CHOQUE ENTRE FISCALÍA Y EJÉRCITO

CHOQUE ENTRE FISCALÍA Y EJÉRCITO

El llamamiento a indagatoria al comandante de la V Brigada, general Fernando Millán, por su presunta participación en la conformación de grupos paramilitares, generó un nuevo choque entre la justicia ordinaria y la penal militar.

21 de agosto 1998 , 12:00 a. m.

La Fiscalía argumenta que el delito por el que se investiga a Millán es de su competencia porque no es un acto del servicio y el Comando del Ejército sostiene que el caso es del resorte de la penal militar porque el delito habría sido cometido por un miembro de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con sus funciones.

Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos citó al general Millán para que se presentara ante su despacho, en compañía de un abogado, el pasado 5 de agosto y así realizar la diligencia de indagatoria.

El general Millán y el entonces comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, pidieron a la Fiscalía aplazar la diligencia por la delicada situación de orden público del país.

El fiscal del caso aceptó posponer la diligencia. Sin embargo, cinco días más tarde, la situación de orden público no cambió. Lo que si cambió fue la posición del general Galán, quien alegó un conflicto de competencias.

El argumento del general Galán fue que los delitos en que habría incurrido el general Millán habrían sido cometidos como miembro de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con sus funciones, por lo tanto la investigación le correspondería asumirla a la justicia penal militar.

La respuesta de la Fiscalía no se hizo esperar. En una enérgica carta de seis puntos, el vicefiscal general de la Nación, Jaime Córdoba Triviño, asegura que la conducta que se le investiga al general Millán no tiene que ver directamente con la función constitucional de la Fuerza Pública y, así las cosas, el conocimiento del proceso corresponde a la justicia ordinaria.

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación rechaza la argumentación del Comando General del Ejército e insistirá ante el Consejo Superior de la Judicatura en su competencia para conocer de la investigación, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, según la cual esa clase de delitos no están amparados por el fuero militar , dijo el Vicefiscal.

La Convivir...

La conformación de una Convivir en Lebrija (Santander) que finalmente se convirtió en un grupo paramilitar fue el eje de la investigación contra el general Fernando Millán.

Nueve de los integrantes del grupo paramilitar fueron capturados el año pasado. Varios de ellos declararon a la Fiscalía que el general Millán y el coronel Ramírez, también llamado a indagatoria, les proveían apoyo y les asignaban tareas específicas contra los grupos subversivos y la delincuencia común.

El general ha rechazado las sindicaciones y ha dicho que su participación se limitó a asesorar a un grupo de ganaderos y gentes de bien para organizar la protección de sus bienes a través de una Convivir que él mismo ayudó a tramitar.

El general Millán aportó a los investigadores copia de la resolución 5564 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, a través de la cual se habría otorgado licencia transitoria a la Convivir cuyo nombre fue Las Colonas .

Una inspección judicial realizada a la Superintendencia llevaron a la Fiscalía a la conclusión de que dicha licencia transitoria nunca existió y que, en consecuencia, el documento presentado por Millán sería apócrifo.

El vicefiscal Jaime Córdoba dijo ayer que insistirá ante la Justicia Penal Militar en el envío inmediato de todos los procesos que en igualdad de circunstancias compete tramitar a la justicia ordinaria.

No es la primera vez que la Fiscalía y la justicia militar se disputan la investigación de procesos contra miembros de las Fuerzas Armadas.

El Consejo Superior de la Judicatura, encargado de definir estos conflictos ya se ha pronunciado en varios ocasiones sobre el tema. El año pasado, por ejemplo, estableció que los secuestros, torturas, asesinatos y violaciones no son actos del servicio y no están amparados por el fuero militar.

A su vez, a principios de este año definió que los excesos cometidos por los militares en retenes, como ocurrió en Villeta, son competencia de la justicia penal militar.

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