DOS INTERROGANTES FISCALES

DOS INTERROGANTES FISCALES

Las finanzas públicas del Gobierno Central se encuentran en relativo buen estado. El déficit fiscal como proporción del PIB fue apenas del 1.4 por ciento el año pasado, y los recaudos han venido creciendo a tasas aceptables en los últimos años. Sinembargo, dos interrogantes, que aparecen ya en el horizonte, podrían convertirse en verdaderos nubarrones con capacidad de comprometer la delicada tarea de ordenamiento de las finanzas públicas que han adelantado las dos últimas administraciones. El primer interrogante es el referente a las exageradas transferencias del Gobierno Central hacia las entidades descentralizadas. Hoy en día el 69 por ciento de los gastos corrientes que se canalizan a través del presupuesto nacional toman la forma de transferencias. La mayoría de ellas se financian con rentas de destinación específica, que aunque tienen propósitos loables le restan flexibilidad al proceso de asignación del gasto público.

10 de agosto 1990 , 12:00 a. m.

El pasado 20 de julio se presentó un proyecto de ley el primero de la actual legislatura según el cual se incrementarían del 50 por ciento al 100 por ciento las transferencias del IVA hacia los municipios. Esta puede ser una iniciativa plausible desde el punto de vista de la descentralización fiscal, pero sería devastadora para las finanzas del gobierno actual. Hay que recordar que el IVA es el impuesto más dinámico de la actual estructura tributaria. Cederlo en su totalidad a los municipios significaría, simple y llanamente, que el fisco central renunciara a la única renta que en los últimos años ha mostrado una elasticidad aceptable.

No hay que olvidar tampoco las falacias fiscales que suelen ocultarse detrás de este tipo de transferencias. Si el gasto del gobierno central se redujera en la misma proporción en que se incrementan las transferencias a los municipios, el efecto sería neutro. Sinembargo, las cosas no son así en la práctica. Estudios realizados por la Contraloría General de la República demostraron que de cada cinco pesos que se transfirieron a los municipios en virtud de la ley 12 de 1986, el gobierno continuó gastando a nivel central cuatro pesos. O sea: un gasto público de cinco pesos se convirtió en uno de nueve pesos. El gasto termina entonces duplicándose: en Bogotá se continúa haciendo lo mismo que en los municipios. Correr el riesgo de esa duplicidad con la totalidad de los recursos del IVA, sería algo muy parecido a un suicidio fiscal.

El otro interrogante fiscal de fondo que el país debe responder próximamente es este: qué vamos a hacer con los impuestos sobre el comercio exterior? Hoy en día estos tributos representan el 31 por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto nacional. Su producido es prácticamente el mismo que el del impuesto a la renta y más que el IVA. Tal vez nunca, desde cuando tuvo que organizarse por el doctor Esteban Jaramillo el impuesto a la renta en 1927, el país había dependido tanto de la tributación al comercio exterior como ahora.

La tendencia de los años venideros será inexorablemente la de reducir la tributación que pesa sobre las importaciones. Hacia allá avanza el mundo, y en esa dirección marcha también nuestra política comercial. Un síntoma de esa tendencia lo encontramos, por ejemplo, en las negociaciones que adelantó recientemente el gobierno colombiano para lograr que Estados Unidos levantara el tosco veto que había impuesto a nuestra solicitud de adhesión al código de subsidios del GATT. En esas negociaciones se habló de continuar reduciendo los derechos arancelarios a las importaciones de bienes capital. Esa disminución, conveniente por lo demás, representará naturalmente un esfuerzo fiscal de consideración si la reducción de los aranceles se hace en serio.

Los dos tributos más dinámicos del país están, pues, en peligro: el IVA, por las justas pero insaciables aspiraciones descentralistas. Y los aranceles, por la lógica implacable de la apertura económica. Si se hacen concesiones en cualquiera de estos dos frentes hay que ser conscientes de su alto costo fiscal, y resulta indispensable estudiar de antemano cómo se van a compensar presupuestalmente. De lo contrario, dos buenas causas la descentralización fiscal y la apertura económica podrían llevarnos fácilmente a una crisis fiscal.

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