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EN CALI, LA VIOLENCIA SIGUE ARMADA

Los cortejos fúnebres de dos de las muertes más repudiadas en Cali en los últimos días partieron ayer del mismo sitio. Las caravanas de dolor del cantante Píper Pimienta y del campeón de bicicrós, William Jiménez, asesinados en hechos aislados, se encontraron en la misma funeraria por culpa de la violencia.

Redacción El Tiempo
Sus homicidios, ocurridos el pasado jueves, revivieron el temor de la comunidad al sicariato y a las muertes violentas originadas en atracos. Píper fue baleado por presuntos asesinos a sueldo; Jiménez, de 14 años, por tres jóvenes para robarle sus zapatillas.
Los crímenes se registraron al cumplirse el primer mes de aplicación de la norma de desarme decretada por la Alcaldía para prohibir el porte de armas de fuego, con o sin salvoconducto. La norma ha sido criticada por la Tercera Brigada del Ejército y por ciudadanos que se sienten indefensos ante la delincuencia.
Según la Personería, en mayo, cuando empezó a regir el desarme, ocurrieron 108 homicidios con arma de fuego, una reducción de 19 casos frente a mayo de 1997. Sin embargo, la cifra se incrementó con relación a abril de este mismo año.
Entre las muertes que ocurrieron en vigencia del desarme figura el asesinato del periodista Bernabé Cortés, el pasado 19 de mayo. Aunque la Alcaldía dijo que hay órdenes de captura por este hecho, hasta el momento no hay detenidos.
Cortés, que cubría la información judicial en el noticiero regional de televisión CVN, fue asesinado por sicarios. La Fiscalía dijo que las investigaciones podrían contribuir a detectar la existencia de una escuela de sicarios en el departamento.
Y el narcotráfico?
El comandante de la Policía del Valle, coronel Alfonso Rueda Celis, dijo que no podía corroborar que existan este tipo de organizaciones delincuenciales. No obstante, reconoció el incremento del sicariato ante el resurgimiento del narcotráfico en algunas zonas.
También un empresario de Cali, vinculado a comités de estudios de la violencia, dijo que el narcotráfico registra una especie de resurgimiento en la ciudad y señaló que la Policía es consciente de la situación, aunque no lo acepte abiertamente para evitar el deterioro de la imagen de la capital del Valle.
No queremos aceptar que el narcotráfico está vivito y coleando, pese a que se encarceló a algunos capos. Esto contribuye a mantener fenómenos de violencia y no debemos taparlos con el cuento de proteger la imagen , dijo el empresario, que pidió la reserva de su identidad.
No fue posible obtener la posición de la Policía Metropolitana ante esta afirmación. EL TIEMPO intentó hablar con el general Jaime Alberto Cadavid, comandante local de la Institución,ero sus asistentes dijeron que se encontraba en una reunión.
El alcalde Ricardo Cobo, que trabaja por recuperar la buena imagen de la ciudad luego de la lucha contra el cartel, dijo que los asesinatos de Píper y de Jiménez son resultado de la descomposición social del país.
Aquí le pegan a uno un tiro por quitarle una gorra. Aquí se manda a matar por deporte, una vida vale cincuenta mil pesos. Esa gente no le teme a Dios, no le teme a nada , dijo Cobo.
Señaló que la respuesta para enfrentar la violencia debe surgir de la comunidad porque el Estado no puede asignar un policía para cada ciudadano. Además, aseguró que la ley de desarme ha disminuido los homicidios y que está decidido a establecer la ley zanahoria como medida de prevención contra la violencia.
La fiscal seccional, Inés Palta, considera que la ley de desarme tiene sus pro y sus contra, pero prefiere no tomar partido.
Oscar Echeverry, director de la Comisión de Convivencia Ciudadana, está de acuerdo con la permanencia de la norma y recomienda empezar a hablar de control de las armas en vez de desarme. Para Echeverri es prematuro hablar de si hubo o no impacto positivo durante el primer mes de aplicación de la norma. Sin embargo, en mayo la Policía decomisó 1.083 armas con o sin salvoconducto, una suma superior a las incautadas en todo el año pasado , aseguró.
La Comisión recomienda entablar un espacio de discusión con el Ejército, la Policía, la Alcaldía y centros de investigación para hacer un análisis riguroso del problema y establecer una política seria de control de armas de fuego, que podría servir de modelo al resto del país.
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