CAP, INVOLUCRADO EN EL CASO BANLATINO

CAP, INVOLUCRADO EN EL CASO BANLATINO

El nuevo gobierno venezolano investiga un presunto espionaje telefónico, tanto del Palacio presidencial de Miraflores, las oficinas del intervenido Banco Latino y las oficinas del destituido ex presidente Carlos Andrés Pérez, informó el viceministro del Interior, Raúl Domínguez. El matutino caraqueño El Globo, citando fuentes vinculadas al Palacio de Miraflores, informó que la inteligencia militar logró desmontar el sistema que conectaba el salón del consejo de ministros de Miraflores, la Torre de las Delicias, donde funcionan las oficinas de Pérez, y el Ministerio de Defensa.

13 de marzo 1994 , 12:00 a.m.

La tercera conexión de este sistema, según denuncias de prensa, operaba en la sede del Banco Latino.

Según El Globo, la red operó hasta hace poco, grabando incluso reuniones del gabinete del nuevo presidente Rafael Caldera, que asumió el poder el pasado 2 de febrero, y encuentros del mandatario con algunas personalidades en su despacho.

El despacho del Interior está realizando las investigaciones de esa situación , declaró el viceministro Domínguez al término de una ceremonia oficial en el Panteón Nacional, a la que asistió el presidente Caldera.

El matutino indicó que sus fuentes confirmaron que el ex ministro de Defensa vicealmirante Radamés Muñoz, que viajó a Estados Unidos con el entonces presidente del Banco Latino, Gustavo Gómez López, planeaba ejecutar un golpe de estado el 3 de diciembre de 1993, dos días antes de las elecciones que ganó Caldera.

Washington advirtió entonces sobre la posibilidad de un embargo comercial a Caracas si se desataba un intento desestabilizador, recuerdan analistas.

Muñoz, según El Globo, desmontó el operativo ante la falta de apoyo de Washington cuando efectuó los contactos personalmente.

Después, el fin de semana anterior a su toma de mando, Caldera relevó a toda la alta jerarquía militar, en demostración que acabó con los rumores golpistas.

Antes, el 14 de enero, el gobierno saliente del ex presidente interino Ramón J. Velásquez, que operó siete meses tras la suspensión de Pérez, decretó la intervención del Banco Latino por iliquidez luego de una espectacular retirada de sus depositantes por más de 500 millones de dólares.

Para entonces, las operaciones fuera de balance de sus administradores superaban los 800 millones de dólares, y las autoridades estiman que las pérdidas podrían superar los tres mil millones de dólares.

El banco, en el que el poderoso Grupo Cisneros tiene minoritaria participación accionaria, fue dirigido en la década del 80 por el extinto banquero Pedro Tinoco, que fue presidente del emisor Banco Central de Venezuela (BCV) durante más de tres años en el gobierno de Pérez.

Pérez, que abandonó el poder envuelto en una nube de acusaciones de corrupción, fue suspendido y destituido por el Congreso el año pasado al enfrentar cargos de la Corte Suprema de Justicia por presunta malversación y peculado de fondos secretos del Estado.

El destituido ex presidente socialdemócrata viajó a principios de la semana pasada fuera del país, en medio de críticas de congresistas por estar pendiente la sentencia sobre su caso, que debe proferir el máximo tribunal de justicia.

La caída La caída del Latino resquebrajó todo el sistema financiero venezolano, ampliamente favorecido durante la gestión de Pérez, al extenderse los retiros a otros bancos. El Estado auxilia a otras seis instituciones.

La propia presidenta del BCV, Ruth de Krivoy, fue acusada de irregularidades, omisión y ocultamiento de información sobre el estado del Latino por los diputados obreristas Pablo Medina y Carlos Melo.

Krivoy refutó los cargos y pidió a la Fiscalía una investigación penal sobre las denuncias en su contra, que calificó de todas falsas y malintencionadas , y sobre todo alertó sobre las consecuencias que tendrían suspicacias y ninguna credibilidad hacia instituciones como el BCV.

La jueza que manejó el caso del Latino, Diamora Ramírez, declinó su competencia en el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, considerando que la presidenta del Fondo de Garantías y Depósitos (Fogade), Esperanza Martinó, y otros organismos están presuntamente incursos en delitos contra la cosa pública.

Fogade es la entidad del Estado que vela por los depósitos y auxilia a los bancos en problemas, y el propio presidente Caldera pidió hace semanas la renuncia de Martinó, cuyo alejamiento debe ser decidido por el Senado.

La jueza Ramírez dictó 82 autos de detención a directivos y funcionarios del Latino, cuyos casos, sugirió, deben ser abordados por salvaguarda para que no se divida la continencia de la causa .

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