La Fiscalía les dictó medida de aseguramiento consistente en conminación por el delito de peculado culposo. Es decir, los seis ex funcionarios deberán firmar un acta de compromiso con el fiscal del caso y no podrán salir del país sin previa autorización de las autoridades.
El proceso tiene que ver con el presunto manejo irregular, entre julio de 1996 y abril de 1997, de más de 43.000 millones de pesos, los cuales fueron depositados en entidades cooperativas a través de contratos fiduciarios. Este dinero no ha podido ser recuperado por el Inurbe.
De acuerdo con las investigaciones, Díaz Uribe representante del gobierno Samper y el ex alcalde Arias delegado por la Federación Nacional de Alcaldes tuvieron responsabilidad en la supuesta utilización anómala de los dineros públicos y se les sindica, por ello, de incurrir en el delito de peculado culposo.
La decisión de la Fiscalía también afecta a Marco Alirio Cortés Torres, ex alcalde de Barbosa; Alberto Maldonado Copello, ex jefe de la Unidad de Política Regional y Urbana de Planeación Nacional; José Alejandro Florián Borbón, director ejecutivo de Fedevivienda y Hernán Mesa, representante de Construyamos.
En el mismo proceso, el fiscal sindicó a Edgar Stand Ospina, ex subgerente administrativo y financiero del Inurbe, como presunto responsable de peculado por apropiación en favor de terceros.
Además, la Fiscalía se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra Ana Betulia Guzmán, tesorera encargada del Inurbe y directora del grupo fiduciario de la entidad.
Ordenes de captura Otros dos ex funcionarios del Inurbe, implicados en el caso, huyen de la justicia desde finales del año pasado.
Se trata de Armando Ricardo Félix Moncaleano Monroy, ex gerente general y de Armando Caicedo Caicedo, ex subgerente administrativo.
Ambos deben responder por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado.
Moncaleano y Caicedo también son objeto de una investigación formal que les abrió la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.
En concepto de la Procuraduría, salta de bulto el comportamiento peculador de los funcionarios y de los encargados de las fiducias y hasta de las cooperativas y agrega que las actuaciones de Moncaleano y Caicedo con los recursos del Estado daban la sensación de un festín para feriar los dineros públicos.
Armando Moncaleano debió renunciar en medio de regaños del entonces ministro de Desarrollo, Orlando Cabrales, y Armando Caicedo fue declarado insubsistente.
