ACABEMOS CON LA CORRUPCIÓN, NO CON EL 8.000

ACABEMOS CON LA CORRUPCIÓN, NO CON EL 8.000

El ministro de Justicia, Parmenio Cuéllar Bastidas, es enemigo de que el Congreso expida leyes que puedan favorecer a los dirigentes políticos procesados por la justicia por sus nexos con la mafia.

19 de agosto 1998 , 12:00 a. m.

En entrevista con EL TIEMPO, Cuéllar advierte: La sociedad lo que está reclamando es todo lo contrario, no el punto final del proceso 8.000 sino el punto final de la corrupción .

Asegura que el trato privilegiado en la reclusión de los presos del 8.000 puede violar el derecho a la igualdad de otros reclusos. Cuéllar ex congresista, abogado y economista anuncia que su prioridad será la de enfrentar la crisis carcelaria.

La situación en las cárceles es una de las graves crisis del país. Qué se propone hacer en el tema carcelario? Es el tema más importante en este momento. La situación de hacinamiento que viven las cárceles del país y aun la propia violación de los derechos humanos que allí existe hace que el Gobierno no pueda permitir que esta situación continúe de manera indefinida. Lo grave es la carencia de recursos que tiene el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este año prácticamente están agotados y por eso hemos creado una comisión intergubernamental con participación de organizaciones de la sociedad civil y estamos diseñando una programación para, antes de un mes, empezar a ejecutar unas propuestas en torno al tema carcelario.

A través de comisiones? Sí. Hemos integrado tres comisiones. Una va a realizar una revisión integral de la legislación sobre cárceles. El Fiscal General presentó al Congreso un Código Penitenciario y Carcelario y esa comisión se va a ocupar del estudio de ese tema porque en el Código deben quedar ya las pautas de lo que debe ser la política carcelaria.

En la otra comisión vamos a convocar a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, al Bienestar Familiar y a todas las organizaciones que tienen que ver con la cárcel para diseñar una política frente a la cárcel. El problema no es solamente del Inpec ni siquiera del Ministerio de Justicia sino también de la sociedad.

Por lo mismo la tercera comisión tiene por objeto convocar a la sociedad civil a hacer una especie de proceso de paz entre la cárcel y la sociedad. La cárcel no puede seguir siendo mirada con la indiferencia que se ha visto. La violencia por parte de la delincuencia común es mayor que la que produce la propia guerrilla, por lo mismo la sociedad tiene que concientizarse de que el problema de la cárcel es de toda la sociedad, que rebasa las posibilidades del propio Estado, que la cárcel es un producto de la sociedad, y por tanto ella tiene que contribuir aun económicamente.

Nuestra propuesta es la de pedirles a los empresarios que nos ayuden también a resolver el problema carcelario. Tenemos la propuesta de la humanización de las cárceles que no pueden seguir siendo un permanente foco de delincuencia, donde no hay posibilidades de resocialización que hasta el momento no se ha podido cumplir tal como lo manda el actual Código Penitenciario.

Es una especie de bono para que los empresarios apoyen el mejoramiento de las cárceles? La propuesta es presentar un proyecto para incorporarlo al Plan Nacional de Desarrollo que tenga relación con la política carcelaria durante los próximos cuatro años. El objetivo es que se haga partícipe a la cárcel de los ingresos obtenidos a través de los bonos de paz.

La paz hay que hacerla también con la población carcelaria. El gran problema de la cárcel es el siguiente: durante los últimos años el Estado ha permitido un proceso continuo de erosión social que no ha querido mitigar y resolver con el Código Penal. En los tres primeros años del gobierno Samper la pobreza aumentó 10 puntos, del 46 al 56; el desempleo aumentó y esa situación social necesariamente tiene que generar mayor delincuencia.

Si el Estado resuelve esa problemática con el Código Penal llena las cárceles con personas que terminan en el delito como fruto de una situación generada por la mala administración.

Lo primero que hay que hacer es contener esa erosión. De nada nos serviría una buena legislación y política criminal y carcelaria si no se detiene ese proceso. He dicho que la mejor política criminal es una buena política económica y social. Si el proceso de erosión social continúa, esto no tiene ninguna solución.

En cuánto tiempo se podría acabar con el hacinamiento carcelario? Se considera que en julio la población carcelaria era de 42.500 presos, y, de acuerdo con el Inpec, el hacinamiento era del 30 por ciento porque la capacidad carcelaria es más o menos para 32.000 internos. Pero creo que el hacinamiento es del 50 por ciento porque esos 32.000 ya no viven en condiciones en las cuales se pueda hacer el proceso de resocialización. Lo que sucede es que se han rehabilitado las instalaciones locativas de las cárceles para esos 32 mil, pero esas cárceles no tienen capacidad para hacer una política seria sino para más o menos 20 ó 22 mil reclusos.

El problema no se puede resolver en un corto tiempo. Los proyectos en marcha buscan aumentar la capacidad en dos mil nuevos cupos. Se trata de 10 módulos para 200 internos cada uno que es una propuesta que está para definir y proceder a contratar. El otro es el de la cárcel de Valledupar que sería para habilitar 800 nuevos cupos.

Pero ni siquiera con esto empezamos a resolver definitivamente el problema. Tenemos que abrir la posibilidad siquiera de contratar la ampliación locativa para unos cinco mil nuevos cupos.

Por qué no es partidario del sistema de concesión para la construcción de nuevas cárceles? No es que no sea partidario. En la situación en que estamos no queda otro camino. El Inpec no tiene recursos para hacer directamente las construcciones carcelarias y está obligada a buscar está vía de la concesión. Encontramos que es viable, pero tenemos que buscar que sea lo menos onerosa desde el punto de vista financiero. En Valledupar la cárcel cuesta 27.000 millones de pesos y en 10 años eso termina en un valor aproximado de 165.000 millones.

El problema no es solamente el hacinamiento, que es el más álgido, porque golpea la sensibilidad humana del país. Sólo basta con mirar el espectáculo dantesco de las cárceles. El problema es que necesitamos recursos para hacer la política de resocialización que se hace con sociólogos, con antropólogos, con toda una cantidad de profesionales y recursos con el objeto de mejorar las condiciones de vida de lo internos.

Por qué no pensar que las grandes empresas puedan instalar dentro de las cárceles fábricas o prolongaciones de sus establecimientos industriales que nos permitan producir en la cárcel en condiciones de competir con la producción ordinaria del país, pero eso no es inconveniente para que nosotros podamos pedir que los industriales prefieran la producción carcelaria.

En el Código actual existe una disposición que tiende a favorecer a los industriales que prefieran la mano de obra de personas que estuvieron en la cárcel, se autoriza al gobierno para crear incentivos tributarios a las empresas que ofrezcan trabajo a las personas que estuvieron en la cárcel.

Existen quejas sobre las condiciones en que se encuentran los presos comunes frente a los del 8.000. Qué hacer para corregir esta situación? Es una situación anómala que hay que resolver lo más pronto posible. Una cosa es tener en cuenta las condiciones de seguridad de las personas en el sentido de que tienen derecho a estar en condiciones que eviten cualquier atentado o situación que pueda perjudicarlos en su integridad física, y otra la de generar privilegios en favor de una persona. Eso puede estar conduciendo a que se viole la Constitución que establece el derecho a la igualdad.

No es un secreto que hay un grupo de parlamentarios que promueve una ley de perdón y olvido para los congresistas implicados en el proceso 8.000. La apoyaría? Ese proyecto de perdón y olvido se ha presentado varias veces en el Congreso y yo siempre me he opuesto. Pienso que no es conveniente para el país que una ley como esta se apruebe porque no tiene sentido. El perdón y el olvido ha sido una propuesta que pudo tener éxito relativo en otras partes como conclusión o punto final de un proceso en el cual ha habido situaciones tensas aun de violencia, casi que es como una amnistía.

Sin embargo, tratándose de delitos comunes la sociedad no entendería cómo el Estado perdona a quienes más obligaciones han tenido frente a la sociedad y castiga severamente a quienes no teniendo esa responsabilidad terminaron en la cárcel como fruto, en muchos casos, de situaciones que son resultados de una mala administración, de una mala política económica y social.

Creo que el país no recibiría bien una medida de esa naturaleza. Por el contrario, pienso que lo que hay que hacer es fortalecer la justicia, que investigue y sancione los delitos contra la administración pública, especialmente aquellos que tienen que ver con el peculado, el cohecho y la concusión.

He estado pensando en la posibilidad de que exista una jurisdicción especializada que investigue y sancione de manera rápida estas conductas. Eso se puede organizar dentro de la actual estructura que tiene la Fiscalía y la Rama Judicial.

La sociedad lo que está reclamando es todo lo contrario, no el punto final del proceso 8.000 sino el punto final de la corrupción. Lo que tenemos que acabar no es con la investigación y sanción de las conductas que dan lugar al 8.000 sino por el contrario acabar con las conductas en sí, no con la investigación.

Está de acuerdo con penas máximas de 40 años como lo propuso el Fiscal en el proyecto de reforma al Código Penal? He sido enemigo de las penas máximas, de las penas largas, porque soy partidario del concepto de resocialización. Lo digo con toda sinceridad, el Estado priva de la libertad a una persona no para hacerle retribuir su infracción, su daño, sino para resocializarlo. Sin embargo, pienso que las penas mayores hacen daño, son penas que no tienen la función resocializadora. Quien va a estar en la cárcel 30 años prácticamente no tiene la voluntad de resocializarse y el Estado prácticamente lo condena a morir en la cárcel. He pensado que las penas, para ser efectivas, no necesariamente tienen que ser largas. Condenar a una persona a morir en la cárcel para mí es una especie de pena de muerte.

Es partidario de una pena máxima de 24 años? Esa fue una pena que durante muchos años existió. En el Código del 36 los 24 años se convirtió en una pena que se consideró suficiente. Lo que pasa es que de ahí para acá pensamos como única política criminal el aumento de las penas. Siempre que un problema se nos volvía difícil pensábamos que la mejor manera de resolverlo era aumentando la pena para ese delito, y terminamos en los 60 años que está prohibida en la Constitución porque está prohibida la cadena perpetua y la pena de muerte.

Cuál es su posición frente a la iniciativa que busca penalizar la desaparición forzada y limitar el fuero militar en caso de violación de derechos humanos? Esa ha sido una lucha permanente. Siempre pensé que había que evitar que nuestras instituciones armadas pudieran en cualquier momento estar desacreditadas. Pienso que lo que más le conviene a las instituciones castrenses es que estos delitos se sancionen severamente y se investiguen imparcialmente. Por eso he visto con mucha simpatía el proyecto de Código Penal Militar, es un avance muy significativo frente a lo que existe actualmente, y creo que cuando el Estado está penalizando la desaparición forzada y todos los delitos de lesa humanidad como el genocidio, no está haciendo otra cosa que cumpliendo con compromisos internacionales.

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