$ 50.000 MILLONES A LAS URNAS

$ 50.000 MILLONES A LAS URNAS

Si cada colombiano tuviera que pagar las elecciones de este año, tendría que sacar de su bolsillo unos 2.400 pesos. Hasta hoy, los 251 cabezas de lista al Senado, 628 a la Cámara de representantes y los siete precandidatos presidenciales del liberalismo se han gastado alrededor de 50.000 millones de pesos, incluyendo los 12.000 millones de pesos que le cuesta al Gobierno la jornada electoral.

13 de marzo 1994 , 12:00 a.m.

En la campaña, los aspirantes al Senado y la Cámara invirtieron cerca de 35.000 millones de pesos, de los cuales, la mitad se gastó en publicidad de radio, prensa, vallas, carteles, murales y volantes.

El resto de los costos corresponde a arrendamiento de sedes, transporte y hotel, pago de nómina, papelería, alquiler de vehículos, asesoría profesional y manejo de imagen, entre otros gastos.

Pese a que el Gobierno estableció un gasto máximo de 100 millones de pesos por cada campaña a Senado o Cámara, en promedio, los aspirantes a cualquiera de las dos corporaciones sólo invirtieron alrededor de 40 millones de pesos.

Sin embargo, fueron muy pocos los candidatos que llegaron al tope de gastos fijado por el Gobiero, mientras que la gran mayoría estuvieron en niveles de 20 y 50 millones de pesos.

Los menores costos se registraron entre quienes aspiran a representar a las regiones apartadas, debido a que no necesitan de muchos votos, y, además, los costos de la publicidad son mucho menores.

El costo promedio de elegir a cada senador o representante a la Cámara asciende a 150 millones de pesos.

Gasto del Gobierno El proceso electoral del presente año le costará al país cerca de 80 mil millones de pesos, cifra que permitirá elegir a 265 congresistas, un presidente de la República, 33 gobernadores, 500 diputados, 1.030 alcaldes, 200 ediles locales en Bogotá y alrededor de once mil concejales.

Según la Registraduría Nacional, cada proceso electoral le cuesta al Estado cerca de 12 mil millones de pesos. Es decir, que las cuatro jornadas electoles le costarán al Gobierno 48 mil millones.

El resto de los costos se deriva de los gastos que ocasionan la movilización de personal supernumerario, una prima electoral que se paga a los funcionarios de la entidad, todo el proceso de sistematización, equipos de multimedia, materiales electorales (tarjetones, cubículos, formularios), procesamiento de datos y el transporte aéreo, terrestre y fluvial tanto de papelería como de los delegados de la Registraduría, entre otros.

Para llevar a cabo las elecciones de hoy, donde se escogerán 102 senadores y 163 Representantes, el Estado ha invertido 12.200 millones de pesos, cifra que supera en 4.000 millones a la registrada en el debate electoral de hace dos años, cuando se gastaron 8.739 millones de pesos.

El incremento en los costos obedece principalmente al alza registrada en los rubros de transporte, procesamiento de datos y publicidad.

Mientras en la última elección se destinaron 500 millones de pesos para la movilización de material electoral (tarjetones, formularios y listados, entre otros servicios a diferentes zonas del país, en esta ocasión, tales gastos llegan a 1.500 millones de pesos.

Solamente en el municipio de Tumaco existen 145 inspecciones de Policía; hasta allá tenemos que desplazar a nuestros funcionarios, así sea en lanchas, a pie o a caballo , explica Alfonso Cuevas, director administrativo de la Registraduría.

De igual forma, de los 600 millones de pesos invertidos en publicidad para promover las elecciones al Congreso de 1992, se pasó a 2.000 millones de pesos hoy. Hemos hecho un gran esfuerzo en la parte de inducción para que la gente sepa manejar la tarjeta electoral , afirma Cuevas.

Según los cálculos elaborados por quienes tienen la responsabilidad de los comicios de 1994, la elección más barata sigue siendo la presidencial, cuyo costo se estima en 8 mil millones de pesos.

En caso de que haya necesidad de adelantar una segunda ronda presidencial, la cifra sería similar, pues el número de personas que deben trabajar, la impresión de un nuevo tarjetón y el transporte de delegados y funcionarios se mantiene.

La elección menos costosa, relativamente, es la que se llevará a cabo en el mes de octubre, cuando se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y juntas administradoras locales.

Consulta costosa Los gastos operativos de la consulta liberal son asumidos por el Estado.

La Registraduría facilitará las urnas adicionales que se requieren para seleccionar al candidato único de esa colectividad a la Presidencia, los formularios electorales, el procesamiento de la información y el personal de apoyo y logístico que requiere el proceso.

Cálculos de la Registraduría indican que la consulta del liberalismo tendría un costo cercano a los 2.000 millones de pesos para el Estado. Eso sin contar la elaboración del tarjetón con el nombre y la fotografía de los siete precandidatos, y los dineros invertidos por ellos en sus campañas.

En el caso de la consulta no hay límite jurídico para invertir la suma que se desee. Sin embargo, los precandidatos establecieron topes morales , voluntarios, con el propósito de no desbordar los costos de sus campañas.

Incluso, algunos de los aspirantes crearon una auditoría interna, con el propósito de identificar la procedencia de los dineros aportados por particulares. Es más, hubo casos en que se rechazaron auxilios por considerar que provenían de actividades ilícitas o de personas de dudosa reputación.

Uno de los factores que influyó para la toma de esta decisión, es el hecho de que el Gobierno no dispuso de apoyo económico para los precandidatos, lo que indica que la totalidad del dinero invertido se convierte en gasto no reembolsable.

La única ayuda que recibieron los siete participantes en la consulta liberal es un aporte único de 12 millones de pesos para cada precandidato, hecho por la Dirección Nacional Liberal. En total, el partido desembolsó 84 millones de pesos.

De acuerdo con la información suministrada por los tesoreros de las campañas, en promedio, los precandidatos invirtieron 250 millones de pesos, principalmente en publicidad, transporte, arrendamiento de locales, pago de nómina y gastos varios.

La casi totalidad de estos recursos fueron aportados por empresarios, dirigentes políticos regionales y locales y amigos de los precandidatos. Sin embargo, algunos de los aspirantes liberales tuvieron acceso al crédito bancario, gracias al respaldo ofrecido por industriales o clientes de los bancos, que adhirieron a las campañas.

Los siete precandidatos liberales generaron empleo permanente para unas 100 personas durante el tiempo que duró la campaña, y de hoy en adelante sólo quedarán los que trabajen con el ganador. Por lo general, la planta de personal estuvo conformada por profesionales asesores económicos y de imagen, secretarias, mensajeros y conductores, entre otros.

Costo al Senado Los 251 cabezas de lista que hoy aspiran al Senado de la República invirtieron alrededor de 20.000 millones de pesos en sus campañas.

De ellos, 149 perderán parte de su plata, pues las curules sólo alcanzan para 102 senadores. El Gobierno les reconoce 700 pesos por cada voto que obtengan (500 pesos por voto y 200 por transporte).

Los costos de la campaña oscilan entre 30 y 100 millones de pesos por lista, pero la mayoría de los candidatos invirtieron más de 50 millones de pesos en la promoción de sus nombres y de sus propuestas.

Aunque cada cual realizó la campaña a su manera, aproximadamente 10.000 millones de pesos se invirtieron en publicidad de radio, prensa, afiches y vallas, únicamente entre quienes inscribieron sus nombres para el Senado.

Otro 25 por ciento, es decir, unos 7.500 millones de pesos, se gastaron en transporte y hotel. El 25 por ciento restante corresponde a los gastos de pago de personal, papelería, arrendamiento de sedes, alquiler de vehículos y contratación de servicios varios.

El costo de la campaña política de los aspirantes al Senado varía considerablemente entre un candidato y otro.

La Ley Electoral fijó un tope de 100 millones de pesos como límite máximo de gasto para los candidatos al Congreso de la República, pero realmente muy pocos utilizaron la totalidad del cupo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos no incluyen en sus costos los aportes en especie hechos por los amigos de sus campañas.

En promedio, cada candidato al Senado contrató a cuatro personas para atender sus sedes políticas, lo que indica que entre los 251 apirantes generaron más o menos 1.000 empleos durante los últimos dos meses. Sin embargo, esta cifra puede ser mucho más alta si se tiene en cuenta que algunas campañas se iniciaron desde noviembre del año pasado.

De acuerdo con la información suministrada por los directivos de las campañas, la mayoría de los recursos fueron aportados por el sector privado y los propios candidatos. Algunos realizaron actividades como bazares, almuerzos y conferencias académicas.

Con algunas excepciones, los candidatos no tuvieron acceso al crédito bancario, pues el sector financiero considera que ésta es una actividad de alto riesgo.

Cámara, menos plata Aunque el límite de gasto máximo para la campaña de los candidatos a la Cámara también fue de 100 millones de pesos, éstos sólo invirtieron en promedio 25 millones.

Sin embargo, debido al mayor número de aspirantes (628), el costo total de la campaña para esta corporación supera los 15.000 millones de pesos.

La distribución de los gastos para los candidatos a la Cámara es similar a la del Senado. Es decir, el 50 por ciento en publicidad de radio y prensa, vallas, carteles y volantes. El resto se invierte en transporte, hotel, pago de personal, papelería, arrendamiento de sedes, alquiler de vehículos y contratación de servicios varios.

Los aspirantes a la Cámara también redujeron costos en cuanto a la contratación de personal. En este caso, el promedio nacional fue de dos personas por cada campaña; es decir, que entre los 628 candidatos generaron empleo para unas 1.200 personas en los últimos meses.

Las diferencias de costos entre las distintas campañas de los congresistas son considerables, pues mientras algunos candidatos sólo invirtieron un mínimo de cinco millones, otros llegaron al tope de los 100 millones fijado por el Gobierno.

Es más, en Bogotá hay casos en los cuales el segundo renglón de una lista a la Cámara invirtió hasta 15 millones de pesos por la promoción de su movimiento.

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