INVERSIÓN DE LOS DINEROS PÚBLICOS

INVERSIÓN DE LOS DINEROS PÚBLICOS

Si bien la actividad financiera de las entidades públicas se encuentra altamente reglamentada, por encontrarse inscrito en un estricto régimen presupuestal, en el desarrollo de su cometido estatal es frecuente encontrarlos participando activamente en los mercados financieros y de capitales, bien como demandantes o como oferentes de títulos.

22 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

Al adelantar sus transacciones financieras como agentes fundamentales en la corriente total de ingresos y gastos de la economía, los organismos públicos suelen poseer, temporal o definitivamente, activos financieros representados en portafolio de inversión o cartera, que evidencian una determinada participación en la regulación de la oferta monetaria agregada y en la estructura del propio aparato estatal.

Sin embargo, la recurrente utilización de tradicionales métodos de registro contable, ha conducido a que los administradores de las entidades públicas se expongan constantemente a complejos riesgos de mercado máxime cuando, por ejemplo, ante necesidades inesperadas de liquidez o sencillamente por programaciones inadecuada de los desembolsos o pagos, se vean abocados a realizar sus portafolios por sumas inferiores a las inicialmente invertidas.

Esto de paso los puede comprometer en procesos disciplinarios.

El riesgo Desde el mismo momento en que una emisión de títulos es colocada en el mercado, se induce un efecto sobre la tasa de interés que afecta en lo sucesivo a sus tenedores, máxime cuando su demanda se orienta por las fluctuaciones propias del mercado.

No obstante la presencia de estos factores, la demanda de títulos por parte de las entidades públicas suele obedecer a una política de inversiones forzosas que responde a directivas generales sobre manejo de liquidez.

Este hecho no las exime de enfrentar el riesgo derivado del mercado, el de solvencia del emisor u otras posibles situaciones jurídicas que afecten su reconversión a efectivo. Sencillamente, las entidades públicas no pueden abstenerse de la realidad económica del país.

No cabe duda de que la no observancia de los anteriores aspectos explica en gran medida las debilidades de nuestro sistema financiero o, dicho de otra manera, la abundancia de situaciones de arbitraje sin aprovechar. Hasta el momento, para el manejo del riesgo nos hemos conformado con que las inversiones de portafolio sean contabilizadas por el tradicional método de costo histórico, el cual esconde, o en el mejor de los casos, difiere pérdidas reales de mercado que son experimentadas tan sólo en los momentos de su venta o realización.

De todos es sabido que mientras en la mayoría de los sistemas financieros avanzados existen normas que disponen la obligatoriedad de cubrir oportunamente los riesgos, en nuestro país no contamos aún con instrumentos suficientemente desarrollados para la adecuada cobertura de las contingencias del mercado.

No se quiebran Es preciso advertir que este tipo de fenómenos no es percibido en toda su magnitud por nuestros administradores públicos, y sin se alarmistas, la afirmación según la cual las entidades públicas no se quiebran, no parece del todo cierta. Casos se han visto.

Si queremos una participación activa, profesional y prudente de los entes públicos en nuestro mercado monetario y de capitales, sin perjuicio de su naturaleza estatal, es absolutamente necesario que sus portafolios de inversión sean valorados a precios de mercado.

Adicionalmente, si la técnica de medición y registro es sencilla, tanto mejor.

Sin embargo, el cambio en la metodología de valoración no puede darse de manera abrupta. Esta transformación debe someterse a un proceso gradual de ajuste para evitar traumatismos innecesarios. Para ello se debe disponer de los elementos logísticos necesarios en materia de software y, por supuesto, contar con una adecuada capacitación para su manejo e interpretación de resultados.

La Contaduría General de la Nación diseñó un método de valoración similar al definido por la Superintendencia de Valores.

También realizó ajustes a su catálogo general de cuentas de modo que constituya fuente de información básica para adelantar los procedimientos del caso.

Ya es hora de que el sector público colombiano se haga consciente de los riesgos financieros y se familiarice con su administración, contribuyendo de paso a la estimulación del mercado de capitales, no sólo mediante la tradicional oferta de títulos con propósitos de financiación de mediano y largo plazo, sino con una demanda profesional y calificada de títulos en busca de mejorar su situación temporal de liquidez, considerando técnicamente sus expectativas de mercado.

Inversiones oficiales El sector público se incorpora a los mercados de dinero y de capitales nacionales e internacionales mediante el manejo de los recursos de la Nación.

Es así como sus inversiones, de acuerdo con la información presentada a la Contaduría General de la Nación a 31 de diciembre de 1996, alcanzaron los 56,6 billones de pesos, de los cuales 48,6 billones corresponden a las entidades del nivel nacional y 7,9 billones a las del nivel territorial.

En promedio, el 49 por ciento de las entidades del sector público poseen portafolios de inversión de renta fija y variable.

Para el caso de las entidades que conforman el nivel territorial y el sector central nacional, las inversiones de renta variable representan en promedio el 87 por ciento con un total de colocaciones que llegó a 35,4 billones de pesos.

En las entidades del sector descentralizado nacional la participación en inversiones de renta fija es mayor y representa un 62 por ciento (4,4 billones de pesos).

Hay que subrayar que en los entes públicos del sector central nacional, que no valoran sus portafolios a precios de mercados sino por el método de costo histórico, se observa una tendencia a la subvaluación de sus portafolios de renta fija.

En efecto, esta clase de títulos presenta una tasa interna de retorno baja que no se compadece con los precios que en el mercado se pagaría por los mismo títulos.

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