UN CASO DE TOTALITARISMO O DE INSENSATEZ

UN CASO DE TOTALITARISMO O DE INSENSATEZ

El gobierno del presidente César Gaviria ha dictado una resolución por la cual se establece en Colombia la educación sexual como materia obligatoria para todos los grados académicos desde la instrucción preescolar hasta los grados de educación media. La resolución aduce la obligación en que está el Gobierno de proteger a la población contra la propagación de las enfermedades que se transmiten por la promiscuidad sexual, en especial el sida. Este fundamento explicaría una intervención gubernamental en el sector salud, no en la educación. No tiene sentido involucrar a todos los menores desde la edad preescolar en informaciones sobre la manera de tener relaciones promiscuas sin contagiarse del sida. La extrapolación de temas eróticos a la educación de los menores entra en la onda del erotismo en la literatura, en la poesía, en las revistas ilustradas, el cine, la televisión y la publicidad. Es una onda de prostibulización de la cultura. La resolución presidencial es un desarrollo de la

20 de marzo 1994 , 12:00 a. m.

Algunos ciudadanos, horrorizados ante la barbarie a que puede inducir una cátedra obligatoria de sexología para menores de edad desde el grado de preescolar (que desencadene el deseo sexual y atropelle el pudor en los menores), presentaron una tutela contra el decreto del presidente Gaviria. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia les negó la tutela con el argumento de que ante los alarmantes niveles de crecimiento del contagio del sida es una responsabilidad del Estado intervenir mediante información objetiva y respetuosa para que la ciudadanía entienda que una de las alternativas para prevenir la enfermedad es el uso del preservativo .

Dicha demanda de tutela estaba ya viciada de inconstitucionalidad por cuanto, en su numeral b, pretenden que la Constitución del 91 sea interpretada esencialmente a la luz de la fe católica . La Contitución del 91, a diferencia de la del 86, no fue inspirada especial ni exclusivamente en la fe católica. Si algo brilló por su ausencia en esa Constituyente fue la presencia del catolicismo. La Constitución del 91 fue inspirada en el espíritu de la democracia pluralista, y lo que se ha de exigir de sus intérpretes oficiales es que sea interpretada a la luz del pluralismo democrático. Lo que ocurre con la sentencia de la Corte Constitucional, en la que se apoya la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (Sala Civil) para negar la tutela en cuestión, es que viola el pluralismo ideológico preconizado en la Constitución del 91 al imponer, mediante sometimiento obligatorio de los menores, totalitariamente, una ideología discutible como cualquier otra, en materia de sexualidad humana.

Los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional acogen con validez de dogma infalible la hipótesis freudiana de la neurosis por represión de la sexualidad; sin tener en cuenta que hay otras hipótesis en la feria de hipótesis sobre la sexualidad. Sobre esta pluralidad de hipótesis se destaca la concepción judeo-cristiana sobre la sexualidad humana. Bien está que se haya suprimido la educación católica como cátedra obligatoria en los colegios pero no está bien que se establezca una educación sexual con carácter obligatorio. Si lo del pluralismo es en serio, que no se aplique exclusivamente contra el monopolio de la educación, según los criterios católicos.

Los H.H. Magistrados de la Corte Constitucional conocen bien la Constitución del 91, la cual, en materia de educación en general y de educación sexual en particular, les reconoce prioridad de competencia a los padres de familia, después a la sociedad y sólo en último lugar al Estado. La sofisticada argumentación de su sentencia busca, con la cautela de quienes saben que se han metido en un campo minado, anular en la práctica lo mismo que reconoce en la teoría. Insidiosamente descalifica a los padres de familia atribuyéndoles ignorancia e irresponsabilidad en cuanto educadores de la sexualidad de sus hijos, desconoce por omisión los derechos de la sociedad al respecto, derechos que son prioritarios a los del Estado, y atribuye a los establecimientos educativos la original función de corregir y completar lo que falta a los padres de familia a cuenta de su ignorancia y de su irresponsabilidad. Los educadores no serían, según la H. Corte Constitucional, colaboradores de los padres de familia como siempre se ha pensado, sino jueces de éstos en cuanto a la competencia para educar la sexualidad de sus hijos.

Maestros freudianos Hasta aquí el discurso argumentativo de la H. Corte Constitucional se limita a manipular textos de la Constitución del 91 demasiado conocidos para que puedan ser pasados por alto. La mañosa cautela de ese discurso alcanza su mayor logro al esquivar cualquier mención de la Iglesia Católica como si ésta no tuviera nada que ver en el asunto. Buenos lectores de El Quijote saben que no es nada agradable toparse con la Iglesia . Para ellos cuentan para todo los expertos mientras que no cuentan para nada los pastores de la Iglesia . Sin embargo, como en la adivinanza de blanco es, gallina lo pone... , el verdadero e innominado interlocutor de estos maestros freudianos de sexualidad aparece en expresiones que a nadie más se le pueden aplicar que a quienes han venido dirigiendo la educación pública en materias de moralidad sexual. Dice, en efecto, la sentencia de la Corte Constitucional: Ciertos tipos de interferencias, incomprensiones, falsificaciones, y represiones, provenientes de la sociedad y de las instancias socializadoras del individuo padres, escuela, coetáneos, medios de comunicación, etc, aparte de incidir en muchos casos de manera negativa y por lo demás intrusiva en los ámbitos de la intimidad, generan neurosis y disfuncionalidades que inhiben o trastornan el libre y sano desarrollo de la personalidad. A este mismo resultado suele conducir una equivocada y subyugante representación social de la sexualidad, que sin título alguno de legitimidad, el grupo social proyecta sobre el individuo, y que éste termina por interiorizar como propia pese a negar su misma subjetividad .

En este párrafo, para no citar otros, los padres de familia son alineados en pie de igualdad con la escuela, los medios de comunicación, etc como responsables de las interferencias, incomprensiones, falsificaciones y represiones . Además de incluirlos entre quienes inciden en muchos casos de manera negativa y por lo demás intrusiva en ámbitos de la intimidad, generando neurosis y disfuncionalidad etc, etc . Están entre esas instancias socializadoras que sin ningún título de legitimidad (subrayado nuestro) el grupo social proyecta sobre el individuo, y que éste termina por interiorizar como propia . Además de juristas y constitucionalistas reconocidos, nuestros magistrados son, para sorpresa y beneficios de la ciudadanía, expertos sicoterapeutas en el campo de las neurosis por represión sexual.

El discurso de la sentencia no se limita a descalificar a los padres de familia: La escuela, institución socializadora por excelencia, por acción o abstención, refuerza distorsiones y deja de suplir los vacíos que en esta materia dejan los padres de familia . Además de sicoterapeutas, los H.H. Magistrados son educadores de los educadores. La educación sexual, que al ser obligatoria es sustraida de la autoridad de los padres de familia, no va a ser confiada, tampoco, así como así, a los irresponsables educadores que hoy están al frente de los colegios. El Gobierno tendrá buen cuidado, como lo tuvieron Mussolini, Stalin y Hitler, de meter a estos educadores en la formaleta de la sana doctrina.

La sabia sentencia nos deja una perplejidad. Todas estas distorsiones de la concepción de la sexualidad que Freud atribuyó al moralismo victoriano y que nuestra Corte se dispone a corregir, expresan la tendencia a reducir insensiblemente la esfera de la sexualidad y de la afectividad a una mera cosificación del mundo capitalista (subrayado nuestro). Manes de Stalin y de Fidel! La sentencia de la Corte Constitucional toma nota de que es necesario evaluar si al Estado le está permitido participar en la educación sexual y, en caso afirmativo, establecer en qué grado puede hacerlo .

Respeto a fueros De entrada, respondemos que el Estado está en el derecho y en el deber de intervenir en todo lo que atañe a los deberes, a los derechos y a las necesidades de la comunidad civil. Solamente que, no siendo la única instancia socializadora ni la única personería de terceros, sólo puede hacerlo respetando los fueros de otras instancias socializadoras y de otras personerías que la Constitución del 91 enumera por su importancia jerárquica como la familia y la sociedad. Lo menos que ha de hacer el Estado colombiano para ajustarse a la Constitución es observar un efectivo pluralismo que no desconozca y que ni siquiera ponga por debajo de él los fueros de la familia y de la sociedad. Es necesario dejar sentado que la educación sexual, en cuanto educación para un sentido de la vida, es privativa de la familia. El Estado puede indudablemente intervenir en cuestiones que atañen a la vida sexual como es el caso de las enfermedades venéreas, pero en ningún caso para poner su poder coercitivo en favor de una hipótesis determinada sobre la sexualidad que es lo que han hecho la Corte Constitucional y el derecho del presidente Gaviria.

La educación tiene por objeto la transmisión de los mayores a los menores de un sentido de la vida y de una identidad social. Es por eso por lo que el sentido común, la civilidad y la propia doctrina constitucional reservan para los padres de familia y, en su ausencia, a alguna de las instancias de la sociedad el derecho prioritario a transmitir modos de entender la vida y de vivirla que han dado la identidad social a una familia, o reservan al Estado la transmisión de modos de pensar y de vivir que le han dado su identidad a la Nación.

Hasta ahora nadie ha puesto en discusión, ni aún los librepensadores colombianos, que la moralidad sexual católica ha contribuido a la formación de una identidad nacional, considerando que las formas de vida que no se ajustan a esa moral se dan como marginales. Aun el divorcio vincular, que es desaprobado por la moral católica, busca legitimarse como relación estable y monogámica, a semejanza del matrimonio católico con la salvedad de que no es indisoluble. Decimos esto sin pretender que la moral sexual católica haya sido la única que ha contribuido a formar la identidad nacional y menos que deba ser la única con derecho a ser ofrecida a los colombianos.

La educación puede orientar a los hombres desde su niñez a no tener relaciones promiscuas, tal como lo ha venido haciendo tradicionalmente la educación cristiana. No puede tener objeto, a menos que haya la intención de sustituir la moral cristiana por otra, que aún no ha sido formulada, enseñar a tener higiénicamente relaciones promiscuas. Sólo si falla la educación moral cristiana y se presentan las consecuencias inevitables de la promiscuidad tiene lugar la intervención del Estado pero ya no para educar sino para instruir sobre la profilaxis de las enfermedades venéreas y para reglamentar las profesiones que comercian con la promiscuidad. En materia de educación sexual no hay lugar para el gobierno.

Revolcón promiscuo Educar para una promiscuidad higiénica es educar para la promiscuidad, es imprimirle un giro copernicano, un revolcón estilo Gaviria, a la manera de pensar y de vivir que ha sido propia de la identidad de las familias colombianas y de la misma nacionalidad. Son muchos los colombianos que lo están sintiendo así como lo muestran varias acciones de tutela contra el decreto presidencial mencionado.

Un decreto que imponga como obligatoria la transmisión de un saber supone como requisito previo que se trate de un saber científico o técnico, pues solamente este tipo de saber es objetivamente transmisible, como lo son la escritura, la lectura, las matemáticas y las demás ciencias. Es posible instruir acerca de métodos anticonceptivos o acerca del condón porque se trata de tecnologías, pero transformar tal instrucción en educación sexual es intervenir en la vida de los menores para introducir en ella un sentido de la vida distinto al que ha sido optado por sus familias y la nación colombiana. Aún aceptando que existe una ciencia de la sexualidad (anatomía, fisiología de los sistemas reproductivos del hombre y de la mujer), no se justifica, como lo anota el columnista Pangloss que se imponga como obligatoria la transmisión de esa ciencia a toda la población escolar. Tales conocimientos son obligatorios solamente para quienes estudian la medicina.

La tradición judeo-cristiana, que incuestionablemente ha tenido mucho que ver en la formación de la identidad nacional, viene enseñando desde hace 30 siglos que la sexualidad humana es una realidad fundamentalmente distinta de la sexualidad de los animales; una realidad que no puede ser abordada con la desenvoltura con que son abordadas las demás realidades concernientes al hombre. Esa realidad es materia inflamable o explosiva a la que es preciso abordar tomando especiales precauciones. A su manera, aunque para sacar distintas conclusiones, lo reconoce la sentencia de la Corte Constitucional cuando anota que la educación sexual no tiene un equivalente en los modelos convencionales de aprendizaje . Es una realidad misteriosa o, si se prefiere, es una realidad tabú. Si un gobierno, aprovechando su poder coercitivo, decide imprimirle un revolcón a esa tradición, debe saber que se busca un problema de más difícil manejo que otros que lo están desbordando como la subversión guerrillera, la corrupción administrativa, la drogadicción y el narcotráfico. Está desafiando el derecho a la privacidad que es, sin duda, uno de los derechos fundamentales de la persona humana.

La privacidad es inherente a la vida sexual como lo demuestra el hecho universal de que las personas humanas protegen sus genitales de la curiosidad de otras personas mediante el vestido, a menos que por libre decisión quieran entregar a otros su desnudez.

La educación es la introducción en la vida de las personas de un ordenamiento de sus impulsos sexuales de acuerdo con determinado sentido de la vida. El punto en cuestión es si el Estado, cuya función es crear coercivitamente un orden en la población de un país, tiene o no la posibilidad de introducir coercitivamente el orden, o la soberanía de la persona sobre sus instintos sexuales igual que se introduce orden en el tránsito de una ciudad. Si no tuviera ese poder, no tendría tampoco el derecho a imponer con la obligatoriedad de una ley un tipo determinado de educación sexual. El asunto exige clarificar los derechos y deberes del Estado, en cuanto personero de la soberanía política, sobre las personas humanas sabiendo que la persona humana es a su vez una soberanía.

Revancha laicista La constitución colombiana del 91, en una audacia que, a nuestro juicio, no ha sido debidamente valorada, introdujo entre los deberes del Estado, bajo el título de derechos fundamentales de la persona , la obligación de defender la soberanía de la persona humana, soberanía que, según la filosofía personalista de J. Maritain y de E. Mounier, es superior a la del Estado.

En una audacia, decimos porque con ello el Constituyente colombiano obliga al Estado a reconocer una razón tan obligante, cuando menos, como la razón de Estado. No nos corresponde predecir si la Constitución del 91 ha puesto sobre las espaldas del Estado colombiano una obligación intrínsecamente incumplible, pues la razón de Estado dejaría de ser lo que ha sido y de prestarle al Gobierno los servicios que le ha prestado. La Constitución del 91 reconoce que en el horizonte de la vida civil existe una razón ante la que ha de inclinarse la razón de Estado. Esto significa reconocer una soberanía civil distinta a la del Estado, con el agravante de que la única razón para haber establecido esta nueva soberanía civil es proteger a las personas individuales y a la comunidad misma contra los abusos de poder que han sido y son inseparables de la razón de Estado.

La tradición judeo-cristiana ha recogido una realidad que desborda a este grupo cultural hasta confundirse con la humanidad. La desnudez humana, a diferencia de la animal, suscita vergenza en quien la padece mientras provoca el deseo de quienes la observan. Es eso lo que hace que el estudio de la desnudez humana se constituya en material inflamable, en explosivo, en misterio o en tabú. Hacer de los sistemas reproductores del ser humano y de las dinámicas del erotismo objeto de una exploración obligatoria, asimilándola a uno de tantos saberes que el Estado debe promover, es hacer obligatoriamente visible y nombrable esa desnudez que la humanidad entera ha convenido por consenso implícito en mantener oculta. En cuanto desafío es una insensatez comparable a que el Estado estableciera como obligatoria la educación para la subversión guerrillera, para el consumo de drogas alucinógenas o para el tráfico de las mismas. Lo único pensable es que el gobierno del presidente Gaviria ha sido infiltrado por un duende anarquista.

El problema que suscita la educación sexual obligatoria no puede quedar en el punto en que ha quedado con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pues sería la afirmación de una soberanía a expensas de la otra. Sería la afirmación del totalitarismo de Estado. Ya el contenido de la sentencia es de un talente totalitario, pues no se limita a negar lo solicitado por los demandantes del decreto. En sus consideraciones se extralimitan del ámbito jurídico al calificar la gestión de los demandantes como simple necesidad de mantener a ultranza unas convicciones religiosas .

La sentencia de la Corte Constitucional que inspira la de la Corte Suprema de Justicia traspira el mismo espíritu de revancha laicista contra la hegemonía clerical que inspiró el desconocimiento por esta Corte de 17 artículos del Concordato vigente entre la Santa Sede y el Gobierno colombiano. Este asunto es demasiado serio para encerrarlo en los estrechos límites del viejo conflicto de poderes entre el clericalismo y el laicismo. Son conflictos que tocan los dilemas de civilización o barbarie, totalitarismo o democracia, tolerancia o intolerancia, respeto al hombre o violencia contra el hombre.

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