MADRES COMUNITARIAS, SIN AMPARO

MADRES COMUNITARIAS, SIN AMPARO

Después de haber mantenido durante siete años un hogar infantil en su propia casa, en donde cuidaba los niños de sus vecinas y conocidas, un día sin previo aviso Carolina Mena recibió una nota en la que se le decía que ya no podría seguir cumpliendo con su labor en el sector de Cabi

10 de julio 1998 , 12:00 a. m.

del barrio Niño Jesús, en Quibdó (Chocó).

Hemos encontrado que ya cumplió la edad máxima (55 años) para ser madre comunitaria , afirmaba el escrito enviado por la Asociación de Padres del Bienestar. También se le dijo que habían detectado que su vivienda no tenía los requisitos mínimos para atender a los niños y que desde ese momento, el hogar tendría que ser cerrado. Ella acudió a la tutela.

La Corte Constitucional acaba de fallar el recurso a favor de Carolina Mena y determinó que las puertas de su casa tendrán que ser abiertas de nuevo a los niños, mientras que ella tiene la oportunidad de presentar su defensa.

Sin embargo, la corporación determinó que las madres comunitarias no son empleadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), pues no tienen una relación laboral.

Esta decisión provocó el rechazo de tres magistrados de la corporación. Según José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz, la Corte se quedó corta en su defensa de estas mujeres porque les ha negado una serie de contraprestaciones a las que tienen derecho por su trabajo, como un salario mínimo, unas prestaciones sociales, vacaciones, etc. Así lo expresaron en un salvamento de voto.

En criterio de los tres magistrados, las madres comunitarias se encuentran en una situación de discriminación frente a los otros trabajadores del país.

Para los tres juristas, con esta decisión los derechos de las madres comunitarias quedaron sin defensa, pues se negó una realidad: que entre ellas y el Icbf sí existe una relación de trabajo.

En su opinión, el hecho de que las madres comunitarias cumplan un horario, estén sometidas a las instrucciones del Bienestar, reciban una remuneración periódica y presten un servicio constante, hace claro que ellas son trabajadoras y tienen los mismos derechos que cualquier otra.

La Corporación ha convertido en teórico, por lo menos en cuanto a este tema, el mandato del artículo 25 de la Constitución, según el cual, el trabajo goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado , concluyeron los magistrados Hernández, Martínez y Gaviria. Una tesis diferente tienen los otros seis magistrados que apoyaron la sentencia, proyectada por el jurista Hernando Herrera Vergara.

Adelina Covo, directora del Icbf, apoyó anoche el fallo. Dijo que es muy importante la tesis de la Corte, según la cual la relación de las madres comunitarias con ese organismo es civil y no laboral. Precisó que las madres cumplen una labor comunitaria como representantes de una localidad en favor de los niños.

Debido proceso Carolina Mena empezó a ser madre comunitaria en enero de 1990, cuando fue lanzado el programa a nivel nacional por el Icbf. El Instituto le pidió que se hiciera cargo de 15 niños en su casa en el sector de Cabi del barrio Niño Jesús, en Quibdó.

Hasta enero de 1997, Mena atendió a los menores, entre las ocho de la mañana y la una de la tarde, sin que se hubiera presentado ninguna queja ni se le hubiera llamado la atención, pero de un momento a otro le llegó la carta de la Asociación de Padres del Bienestar, de su barrio, que le puso fin a su actividad.

Sus quejas ante la dirección zonal del Instituto fueron inútiles. Fue entonces cuando presentó la tutela, que acaba de ser decidida por la Corte.

El alto tribunal manifestó que aunque no se podía considerar violado el derecho al trabajo, a la señora Mena no se le había dado la oportunidad de defenderse o de subsanar las posibles irregularidades que pudiera haber en su hogar.

Para la Corte es evidente que, de acuerdo con las visitas realizadas por funcionarios del Icbf, se detectan una serie de deficiencias en el hogar comunitario, que se encuentran comprendidas dentro de las causales de cierre definitivo del mismo.

Empero, como quiera que no se observó un término que le permita subsanar las irregularidades encontradas, se deduce el quebrantamiento del debido proceso , manifestó la corporación.

PIE DE FOTO: Las madres de los hogares comunitarios no son trabajadoras del Icbf, de modo que no pueden exigir ser tratadas como cualquiera de sus empleados, dijo la Corte.

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