NO HAY QUIEN AVALE AL VICEPRESIDENTE

NO HAY QUIEN AVALE AL VICEPRESIDENTE

A tres días de expirar el plazo que tienen Ernesto Samper y Andrés Pastrana para inscribir sus fórmulas, el Consejo de Estado se declaró incompetente para estudiar y avalar las calidades de los aspirantes a la Vicepresidencia de la República. El pronunciamiento del alto tribunal no acalló, sin embargo, una polémica sobre la interpretación de una norma constitucional que inhabilitaría a ministros y a gobernadores, entre otros altos funcionarios del Estado, para aspirar a esa dignidad.

16 de marzo 1994 , 12:00 a. m.

Mientras tanto, crecía la baraja de posibles vicepresidentes. Por los lados de Samper se mencionaban los nombres de María Emma Mejía, Pedro Gómez Barrero y Carlos Holmes Trujillo. Por los de Pastrana, los de Noemí Sanín, Fabio Echeverri y Francisco Posada de la Peña.

Expectativa por vicepresidentes Mientras Ernesto Samper y Andrés Pastrana proseguían ayer intensos contactos en busca de sus fórmulas para Vicepresidencia de la República, el Consejo de Estado dijo que no era competente para avalar las calidades de los aspirantes a esa dignidad.

El pronunciamiento del alto tribunal atizó aún más la polémica que ya se da en medios políticos y jurídicos sobre el régimen de inhabilidades aplicables al Vicepresidente.

El tema resulta interesante pues los candidatos a la Jefatura del Estado tienen plazo hasta el viernes para inscribir sus respectivas fórmulas y porque, según las previsiones de los analistas, los nombres de sus compañeros de aspiración serán decisivos para inclinar la balanza en la reñida disputa por el solio de Bolívar.

En primer término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal concluyó que sólo está facultada legalmente para certificar, ante la organización electoral, el cumplimiento de los requisitos de los candidatos a la Presidencia de la República.

En criterio de los magistrados, la Ley Electoral (Ley 84 de 1993) no definió cuál es el organismo autorizado para verificar el lleno de las calidades constitucionales de quienes deseen acceder a la Vicepresidencia.

Así lo dijo el Consejo de Estado al abstenerse de resolver una petición presentada por Silvino Yate Félix, quien pidió, en representación de la Alianza Nacional Indígena, el certificado para inscribir su candidatura a esa dignidad ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A raíz de esta decisión, el Consejo Nacional Electoral deberá buscar una fórmula para reglamentar y determinar la manera como vigila el cumplimiento de los requisitos a la Vicepresidencia , explicó un magistrado a EL TIEMPO.

Según expertos consultados ayer, si el problema fuese solo de calidades, ya estaría resuelto, ya que la Constitución dice en su artúculo 204 que para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente.

Estas calidades son simplemente las de ser colombiano y tener más de 30 años.

No obstante, las dificultades surgirían si se considera que las inhabilidades del Vicepresidente serían las mismas del Presidente.

En este caso, si se aplicara por analogía el artículo 197 de la Constitución, no podría ser elegido Vicepresidente quien un año antes de la elección haya ejercido los cargos de magistrado de cualquiera de altas cortes, o de Ministro del Despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General, Fiscal General, Registrador Nacional del Estado Civil, director de Departamento Administrativo o Alcalde Mayor de Bogotá.

Si esa fórmula se acogiera, la canciller Noemí Sanín o el gobernador de Antioquia, Juan Gómez que han sonado hasta hoy no podrían ser candidatos a la Vicepresidencia en fórmula con Andrés Pastrana.

Los embajadores no estarían inhabilitados y, por ende, Ernesto Samper sí podría optar, por ejemplo, por María Emma Mejía, como se ha insinuado en medios políticos.

No obstante, los expertos hicieron ver que estas son simples conjeturas porque existe un vacío legislativo en cuanto que ninguna norma dice hasta hoy, de manera expresa, cuáles serían las inhabilidades del que aspire a la Vicepresidencia.

Nuevos avales Entre tanto, el Consejo de Estado, con ponencia del jurista Jaime Betancur Cuartas, expidió los respectivos certificados sobre calidades para aspirante a la Presidencia a los candidatos Andrés Pastrana Arango y Gabriel Melo.

A juicio de la corporación, Pastrana y Melo cumplen con los requisitos fijados en el artículo 191 de la Carta Política para intentar acceder a la Primera Magistratura.

El mismo certificado lo recibirán, entre otros, los aspirantes Edgar Alberto González Lara, Jorge Guillermo Barbosa Millán, Carlos Solarte Acosta, José María Córdoba, Efraín Torres Plazas y Miguel Alfredo Maza Márquez.

También, Oscar Rojas Masso, Luis Eduardo Rodríguez Orjuela, Regina Betancourt de Liska, José Galat, José de Armas Pinto, Luis Alberto Arias Peláez y Guillermo Alemán.

LOS POSIBLES De Samper Pedro Gómez Barrero, actual tesorero del Partido Liberal, empresario constructor, ex embajador en Venezuela y miembro de la Comisión de Vecindad con ese país.

María Emma Mejía: embajadora en España; ex consejera presidencial para Medellín y el Valle de Aburrá; ex directora de Focine.

Carlos Holmes Trujillo García, ex ministro de Educación y ex constituyente. Actualmente orienta los Grupos de Participación de la campaña samperista.

Fuad Char, actual senador y dueño de la más alta votación durante la elección del 13 de marzo. Empresario barranquillero, dueño de la cadena de supermercados Olímpica.

Cecilia López: ex directora del Seguro Social; investigadora de Fedesarrollo y actual asesora de organismos internacionales en temas económicos.

De Pastrana Fabio Echeverri: ex presidente de la Asociación Nacional de Industriales. Experto en análisis económicos. Colaboró con la campaña de Carlos Lemos. Noemí Sanin: actual Ministra de Relaciones Exteriores; ex ministra de Comunicaciones.

Francisco Posada de la Peña: ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y ex asesor del Grupo Santodomingo.

María Eugenia Rojas de Moreno: varias veces candidata a la Presidencia por la Anapo; ex directora del Instituto de Crédito Territorial.

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