POR CUNDINAMARCA

POR CUNDINAMARCA

Explicable alarma en la opinión pública cundinamarquesa y nacional se ha suscitado a raíz de la divulgación de la carta de renuncia del director de Planeación del Departamento, Diego Cataño. Sus opiniones y conceptos han apuntado a señalar una serie de irregularidades en la aprobación y asignación de millonarias partidas de inversión con los recursos públicos de Cundinamarca.

20 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

La actitud del Gobernador encargado, David Aljure, sugiere que se ha obrado en franca contravía de las invocaciones a la prudencia y la mesura que ha formulado el Gobernador electo Andrés González. Tal actitud lejos de contribuir a aclarar lo que ha venido sucediendo y a disipar las dudas legítimas que han surgido en torno de la transparencia y la conveniencia de sus determinaciones, ha enrarecido la atmósfera de las deliberaciones democráticas en Cundinamarca.

En efecto, aun cuando hasta el momento no se conocen más de medio centenar de los proyectos y estudios que deben justificar las partidas de inversión, el Gobernador encargado insiste en proseguir con las tramitaciones cuestionadas, dejando así ante la opinión pública un inevitable sabor de que está aprovechando frenéticamente los últimos días de su encargo, para dejar extrañamente comprometidas partidas e inversiones que requieren análisis detenido y sereno.

Los fantasmas de la corrupción, que han rondado implacables por el Palacio de San Francisco y que desde un comienzo empezaron a asomar en la nueva sede administrativa del Departamento, pasan por una cuestionable figura de contratación pública a través de cooperativas que, en últimas y al parecer contra lo preceptuado por el Consejo de Estado, terminan por burlar los controles que establece la ley como garantía de una limpia contratación.

Las cooperativas se convierten en refugio cómplice para sacarle el cuerpo a la ley y para ejecutar recursos multimillonarios sin que se surtan los trámites legales que protegen el erario de los funcionarios corruptos, las interventorías amarradas, las asignaciones caprichosas y la selección arbitraria o política de los contratistas.

Tal como lo habíamos dicho anteriormente, e invocando el concepto del propio Procurador General de la Nación, no conviene y hace daño que los funcionarios que están terminando sus períodos, cuando ya existen gobernadores o alcaldes elegidos popularmente para sucederlos, comprometan cuantiosas partidas que afectan vigencias futuras y que amarran mañosamente la gestión de sus sucesores.

Comportamientos administrativos de esta índole no solo riñen con los principios elementales de la caballerosidad y la hidalguía sino que, además, se prestan para que se incuben actos de improvisación, revanchismo, politiquería, ineficiencia, o franca y rampante corrupción.

Ahora, cuando se anuncia la intervención de la Procuraduría; cuando se espera que las entidades de fiscalización y control puedan actuar para evitar que se deteriore el patrimonio colectivo de los cundinamarqueses o que parte de los escasos y siempre insuficientes recursos pasen a los bolsillos de intermediarios, funcionarios o calanchines, resulta determinante la unidad generosa de quienes están comprometidos con el bienestar de Cundinamarca para evitar que se obre en contra de los supremos intereses del Departamento.

Es necesario, entonces, recuperar urgentemente antes de que se sigan aprobando inversiones a plumazos de autoridad y pupitrazos de corporación el diálogo constructivo; clamar por la ecuanimidad de los funcionarios salientes y por la transparencia administrativa; reclamar la ponderación y el respeto de quienes participan de la brega política y, sobre todo, abrir un compás de reflexión que sirva para concertar en función de lo que más conviene a Cundinamarca: la destinación de los recursos públicos.

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