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BUENAVENTURA, ACORRALADO POR EMBARGOS

BUENAVENTURA, ACORRALADO POR EMBARGOS

El municipio de Buenaventura se encuentra al borde una parálisis sin precedentes en la historia local, tras conocerse un embargo que cobija a los 12 vehículos de la administración y las acciones que posee el ejecutivo en la Sociedad Regional Portuaria.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
11 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

Así lo dijo la abogada, Claudia Lorena Geovo Bonilla, quien agregó que a más tardar la próxima semana el municipio será notificado de un embargo de todas las cuentas bancarias que posee.

Es el reflejo de la crisis económica del municipio, y que fue confirmada por el alcalde José Félix Ocoró Minotta, quien el embargo contra el municipio fue conocido tras un fallo emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.

Entre los vehículos afectados se encuentra el Mitsubishi Galaxia modelo 97 en el cual se moviliza el mandatario local.

Estamos a la espera de que el departamento jurídico se entreviste con el demandante para llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible , dijo Ocoró. Según la abogada Geovo, una conversación en ese sentido estaba pendiente durante la tarde de ayer con el jefe jurídico del municipio, Hernando Mondragón.

El alcalde dijo que el departamento jurídico investiga a qué contrato se refiere el fallo y establecer el monto del mismo. Dijo saber que el demandante es Jorge Mosquera, pero que no recuerda de quién se trata.

Por otro lado, el mandatario local dijo desconocer que el embargo cobije a las acciones que tiene el municipio en la Sociedad Portuaria.

Queremos conocer a fondo quién es la persona que está embargando para que la comunidad se entere de lo que está pasando porque pienso que todo tiene solución , dijo José Félix Ocoró.

La abogada Geovo dijo que se trata de una deuda con el ciudadano Eduardo Torres Riascos y que actualmente alcanza los 17 millones de pesos. El contrato con Torres tenía que ver con una prestación de servicios cuyo monto era de 14 millones, pero con la aplicación de intereses subió tres millones más , dijo.

En estos momentos el municipio tiene un aval para utilizar las acciones que tiene en la Sociedad Portuaria como garantía para el sobreendeudamiento solicitado a Infivalle para el pago de la nómina de los 1.200 trabajadores de la administración y los 300 de las Empresas Públicas.

El crédito solicitado es de 6.000 millones de pesos y en estos momentos se les adeuda a los trabajadores los sueldos desde septiembre de este año.

La nómina mensual de los trabajadores del municipio asciende a 1.250 millones, mientras que a los trabajadores de las Empresas Públicas, les adeudan salarios y prestaciones desde julio, suma que supera los 700 millones de pesos.

Se frustró la venta del edificio de las Empresas Públicas Nuevamente el proceso para conseguir el dinero para el pago de los 300 trabajadores de las Empresas Públicas Municipales (EPM) se vio obstaculizado, tras conocerse el impedimento que se tiene para vender el edificio donde funcionan las oficinas de la entidad.

Según informó el gerente de la empresa, Jaime Uriel Rentería, la junta directiva de las EPM no aprobó la venta del inmueble, pero de por medio existió un embargo que corrió por cuenta de la empresa Areneras El Dagua, por un contrato que se hizo hace algunos años y que no fue cancelado y de ello fuimos notificados hace poco, según dijo Rentería.

El embargo es por 46 millones de pesos y está relacionado con un contrato de relleno con material de río que se hizo a finales de 1994, cuando se pensó construir un relleno sanitario en un lugar denominado El Indio, ubicado en el kilómetro 18 de la vía Buenaventura-Cali. En ese entonces Claret Perea Figueroa se desempeñaba como era gerente de las EPM en la administración de Edinson Delgado.

Recientemente, la empresa había considerado la venta del edificio de oficinas, que tiene un área de 3.200 metros cuadrados y tres pisos construidos, y cuyo avalúo es de 950 millones de pesos. Con ese negocio se pagaría la deuda a los trabajadores que se encuentran en paro desde hace tres meses.

Los 240 trabajadores de nómina y los 60 adicionales protestan por el no pago de sus salarios desde julio hasta la fecha y otras prestaciones sociales desde junio. La deuda supera los 700 millones de pesos.

En estos momentos el gerente de las EPM gestiona un crédito de 2.200 millones ante diversas entidades para resolver el problema laboral, suma que sería cancelada con rubros que le son transferidos a la entidad por prestación de algunos servicios a la comunidad.

Por su parte, el sindicato de trabajadores de la entidad se mantiene en su posición de paro. El presidente del sindicato, Oscar Sabala dijo que el martes se reunieron con el alcalde José Félix Ocoró quien les pidió que tuvieran paciencia y confiaran en que todo saldría bien.

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