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LA DESAPARICIÓN FORZADA

LA DESAPARICIÓN FORZADA

La cifra es sencillamente terrorífica. Por un lado, cada cuarenta y ocho horas desaparece en Colombia una persona, un ciudadano, de manera forzada; y por otro, son nulos los resultados oficiales que logren establecer el paradero o permitan la recuperación de los desaparecidos, ni mucho menos la captura de los autores de este delito atroz. Además, el Congreso de la República ha dilatado hasta lo inverosímil el estudio y aprobación de una ley que lo penalice con la mayor severidad posible.

La desaparición forzada de personas no la inventamos en Colombia. Esta modalidad del crimen político tuvo sus épocas de auge durante la dictadura del general Pinochet en Chile, y de las dictaduras argentinas que se sucedieron tras el golpe contra la presidenta Isabel Perón. Todavía las Madres de la Plaza de Mayo es decir, las madres de los argentinos desaparecidos, hombres y mujeres desfilan por esa histórica plaza de Buenos Aires para exigir justicia y recordar los nombres de los seres queridos víctimas de la desaparición forzosa.

La diferencia es que estos crímenes se cometieron en Chile y en Argentina cuando en dichas naciones mandaban férreas y sanguinarias tiranías. No es el caso de Colombia y no cabe explicación racional al hecho de que en plena democracia sucedan semejantes barbaridades, cobijadas en una casi total impunidad.

Es indiscutible que hay una falla grave de toda gravedad en las autoridades que, en un régimen democrático, están obligadas a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. De acuerdo con las declaraciones a este diario, familiares y personas cercanas a los desaparecidos no sólo deben vivir la angustia terrible ante la incertidumbre por la suerte de seres amados. Muchas veces enfrentan también las amenazas que los perpetradores de la desaparición les hacen si se atreven a denunciar, a exigir acción a la Justicia, o a iniciarla ellos mismos en busca de sus familiares perdidos.

En concepto de la Defensoría del Pueblo, muchos sujetos pasivos de la desaparición son sometidos a tortura y ejecución extrajudicial y en casi todos los casos son enterrados en fosas comunes, lo que hace casi imposible establecer qué pasó con ellos .

En el mundo de hoy, y no solo en Colombia, al finalizar el siglo XX, se cometen crímenes inimaginables; pero lo que ha convertido a nuestro país en una nación al borde de ser colocada en cuarentena, es la interminable continuidad de una o de varias organizaciones criminales en la comisión de crímenes políticos como la desaparición forzada. La impunidad con que operan ha generado en el resto del mundo la sospecha de que las autoridades colombianas o no se interesan en combatir estos delitos, o son impotentes para hacerlo, o son cómplices y esta es la creencia más extendida, como lo ha escrito el Washington Post en un informe que ha suscitado una airada respuesta del ministro de Defensa.

Sin embargo, no son respuestas airadas lo que puede limpiar la imagen de Colombia frente el mundo, ni lavar las manchas abominables que nos cubren como país violador de los derechos humanos y promotor de la impunidad. Es urgente una acción demoledora del Estado para desbaratar y ponerles fin a las organizaciones delincuenciales que están detrás de la desaparición forzada; es urgente que el Congreso no dilate más la aprobación de la ley que penalice con máxima dureza el horrendo delito, pues sin esta ley no es mucho lo que pueden hacer las autoridades de Policía para combatirlo con absoluta eficacia. Ni la ciudadanía debe permanecer indiferente al dolor de los que hoy claman por la devolución de sus familiares.

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