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LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁEZ

LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁEZ

A través de esta columna intentaremos responder al doctor Caballero Argáez en torno a lo que él denomina un enredo tributario monumental , para referirse a la llamada Ley del río Páez : sucesivamente, el Decreto legislativo 1264 de 1994; la Ley 218 de 1995; y, a partir del 1o. de enero de 1998, la Ley 383 de 1997.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
22 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

Lo primero que ha de admitirse es que, en efecto, el enredo ha sido monumental y que hay mucho interesado en pescar en río revuelto. Colocado el asunto dentro de la terminología jurídica y particularmente en cuanto concierne a la interpretación y a la reglamentación del inciso final del párrafo del artículo 5o. de la Ley 218 de 1995, la situación, hoy por hoy, es como sigue: 1. En su momento algunos inversionistas interpretaron que la norma permitía tomar como descuento tributario el 100 por ciento del valor de la inversión, en el mismo ejercicio fiscal en el cual aquella fuera efectuada.

2. Tal interpretación condujo a que un altísimo número de inversionistas, al presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 1996 tomara como menor valor de su impuesto a pagar, el 100 por ciento de los valores invertidos en 1996.

3. La interpretación que de la norma hizo el Gobierno al reglamentarla, no obstante, fue la de considerar que el dicho descuento tributario tan solo podía tomarse en la vigencia fiscal siguiente a aquella durante la cual la inversión se efectuó.

4. Ante el Consejo de Estado y con la pretensión de obtener la anulación de tal interpretación reglamentaria, se presentaron dos demandas, resueltas uniformemente sobre este particular, la última de las cuales tuvo ocurrencia la semana anterior y además procediendo de la Sala Plena de la corporación, en las cuales se ratificó que, en efecto, el descuento tributario puede solicitarse, tan solo, en la vigencia fiscal siguiente a aquella en la cual la inversión se hubiera efectuado, habiendo de anotarse que en el último de los pronunciamientos el Consejo precisó que dicho descuento tendría un monto exactamente igual al valor de la inversión efectuada.

Hasta aquí el trámite ante el Consejo de Estado. Ante la Corte Constitucional, la situación ha tenido el siguiente desenvolvimiento, sin que, por otra parte y contrario a lo que dijera Portafolio en crónica del pasado 4 de diciembre, pueda esperarse de la Corte que eche atrás el fallo del Consejo de Estado .

1. Dio la Corte una primera aprobación a la norma y habiendo hecho tránsito a cosa juzgada , tras revisar el proyecto de ley que se convirtió en la Ley 218 de 1995. Lo hizo, impartiendo su aprobación, mediante sentencia C-407 de 1995.

2. Luego, mediante sentencia C-353 de 1997 (agosto 4) la Corte declaró la constitucionalidad, entre otros, del mismo artículo 5o. de la Ley 218 de 1995, que ahora nos ocupa, habiendo hecho dicho pronunciamiento también, tránsito a cosa juzgada , si bien advirtiendo la corporación pero sólo por las razones analizadas en la parte motiva de este fallo .

Dentro de las razones del fallo está el examen de lo atinente al principio de equidad, consagrado en el artículo 363 de la Carta, norma que en esta demanda no es materia de la acusación, pero en cualquier caso sí, del análisis de la Corte, como se desprende, por ejemplo de esta no única expresión de la sentencia en su parte motiva: Los distintos beneficios tributarios de la Ley 218 de 1995, responden a causas objetivas que sustentan su existencia y aplicación... .

3. Por último y siendo lo único judicialmente pendiente a este respecto, con fecha 10 de septiembre del presente año, cual patada de ahogado , se presentó una nueva demanda contra el artículo 5o. de la Ley 218 de 1995 (todo) por supuesta violación del principio de equidad consagrado, como quedó dicho, en el artículo 363 de la Carta, no obstante dicho principio haber sido, en su legitimidad constitucional, una de las razones de la sentencia C-353/97; y, no obstante esgrimirse en la póstuma demanda, argumentos atinentes antes que al de equidad, al principio de igualdad, razón principalísima de la citada sentencia C-353/97 que, como se dijo, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.

Concluyendo: con respecto a las vigencias fiscales 1997 y anteriores, no puede contribuyente alguno, razonablemente, esperar un tratamiento tributario diferente, en cuanto a sus inversiones efectuadas en el área de influencia del río Páez; diferente del que se desprende de las sentencias, tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado, de las cuales prolijamente nos hemos ocupado en esta nota.

Quienes no lo hicieron así, es decir, quienes no siguieron el cauce natural del río, inexorablemente habrán de ver corregidas sus declaraciones de renta sin que, desde luego, por ello haya lugar a sanción por inexactitud alguna: la diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable, es evidente!

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