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POCA TIERRA PARA MUCHO

POCA TIERRA PARA MUCHO

Hasta hace 10 años, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) no tenía entre sus planes adjudicar tierras a campesinos desplazados por la violencia.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
31 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

A pesar de que en el campo existía inseguridad, la guerra no tenía los niveles que registra hoy.

Pero las cosas cambiaron. Con el furor del narcotráfico, desde finales de los setenta, en algunas regiones del país comenzaron a aparecer extraños compradores de tierra que llegaban a predios rurales a pagar lo que fuera con tal de hacerse a la propiedad.

El fenómeno quedó registrado en cifras, en los archivos del Incora.

Hoy, según datos del propio Gobierno, los narcotraficantes tienen en su poder alrededor de cuatro millones de hectáreas, es decir, una extensión similar al área dedicada a la agricultura en todo el país.

Adicionalmente, la expansión de los nuevos terratenientes fue lograda mediante métodos violentos, imponiendo la ley de las matanzas y los desplazamientos masivos de campesinos.

Algunos predios comprados por el Incora, están hoy abandonados por este motivo.

Paralelamente, los nuevos y poderosos propietarios crearon sus grupos de autodefensa, para protegerse de la guerrilla y acelerar su avance por las tierras que consideraban estratégicas.

La presencia de los dineros del narcotráfico en los campos colombianos también hizo disparar los precios de la tierra, dificultando aún más las posibilidades de ejecutar programas de atención a desplazados por parte de los organismos del Gobierno creados para tal fin.

A ello se sumó la influencia de los grupos guerrilleros, que comenzaron a incitar a grupos de campesinos para que abandonaran el campo y se ubicaran en zonas urbanas, con el fin de presionar al Estado para que les entregara tierra.

En consecuencia, la escasez de recursos, el encarecimiento de las tierras, los largos trámites de verificación por parte de las autoridades para identificar a los verdaderos afectados por la guerra y el crecimiento inesperado de la demanda por tierra, han dificultado la atención a los desplazados por la violencia en este aspecto.

Las cifras sobre reubicación de desplazados muestran una realidad: el Gobierno colombiano no está en capacidad de darles un predio para vivir.

Entre junio de 1996 y hoy, Incora solo ha entregado tierra al 12,6 por ciento de los desplazados.

Según las cifras oficiales, 903 familias de siete departamentos del país han recibido 16.349 hectáreas, en diferentes regiones, con un costo de 16.422 millones de pesos.

Los municipios donde se ha ejecutado el programa del Incora son 19.

Al comparar estas cifras con la cantidad de familias que, según la Consejería para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, han resultado afectadas, el déficit en asignación de tierras es superior al 80 por ciento, en comparación con la demanda real.

Mientras el número oficial de familias que abandonaron sus propiedades o sus lugares de trabajo por temor a la violencia, asciende a 7.162, la sub gerencia operativa del Incora señala que hasta ahora se les ha entregado tierra a 902 familias.

Sin embargo, el instituto se encuentra tramitando la compra de nuevos predios para atender a desplazados.

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