INDULTO TOTAL

INDULTO TOTAL

Sobre los delitos internacionales, la jurisdicción para su investigación y juzgamiento es universal. Es decir, los presuntos responsables de la comisión de uno de tales delitos pueden ser juzgados, con independencia de su nacionalidad y del lugar donde se cometió el delito, por cualquiera Estado. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son típicos delitos internacionales.

27 de septiembre 1998 , 12:00 a.m.

Por su crueldad, que ofende hondamente la dignidad humana, la ejecución de estos crímenes constituye una violación gravísima de las normas del derecho internacional imperativo. En consecuencia, estos crímenes no son prescriptibles. En otras palabras, pueden ser perseguidos siempre y en cualquier tiempo. La captura y juzgamiento de ancianos nazis responsables de estos delitos, más de cincuenta años después de la finalización de la II Guerra Mundial, es prueba de ello.

Fue para erradicar del todo la eventual impunidad de estos delitos por lo que en Roma, este año, se aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional y con él, la competencia para juzgar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, y el crimen de agresión, sin importar si se cometen en conflictos internacionales o en internos.

El derecho internacional es contundente al sostener que los responsables de estos crímenes atroces no pueden ser beneficiados con el indulto o la amnistía, sea cual fuere la calificación de tales conductas por el derecho constitucional y penal interno de los Estados.

Por su parte, es indudable que nuestra Constitución solo faculta el indulto y la amnistía de delitos políticos y que expresamente establece que dichos beneficios no podrán extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima. La Ley 418 de 1997, por su parte, agrega a esa lista los actos atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo, el secuestro y los genocidios. Hoy, cualquier ley o decreto del Gobierno que pretendiera tal indulto sería inconstitucional.

Para evitar estas restricciones, el Ministerio del Interior se ha visto tentado a proponer una reforma constitucional que permita la amnistía o el indulto de los crímenes atroces cometidos por los guerrilleros.

Por todo lo expuesto, la aplicación de tal reforma llevaría al Estado colombiano a violar el derecho internacional. Estos tratados, por estar dirigidos a proteger la dignidad de la persona humana, en general no son susceptibles de denuncia. Tampoco puede el Estado colombiano efectuar reservas sobre las normas pertinentes de dichos tratados.

Sin embargo, podría suceder que, a pesar de la prohibición internacional, el Estado colombiano decide indultar o amnistiar a los responsables de estos crímenes. En tal caso, un Estado cualquiera o la comunidad internacional en su conjunto podrían, en cualquier momento y en cualquier lugar, capturar y juzgar a los colombianos indultados o amnistiados. Actuales e inolvidables ejemplos son el juicio contra los criminales de lesa humanidad, amnistiados e indultados en la Argentina, que está tramitando el juez Garzón en España, y los juicios de los tribunales internacionales contra criminales de guerra de la ex Yugoslavia y de Ruanda. También sería posible en un futuro que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevara a tales criminales a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y ello aun cuando Colombia no ratificara la competencia de la Corte.

Es posible sostener que la paz pasa por el perdón y el olvido. Es cierto: los colombianos debemos estar dispuestos con generosidad a perdonar y olvidar, siempre que conozcamos los hechos y a sus responsables. Pero otra cosa es el derecho: allí, la justicia ordena que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no queden impunes y que se repare a los afectados.

Y aun si se excluyeran estos crímenes del indulto, todavía es posible hacerle reparos serios a la propuesta. Primero, porque constituye un error estratégico mostrar todas las cartas, de entrada y sin empezar la negociación, a una guerrilla que no ha dado ni una sola muestra real de voluntad de paz.

Segundo, porque si no se quiere fomentar la impunidad y la violencia misma, el indulto debe ser el resultado del proceso de paz y no su inicio, más aún si se pretende negociar en medio del conflicto .

Tercero, porque reafirma la que parece ser la tendencia del proceso: un Estado que todo lo concede sin obtener nada a cambio y una guerrilla que impone siempre sus condiciones.

Cuarto, porque se renuncia a un elemento fundamental para presionar la humanización del conflicto: la sanción penal de las violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Finalmente, porque para no cometer discriminaciones injustas y para asegurar la paz, el indulto tendría necesariamente que cobijar también a los miembros de la Fuerza Pública (sería inaceptable desde todo punto de vista que se indultara a quienes combatieron al Estado y no a quienes se han jugado la vida defendiéndolo) y a las autodefensas.

* Consultor internacional en seguridad y defensa, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Profesor de las universidades Javeriana, de la Sabana y Cesa.

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