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CÓMO INVERTIRÁ EL GOBIERNO EN URABÁ

CÓMO INVERTIRÁ EL GOBIERNO EN URABÁ

Con la aprobación de una millonaria inversión para la región de Urabá (132 mil millones de pesos), el Gobierno central, en asocio con entidades nacionales, departamentales y municipales, se propone aliviar las deficiencias que padece esta poblada y conflictiva zona del país. El plan se ejecutará entre 1993 y 1994 y contempla, entre otros aspectos, ampliar la cobertura de acueducto y alcantarillado, mejorar la infraestructura y dotación de la educación y la salud en los municipios y fortalecer la justicia.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
12 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

Con este plan, que será coordinado por el consejero presidencial para Urabá, también se beneficiarán municipios de Córdoba y Chocó.

Tal como se había anunciado, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó un plan de inversiones para Urabá por unos 132.000 millones de pesos.

El documento del Conpes, que fue conocido por EL TIEMPO, está dividido en tres partes: diagnóstico, plan de inversiones (ver cuadros) y algunas recomendaciones que hace el Departamento Nacional de Planeación (DNP) al Gobierno y a departamentos y municipios.

De acuerdo con las cifras del documento, el Urabá antioqueño tiene cerca de 370.000 habitantes, gran parte producto de migraciones de la Costa Atlántica, que se han concentrado en la parte norte de esta región, atraídas especialmente por la posibilidad de conseguir empleo en las fincas bananeras.

Dice el documento que el incremento del empleo y del ingreso privado ha ocasionado una gran migración, sobre todo en la zona urbana de Apartadó, donde en cada uno de los últimos tres años la tasa de crecimiento de la población urbana alcanzó el 10 por ciento .

Los municipios de la zona bananera tienen un producto interno bruto per cápita 53 por ciento más alto que el promedio nacional. El elevado nivel de ingreso en el área central no concuerda con la inversión en infraestructura social y servicios por parte del sector privado y del Estado , añade.

La cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras municipales es del 63 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 82 por ciento. Y la cobertura de alcantarillado es del 30 por ciento (en el país es del 50 por ciento).

A esto hay que sumarle el crecimiento de la agricultura comercial y de la población urbana que ha estado acompañado, dice el documento, de enfrentamientos laborales y disputas por la tierra y el servicio urbano. El entrelazamiento de la violencia armada afirma, característica de la mayoría de las zonas de frontera, y las disputas propiamente urbanas, constituyen la especificidad del conflicto de Urabá .

En materia de salud el panorama no es mejor. Pese a que la región cuenta con 12 hospitales, 16 centros asistenciales y 42 puestos de salud, no existe una red de emergencias que permita pasar de un nivel de atención a otro superior.

Por otra parte, el 30 por ciento de las viviendas no dispone de conexión de energía y cerca del 90 por ciento carece del servicio de teléfonos.

Ante tal situación, el Gobierno, junto con las administraciones departamentales y municipales, el Plan Nacional de Rehabilitación, el Incora, Findeter y otras entidades oficiales y no gubernamentales, se propone fortalecer el sistema de justicia, incrementar la infraestructura social, física y de servicios y propiciar un aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Se crearán unidades de Fiscalía, comisarías de familia, notarías y cárceles. (Ver cuadro sobre inversión en justicia.) Asimismo, se ampliará la cobertura de acueducto y alcantarillado, se construirán viviendas para cerca de 4.000 familias, se ampliarán hospitales y se crearán nuevos puestos de atención médica. Por otra parte, se ejecutará un plan de construcción de aulas escolares de secundaria. (Ver cuadro sobre inversión social.) También incluye el plan la finalización de la carretera al mar y otras vías de los tres departamentos.

Este plan de inversiones beneficiará, igualmente, a municipios de los departamentos de Córdoba (Valencia, Los Córdobas, Tierralta, Canelete y Puerto Escondido) y Chocó (Riosucio, Acandí y Unguía).

Según las acciones que se requieren para llevar a cabo estas inversiones, el Departamento Nacional de Planeación solicitará a instituciones de los niveles central, regional y local colaboración para sacar adelante los proyectos. El plan de inversiones contempla lo que resta de 1993 y 1994. EL RETO DE LA JUSTICIA En el Urabá antioqueño funcionan dos circuitos judiciales con un total de 15 despachos, de los cuales seis son unidades de fiscalía. No hay agentes del DAS.

El documento Conpes contempla la designación de un comisionado del Ministerio de Justicia que desarrollará las siguientes acciones: diseñar un plan que incluye la creación de una Fiscalía Regional y aumentar el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía.

Tiene además que poner en funcionamiento una casa de Justicia y Conciliación, que será también la sede del Procurador Delegado y del Defensor del Pueblo; coordinar con las gobernaciones y las alcaldías, lo relativo a la difusión de las normas de conciliación, capacitación de inspectores y personeros; la creación de comisarías de familia y poner en marcha centros de conciliación.

El DAS instalará un puesto operativo en Apartadó con por lo menos 50 investigadores. (RECUADROS MAC)

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