REBELDES TIENDEN A DIVIDIRSE

REBELDES TIENDEN A DIVIDIRSE

Los 65 parlamentarios que desafiaron la competencia de la Corte Suprema de Justicia para investigarlos por la absolución del presidente Ernesto Samper enfrentan un dilema que tiende a dividirlos: acudir o no al llamado a indagatoria hecho por el máximo tribunal de justicia ordinaria?

06 de julio 1998 , 12:00 a. m.

Pese a que el pasado jueves los 65 parlamentarios emitieron un comunicado en el que anunciaban una posición unánime respecto a los procedimientos a seguir frente a la decisión del alto tribunal, hay un sector del mismo grupo que no comparte del todo la postura adoptada por la mayoría de legisladores.

En ese sentido, según lo expresó uno de los parlamentarios que asistió al encuentro de la semana pasada y que pidió reserva de su nombre, existe un grupo de cerca de 20 representantes, encabezados por Carlos Alonso Lucio y Martha Catalina Daniels, que plantea, incluso, la posibilidad de no acudir a las citaciones de la Corte Suprema.

Sin embargo, hay un sector que plantea la necesidad de acudir a los estrados de la Corte Suprema y explicar, con base en argumentos jurídicos, la decisión que adoptó durante el juicio al presidente Samper.

Este sector es encabezado por la senadora electa Vivianne Morales, quien asegura que por tal motivo no se puede plantear que el pronunciamiento del pasado jueves sea un desacato a la decisión del alto tribunal (ver entrevista).

Choque de trenes Con todo, otro representante que también pidió reserva de su identidad aseguró ayer que lo más probable es que, ante el respaldo dado a la Corte Suprema por parte de las otras cortes, la Fiscalía y la Procuraduría, se diluya la teoría de que esto es un enfrentamiento entre instituciones o choque de trenes .

La razón: la Corte Suprema ha dejado en claro que cada uno de los congresistas deberá responder de manera personal por su actuación durante el juicio en junio de 1996 al jefe del Estado.

La gente en la medida en que vea que ese planteamiento no tuvo eco, asumirá personalmente su defensa , dijo el congresista.

En ese sentido ya se han manifestado los representantes Yolima Espinosa y Julio Bahamón, entre otros.

Sin embargo, el grupo de parlamentarios designó ya un pool de abogados que manejará el caso y el cual está conformado por el ex magistrado de la Corte Suprema Edgar Saavedra defensor de Carlos Alonso Lucio, Jorge Arango Mejía ex miembro de la Corte Constitucional, Yesid Reyes hijo del ex magistrado Alfonso Reyes Echandía, así como por Ovidio Zapata y Orlando Ramírez.

Los parlamentarios estudian la posibilidad de contratar los servicios de otro abogado. Cada congresista según lo acordado el pasado jueves en su reunión aportará un millón de pesos para su defensa.

Los congresistas y abogados se reunirán de nuevo este martes a las 10 de la mañana en las instalaciones del Congreso a fin de determinar si fijan una posición conjunta frente al proceso penal o por el contrario cada uno maneja su expediente.

A este encuentro, se prevé que asistirá un número mayor de representantes, pues varios de los que se encontraban fuera del país en vacaciones tenían previsto regresar al país este fin de semana.

Representates actuaron como jueces En su condición de jueces, los representantes a la Cámara que realizaron el juicio al presidente Ernesto Samper estaban obligados a aplicar la legislación penal colombiana a la hora de dictar su decisión.

Al fin y al cabo, según el catedrático Vicente Noguera Paz, los congresistas analizaban en junio de 1996 si el primer mandatario incurrió o no en una responsabilidad penal a propósito de la financiación de su campaña presidencial.

En consecuencia tenían la obligación de aplicar el artículo 230 de la Constitución que de una manera clara y perentoria establece: Los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley .

Y agregó: Los representantes tenían que aplicar las normas del procedimiento penal y concretamente al artículo 234 del ritual, que ordena que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica .

Para Noguera, los congresistas no tuvieron en cuenta el artículo 186 de la Carta que faculta y obliga a la Corte Suprema de Justicia para conocer en forma privativa de los delitos que cometan los congresistas. Es increíble que ahora manifiesten que la Corte no tiene competencia para juzgarlos , precisa.

Además no tuvieron en cuenta los parlamentarios el art. 230 de la Constitución. Y tampoco tuvieron en cuenta el inciso segundo, según el cual la jurisprudencia y los principios generales son criterios auxiliares y por esta razón nuestra Corte Suprema de Justicia los puede investigar , concluyó.

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