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8.000 TAMBIÉN RONDA EL NUEVO CONGRESO

El nuevo Congreso de la República no ha sido ajeno a las investigaciones del proceso 8.000.

En menos de dos semanas la Fiscalía Regional de Bogotá ha entregado a la Corte Suprema de Justicia documentos que comprometen a dos parlamentarias vallecaucanas en la recepción de dineros de la mafia.
Ayer, la Fiscalía pidió a la Corte investigar a la senadora liberal María del Socorro Bustamante por incurrir presuntamente en el delito de enriquecimiento ilícito.
Por lo menos tres cheques, por cerca de 30 millones de pesos girados por el cartel de Cali en 1991 y que llegaron a las cuentas de la senadora, son las principales pruebas con que cuenta la justicia para sindicarla de enriquecimiento ilícito en particulares.
El girador es Jairo Aparicio, el mismo que entregó al ex ministro Alvaro Leyva Durán, prófugo de la justicia, un cheque de la mafia por 49 millones de pesos en 1994.
La Fiscalía ordenó hace un año la captura de Jairo Aparicio quien tendrá que responder en juicio por enriquecimiento ilícito.
La senadora Bustamante ha estado en las Comisión Séptima y de Etica, tanto en la Cámara como en el Senado.
Ocupó la presidencia de la Comisión Séptima del Senado desde donde participó en debates sobre el funcionamiento de entidades como el Ministerio de Trabajo, el Sena, el Inurbe y el Bienestar Familiar.
Votó de manera positiva por la retroactividad sin límite durante el debate de la ley de Extinción de dominio y a favor de la extradición sin retroactividad.
El pasado 2 de agosto la Fiscalía había pidió investigar a la Corte Suprema a la representante liberal del Valle Clementina Vélez.
La Fiscalía envió a la Sala Penal siete cheques por 15 millones de pesos que le fueron girados por el Cartel entre 1991 y 1992.
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