adelantar un proceso contra el involucrado.

Primer antecedente De acuerdo con el alto tribunal, al haber acogido la Convención de Viena, en la que se establece que los diplomáticos no pueden ser investigados por la justicia del país en donde ejercen sus funciones, el Estado le negó a algunos colombianos la oportunidad de obtener por vías ordinarias una reparación a los daños que sufren.

Es la primera vez que el Estado colombiano es condenado por la aprobación de una ley de la República, en este caso la ley 6 de 1972, que acogió ese tratado en el país.

Aunque el Consejo consideró que tanto el presidente como el Congreso obraron legítimamente al adherir a este tratado, su aplicación en el país le impone una carga a unos particulares, que no tienen por qué soportar.

Esta carga, sostuvo, consiste en el desequilibrio que significa el no poder adelantar una investigación por un hecho en el mismo territorio en que se produjo sino en otro Estado, con todos los gastos y dificultades que esto implica.

El caso En principio, por la muerte del ingeniero, su esposa y su hija iniciaron un proceso penal en un juzgado de Bogotá, en el cual se alcanzaron a practicar unas pruebas. Sin embargo, después de todos los trámites el juez consideró que no era competente para llevar el proceso y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia.

La Corte llegó a la conclusión de que por tener el funcionario inmunidad diplomática no podía adelantarse una investigación penal en Colombia, sino que tenía que hacerse en Estados Unidos. El expediente fue a dar entonces a la Cancillería para darle el trámite diplomático de rigor.

Los familiares se habían constituido como parte civil en este proceso, con la esperanza de que a través de esta vía se les indemnizara por los perjuicios que les había producido su muerte, pero los tropiezos jurídicos les cerraron esta vía.

Por esta razón, presentaron una demanda por responsabilidad civil contra la Embajada de Estados Unidos, ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, este camino también fue infructuoso, al igual que una reclamación directa que enviaron a la embajada, para que voluntariamente les pagara una indemnización por los hechos en que había sido involucrado uno de sus funcionarios.

Finalmente fue la misma Corte la que les dio la clave para solucionar su conflicto. En últimas, el Estado colombiano otorga la garantía de responder patrimonialmente por los daños que sufran los habitantes de Colombia cuando resulten causados por el hecho de haber concedido la inmunidad , dijo el tribunal.

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