ADMITEN DEMANDA CONTRA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

ADMITEN DEMANDA CONTRA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

El Consejo de Estado imprimió ayer un nuevo rumbo al proceso iniciado con miras a lograr la nulidad del pliego de condiciones de la licitación (0045 de 1993) de la telefonía móvil celular en el país. En una sorpresiva decisión, la corporación dejó atrás los argumentos esgrimidos en enero pasado en torno a la legislación bajo la cual se debe evaluar la solidez jurídica de la licitación de este servicio y decidió admitir una demanda en su contra.

11 de marzo 1994 , 12:00 a. m.

Al no encontrar mérito, los consejeros de Estado, sin embargo, se abstuvieron de decretar la suspensión provisional de la disposición que fija las reglas de juego para acceder a la telefonía, adoptada por el Gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones.

Así lo decidió ayer la Sección Tercera al evacuar un recurso de súplica ordinario presentado por el jurista Antonio José de Irisarri contra una decisión adoptada, el pasado 17 de enero, en sala unitaria por el magistrado Carlos Betancur Jaramillo.

Sobre ponencia del magistrado Juan de Dios Montes Hernández, el Consejo de Estado estimó que, en principio, el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio constituye un acto administrativo que es susceptible de demandas de acción pública.

En criterio de la corporación, el pliego de condiciones de la licitación se puede evaluar bajo el régimen anterior al nuevo Estatuto de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993).

Esto es, observó al apartarse de la posición anterior de la corporación en esta materia, con base en la Ley 37 de 1993, a través de la cual se consagraron las reglas de juego sobre este servicio en el territorio nacional.

Así, concluyó el Consejo de Estado, los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de los servicios de telecomunicaciones de que trata la Ley 37 de 1993, serán aplicados a las disposiciones relativas a adjudicación del servicio.

Por consiguiente, señala la decisión no es que el de la telefonía celular no sea un servicio de telecomunicaciones, sino que, pese a serlo, está regulado por una disposición especial (la Ley 37), cuya vigencia se mantiene por la expresa determinación de la Ley 80 de 1993 .

Así, dijo la corporación, el trámite de licitación pública de este servicio se regirá con base en los procedimientos del Decretoley 222 de 1993 (normas relativas a contratación).

Como se trata de una norma especial que hace remisión expresa al Decreto 222, son los procedimientos en él indicados y no los de la Ley 80, los que resultaban aplicables hasta el 1o. de enero de 1994 , señaló.

El pronunciamiento constituye el epílogo de un proceso iniciado el 24 de noviembre de 1993, cuando el abogado Irisarri interpuso la demanda ante la Sección Tercera de la corporación.

En una primera decisión, el magistrado Julio César Uribe Acosta se declaró impedido en diciembre de 1993 para conocer del negocio por enemistad con el demandante. Así, el proceso pasó al jurista Betancur Jaramillo, quien el 17 de enero inadmitió la demanda contra el pliego de condiciones de la licitación de la telefonía.

De otro lado, la Sección Tercera, sobre ponencia del magistrado Daniel Suárez, exoneró a la Nación de una condena por el accidente de un bus contra un búfalo el 10 de mayo de 1990 en comprensión municipal de El Playón (Santander).

En el hecho murieron tres personas y otras dos resultaron heridas. El Consejo, sin embargo, negó la demanda al advertir que el accidente se produjo por la conducción irresponsable del automotor.

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