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EL ACCIDENTADO GOBIERNO PASTRANA

EL ACCIDENTADO GOBIERNO PASTRANA

Carlos Lemos. Hablemos de este Gobierno, el del doctor Pastrana, con quien usted ha tenido un tratamiento respetuoso y de colaboración en temas como el de la política internacional. Pero, qué opina usted de lo que le ha pasado a esta Administración y por qué cree que ha resultado tan poco apta para resolver muchos de los problemas nacionales?

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
09 de diciembre 2001 , 12:00 a. m.

Carlos Lemos. Hablemos de este Gobierno, el del doctor Pastrana, con quien usted ha tenido un tratamiento respetuoso y de colaboración en temas como el de la política internacional. Pero, qué opina usted de lo que le ha pasado a esta Administración y por qué cree que ha resultado tan poco apta para resolver muchos de los problemas nacionales?.

Julio César Turbay. Yo tengo la impresión que todo proviene del carácter agresivo de la campaña presidencial en que el doctor Pastrana se disputó el poder con el doctor Horacio Serpa. Fue una campaña afectada severamente por el germen destructor, que desde un principio se le inoculó y que después del triunfo electoral del doctor Pastrana se proyectó sobre su Gobierno. No se produjeron soluciones saludables para superar las dificultades circundantes. No se avanzó en una política de cambio, como se había ofrecido. Era el imperio de la palabrería sin eficacia. Se estimularon las críticas al Gobierno anterior y se utilizó preferentemente el lente retrovisor. En ese ambiente aparecía imposible superar la polarización producida durante la agresiva contienda electoral. El doctor Pastrana no pudo frenar en el Gobierno, como se dijo antes, los efectos del germen destructor, inoculado a la política en su campaña. Se frustraron las esperanzas de tener un programa eficaz, importante de realizaciones económicas y sociales. Sólo existía espacio para la confrontación. La lucha se caracterizó por su ardor, su estilo pasional y sus posiciones extremas. Nadie veía con claridad cómo pudiera en esta circunstancia ponerse en marcha una acción gubernamental constructiva, que congregara a la opinión en torno a sus propósitos restauradores. Se dejó llevar por el espíritu polémico y creó una profunda división con el anterior Gobierno. No había ambiente para el entendimiento entre los partidos. Producido el resultado electoral, la situación continuó polarizada y se advertía el propósito de enjuiciar a los parlamentarios que habían absuelto al presidente Samper. La intención de confrontar el órgano judicial con el legislativo se percibió claramente en la frustrada decisión de enjuiciar a los representantes a la Cámara que absolvieron al presidente Samper. Si no fuera por el acto valeroso y jurídico de la Corte Constitucional de impedir el enjuiciamiento de los parlamentarios arriba aludidos, este país estaría sumido hoy en la anarquía, pues la confrontación entre la Corte y el Congreso habría sido catastrófica. No se podía estimular el enfrentamiento de los órganos del poder público y suponer que dicho acto no tendría capacidad suficiente para determinar una grave crisis institucional. Una retaliación que luego tuvo otra modalidad cuando el Presidente intempestivamente convocó a un referéndum en el cual se incluía la disposición de revocar al Congreso.

Curiosamente, el Presidente demostró no simpatizar con un Congreso en el que sus ministros lograron constituir una mayoría, gracias a la intervención del Gobierno para conformar la Gran Alianza para el Cambio y dividir las mayorías parlamentarias del liberalismo.

CL. En el episodio del referéndum, capaz de haber despedazado otra vez las instituciones, usted jugó un papel importante. Recuerdo que nos reunimos en su casa para buscar un arreglo a la grave situación.

JCT. Me sorprendió la decisión del Presidente, tanto más al rumorarse que el proyecto sobre el referéndum revocatorio del mandato de los parlamentarios no había sido estudiado por el Consejo de Ministros, sino que se trataba de una apresurada reacción de última hora. Tuve oportunidad de conversar con el presidente Pastrana y con su ministro de Relaciones, el doctor Fernández de Soto. Oportunamente les informé a los ex-presidentes que estaban en el país el resultado de esa reunión. Dialogué con usted, el doctor Samper, el Jefe del partido, doctor Serpa, el ex-designado doctor Juan Manuel Santos y el presidente de la Dirección Liberal, doctor Luis Guillermo Vélez. Les informé de la invitación que había recibido del presidente Pastrana para discutir sobre el acuerdo general y completo entre los Partidos y el Gobierno.

Conversamos con el presidente Pastrana acerca de posibilidades después cristalizadas, en el documento que convinimos acá con ustedes, y en el cual el Partido Liberal expresaba con nitidez y claridad su disposición de participar en un acuerdo nacional que hiciera la reforma a fondo de las costumbres electorales y políticas y proporcionara una seguridad de absoluta confianza en el manejo de las instituciones. El Presidente inicialmente se mostró interesado en la disposición de entenderse con el Partido Liberal y después, en forma inesperada, en un discurso pronunciado en el Huila, declaró su intención de promover el plebiscito contra la corrupción, y se embarcó en una política que si no hubiera sido por el oportuno comportamiento del Congreso, donde se detuvo el trámite constitucional de la iniciativa, hubiera podido producir una fatal confrontación política en las plazas públicas, donde se comprobarían que la revocatoria del mandato parlamentario como la del mandato presidencial eran populares aun cuando inconstitucionales. Pero al amparo de esa lucha se hubiera producido la anarquía.

CL. Entonces usted piensa que el origen de los grandes problemas ocurridos en el Gobierno de Andrés Pastrana, descansan sobre ese ánimo vengativo, en la polarización que en vez de calmar, exacerbó.

JCT. Yo tengo la impresión de que ese fue el factor determinante de la frustración del Gobierno. La utilización de estrategias pasionales, cuyos efectos se calcularon mal, impidieron la gobernabilidad, y la convirtieron en otra víctima de la polarización. El incendio prendido en la campaña no se podía detener a voluntad pues las llamas tienen su propia dinámica y devoran cuanto encuentran en su camino. La gente que participó entusiasta en la batalla y saboreó el triunfo electoral, no era fácilmente susceptible de comprometerse en una política de frío razonamiento y de auténtico carácter nacional. Dentro de la política contra la unidad liberal se concibió la Gran Alianza que no tuvo firme fundamento programático, sino simples propósitos de transitorio control del Congreso. Los Partidos no se encontraban preparados para una lucha de tan peligrosas características y el país vio disminuida su posibilidad de salvarse. La batalla posterior se ha desenvuelto por la supervivencia de las instituciones y la recreación de las esperanzas en el logro de una esquiva paz. Durante este período sólo se han producido acuerdos ocasionales sobre proyectos de actos legislativos y de ley de típico carácter coyuntural. La gran política de cambio social y de modificación de los hábitos electorales está por realizarse.

El doctor Serpa asumió una postura tranquila al reconocer la victoria del doctor Pastrana. La del presidente electo fue, en cambio, equivocada por tratar con soberbia y ánimo peyorativo a su contendor. No quiso entenderse con el candidato liberal. No aceptó el ejercicio de la oposición patriótica que le hubiera permitido acuerdos sobre puntos de interés vital para el país. La postura del presidente Pastrana fue categórica contra la búsqueda del entendimiento con el doctor Serpa, a quien no parecía considerar digno de la confianza pública y a quien sometió a todos los rigores de la lucha frontal, como si hubiera sido responsable de delitos atroces.

CL. Efectúo nombramientos desafiantes para el Partido Liberal.

JCT. Esa es otra parte en la que no tuvo tacto. No nombró estadistas, sino amigos, y no significa que no tenga amigos estadistas. Lo que sucede es que pudo más el criterio de hacer un Gobierno con personas cercanas a él, que el de conformarlo con quienes tuvieran pleno conocimiento de los problemas nacionales. Los miembros del Gabinete y los principales funcionarios cercanos al presidente, no se puede decir que sean incompetentes. Son personas que no estaban vinculadas al interés nacional ni en la actividad pública, y en muchos casos fueron sus compañeros de Universidad, sin mayor experiencia de gobierno.

CL. Aun al proceso de paz, producto de un gesto audaz del Presidente al ir a dialogar con Tirofijo, le faltó esa generosidad. Fue también un proceso muy cerrado.

JCT. Un proceso de paz que no representaba la voluntad de consultar a la opinión, sino de lograr adhesiones en torno a la iniciativa del Presidente Pastrana para buscar el acuerdo con Tirofijo. Nosotros insistimos en que lo importante no era invitar a las personas a adherir sino a opinar. No se produjo esa invitación. Nadie se siente coautor de las iniciativas del proceso de paz, sino que la política ha consistido en buscar adherentes y no socios de una empresa, que como la de la paz requiere amplia participación de la opinión pública y de las fuerzas sociales y políticas. Es la gran falla del proceso de paz. Nació vacunado contra la posible intervención de la opinión nacional. Recuerdo cuando el Congreso expresó sus intenciones de nombrar una comisión para discutir con Tirofijo y las Farc, con el proposito de coadyuvar al éxito del proceso. Inmediatamente el Gobierno declaró que la paz no la podían manejar sino el Presidente y escasamente, el Comisionado para la Paz, pero no el resto de los colombianos. La paz es considerada por el Gobierno como un monopolio del Presidente.

CL. Así fue. Y además de esa falla protuberante en el manejo del proceso de paz, por no haberlo hecho más participativo, qué otros aspectos cree usted han contribuido a que sean, como parecen demostrarlo hasta ahora, un fracaso?. Porque no se ha avanzado un sólo milímetro en dirección hacia la paz.

JCT. Desde luego la responsabilidad no es exclusiva del Presidente. Para hacer la paz se necesita que coincidan los distintos sectores comprometidos en la guerra y que busquen soluciones de consuno. Las Farc, los paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional, no han mostrado voluntad de paz sino todo lo contrario: propósito de persistir en la contienda armada y de buscar soluciones de fuerza en vez de dialogar para encontrar puntos de entendimiento. Las Farc parecen mostrarse satisfechas con el statu quo que le produce grandes rendimientos a través de ingresos como los provenientes del secuestro y la participación en la empresa del narcotráfico. Es una situación que a ellos los beneficia ampliamente y no quieren renunciar a esos ingresos. Creen poseer mejores posibilidades como actores de la guerra que como personas reinsertadas a la sociedad civil. Le temen a un acuerdo que les establezca condiciones y les exija respeto a la Constitución. No es una voluntad tranquila de entendimiento la que existe hoy. Yo pienso que ellos están comprando tiempo para que transcurra el Gobierno del doctor Pastrana, sin lograr precisiones sobre una resolución definitiva. Lo mismo ocurre con el ELN. y con las Autodefensas. Los meses pasan y al Gobierno se le agota el tiempo para lograr entendimiento con los grupos subversivos. El panorama del proceso de paz es aterrador.

Los años han transcurrido en disputas sobre temas adjetivos, y fuera de los parciales acuerdos humanitarios, no se encuentra ningún resultado positivo. La culpa no le pertenece exclusivamente al Gobierno. Es necesario establecer que la mayor responsabilidad le corresponde a la subversión, que engolosinada con los ingresos del secuestro y del narcotráfico no ha pensado seriamente en la necesidad de la paz. Todos los días se advierte menos el propósito de alcanzarla y se ve más el deseo de utilizarla como un pretexto para prolongar un proceso estéril.

CL. Y qué hacer para llegar a la paz?.

JCT. El Estado se encuentra en la obligación constitucional de garantizar los bienes, la honra y la vida de los ciudadanos. Crear un Estado justo y fuerte que asegure la tranquila y civilizada convivencia es la mejor respuesta. Un Estado débil conduce a la anarquía social. La Constitución, desde sus orígenes, ha establecido el monopolio de las armas en beneficio de la fuerza pública. Creo en la paz negociada pero en un Estado fuerte. Me parece imposible aclimatarla en una Nación amenazada por su debilidad y por la grave situación social que padece Colombia.

CL. Usted guarda la impresión de que los diálogos de negociación se plantearon mal desde el principio, porque no se produjo ningún género de condicionamientos hacia las Farc? Se le hicieron todas las concesiones y no hubo ninguna exigencia de contraprestación.

JCT. Se realizó un ejercicio peligroso como era el de aproximarse al diálogo sin tener ningún punto de vista claro sobre cómo alcanzar la paz. No se establecieron límites a las concesiones solicitadas como condición para llegar a la mesa de negociaciones. Todas las peticiones de las Farc se aceptaron. Tuvieron una situación de privilegio y se les dio una sede de cuarenta mil kilómetros cuadrados para comenzar.

CL. Todo un país.

JCT. Superior en extensión que varios países europeos y que numerosos países centroamericanos.

CL. Y dentro de esa zona se les concedió la desaparición del Estado porque la verdad es que ahí el Estado no ejerce ninguna de sus funciones.

JCT. Sí, ese es el imperio del caos, de la anarquía. No se cumplen la Constitución ni las leyes. Se impuso la ley de la selva. Fiscales y Jueces han sido expulsados y los sacerdotes y pastores en muchos casos necesitan el visto bueno de la guerrilla para ejercer su ministerio.

CL. Estamos en una situación enredada en el sentido de que ni la guerrilla es popular ni tampoco el Gobierno. Un choque de dos desprestigios. El país no quiere a la guerrilla. Es ostensible que no existe un grupo suscitador de mayor rechazo en la opinión pública que los paramilitares. Pero el país tampoco tiene fe en el Gobierno. No cree en la capacidad de éste para hacer aquello que usted dice: reforzar las fuerzas militares y comandarlas. Ofrecerle a la Nación la garantía de un Estado decidido a defender las instituciones. Cómo salir de ese impase, Presidente?.

JCT. Creando un ambiente nacional y que debe ser alrededor de la campaña presidencial en que ya estamos comprometidos. Los candidatos deberían exponer sus tesis en defensa del Estado de Derecho y concretar las modalidades de la política de reconciliación. Si el país se compromete en una política de fortalecimiento del Estado, el próximo Presidente tendrá posibilidades de hacer y de aclimatar la paz. Si la subversión quisiera una salida democrática, sería conveniente dársela. Si por el contrario insiste en la lucha sin cuartel, el país no podría entregarse en manos de quienes no han querido facilitar el arribo a las metas de la paz.

CL. La paz debe ser negociada a plazo fijo?.

JCT. Deberían crearse condiciones especiales. El Gobierno entró en un estado de debilidad que explica bien el ánimo del Presidente Pastrana de hacer una política de sostenimiento de los mecanismos inherentes al infecundo proceso de paz. Nada resulta tan contraproducente como una negociación sin esperanzas y sin posibilidades de éxito.

CL. Aunque el Plan Colombia en algo ha contribuido a mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas.

JCT. Es un plan bien concebido, desde el punto de vista de fortalecer las instituciones militares aun cuando se haya debilitado ese propósito. Es una postura que el Gobierno aceptó al negociar el Plan Colombia. Se advierten a veces intenciones de aplazar los giros y de demorar la ejecución total del Plan. Yo creo que sobre el Plan Colombia se creó una situación de muchas expectativas favorables al Gobierno y de dudas de parte de la guerrilla. Tal vez ésta apreció mejor que el Gobierno, el alcance del Plan Colombia y sabe que su ejecución representa el debilitamiento de sus fuentes de ingresos. Por eso ha opuesto tantas resistencias y por eso ha logrado crear, en algunos sectores, una opinión contra la erradicación aérea de los cultivos de coca, amapola y demás sustancias psicotrópicas.

CL. Y hay algunos países interesados en que el Plan Colombia se debilite. Que no tenga el sentido de fortalecimiento militar que es el que más le conviene hoy a Colombia.

JCT. Sí, ha suscitado celos, porque los países vecinos creen que el fortalecimiento del aparato militar modifica el equilibrio armamentista de la región, para lo cual jugó un papel importantísimo el Tratado Interamericano de Recíproca Defensa Tiar .

CL. Qué piensa que convendría hacer con la zona de despeje, por ejemplo?.

JCT. En su momento se creyó que la zona de despeje otorgada, garantizaba la obligación de la subversión a negociar. Pero se aprecia ahora que es un simple bocado incapaz de colmar el apetito de la guerrilla. Esta no consideraba la zona como una concesión especial sino como una natural decisión del Gobierno.

CL. Nunca la aceptó con el compromiso de utilizarla para hacer la paz. Se quedó con ella y la paz no vino.

JCT. Se apoderaron de ella, donde además no impera la Constitución Nacional. Un cuerpo extraño en el ordenamiento territorial.

CL. Presidente, lo que es cierto es que la voluntad de paz hay que imponérsela al adversario. No hay que esperar a que surja espontáneamente sino obligarlo a tener voluntad de paz.

JCT. Sí, el Gobierno debe demostrar una capacidad coercitiva y hacer presencia, lo mismo que las Fuerzas Armadas, en su noble empresa de aclimatar la paz. Se requiere ejercer un liderazgo conductor a la negociación que indefinidamente se dilata. Mientras el Ejecutivo no se encuentre en capacidad de hacer cumplir la Constitución, será una autoridad débil y desobedecida.

CL. Y demostrarle a los enemigos del Estado que es más conveniente la paz que la guerra, sobre la base de que sepan, que si se produce la guerra perderán o van a sufrirán un daño muy serio.

JCT. Naturalmente las fuentes de abastecimiento de la subversión, son ilícitas, y mientras puedan, como ocurre ahora, disponer de ellas sin el rechazo frontal del Estado, negociando este, al mismo tiempo que ve realizar el delito a sus ojos, no tienen ningún apremio. El delito de la subversión, es un delito continuado y permanente; lo mismo que el secuestro extorsivo y el impuesto al narcotráfico. Eso ocurre a conciencia plena del Gobierno.

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