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PERDIDOS EN COLOMBIA

PERDIDOS EN COLOMBIA

La acción de la sociedad civil colombiana en términos de justicia se caracteriza por la posibilidad de las ONG para promover y defender intereses públicos y colectivos.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
22 de febrero 2001 , 12:00 a. m.

La acción de la sociedad civil colombiana en términos de justicia se caracteriza por la posibilidad de las ONG para promover y defender intereses públicos y colectivos.

Bajo esta perspectiva, el bien común es ahora producto de la acción combinada de Estado y las ONG, pues su interacción permite el crecimiento de la participación ciudadana y la democratización de los procesos estatales.

En este caso, la fortaleza de la sociedad civil está dada por su capacidad para crear un clima que fomente la participación ciudadana para definir y controlar asuntos públicos.

A lo largo de la última década se ha venido dando una importante discusión alrededor de la participación activa de la sociedad civil frente al tema de justicia.

Esta creciente intervención de los ciudadanos en temas de total competencia del Estado, como son la regulación, la defensa y la sanción de las interacciones ciudadanas, no es novedosa en el ámbito internacional, pero no deja de ser especial para el caso colombiano.

El aparato de justicia de un país define en gran medida la operatividad del sistema político en general y de las instituciones, cumpliendo labores de regulación y sanción necesarias para el funcionamiento ordenado y el desarrollo social, económico y político de la nación.

Si éste se percibe como ineficiente, débil y carente de credibilidad, incentiva transacciones ilegales por parte del Estado y de la ciudadanía, perjudicando el nivel de desarrollo social y económico de un país.

La participación de la sociedad civil para influir sobre los aspectos mencionados se ha destacado en campos importantes como la promoción de la transparencia a través de veedurías ciudadanas desde diversas ONG; la participación en la administración de justicia por medio de figuras como el arbitraje y la conciliación a través, principalmente, de las cámaras de comercio; la investigación en temas de justicia comunitaria; y, específicamente en el caso de la CEJ, el impulso de reformas e iniciativas legislativas que aporten herramientas definitivas para la descongestión de las jurisdicciones civil y penal.

La principal enseñanza que deja hasta el momento la participación de la sociedad civil en la justicia es que existen áreas específicas con iniciativas ciudadanas que de ser tomadas en cuenta en las agendas públicas, redundarán en beneficios sociales sustantivos, logrando así pasos más largos y fuertes en el camino de un desarrollo humano sostenible.

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