ASÍ SERÁ REFORMA A LA JUSTICIA

ASÍ SERÁ REFORMA A LA JUSTICIA

Los expertos en asuntos de Justicia se preparan para enfrentar el caos del sistema judicial colombiano, y precipitar profundas reformas. Entre otras, restructuración del Consejo Superior de la Administración de Justicia, creación del Instituto de Administración Judicial, redefinición de la Escuela Judicial y conformación del Departamento de Investigación Criminal y Medicina Legal. El proyectado revolcón pretende satisfacer dos objetivos esenciales. Uno, poner fin al descontrol, la falta de racionalización de los recursos y, en general, el desorden administrativo que impera en los juzgados, los tribunales y el pleno del sector justicia. El otro: subsanar la falta de una infraestructura eficiente en la persecución del crimen.

09 de agosto 1990 , 12:00 a. m.

Así, un paquete de proyectos dota de una infraestructura administrativa real y eficiente a la rama jurisdiccional. El otro, entre tanto, organiza un gigantesco aparato de indagación: el Departamento de Investigación Criminal y Medicina Legal, que será básico para llegar a establecer paulatinamente el sistema acusatorio y dejar en funcionamiento la Fiscalía General de la Nación.

El mérito en ambos casos es que los estudios fueron preparados por una comisión de alto nivel que se constituyó a solicitud del presidente César Gaviria y que lideró, precisamente, el mismo hombre que en breve asumirá como titular de la cartera de Justicia, el magistrado Jaime Giraldo Angel.

Aún más: los proyectos de decretos de Estado de Sitio, decretos legislativos con base en una Ley de facultades extraordinarias y hasta los proyectos de normas a introducir a través de la Asamblea Constitucional, se encuentran virtualmente listos y EL TIEMPO los conoció en forma exclusiva.

En el primer ámbito, median la restructuración del Consejo Superior de la Administración de Justicia, la creación del Instituto de Administración Judicial y la reorganización de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

El Gobierno se propone reformar el Consejo Superior de la Administración de Justicia hasta obtener que el Ministro de Justicia y un delegado del Presidente de la República tengan asiento, voz y voto en el mismo.

Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Tribunal Disciplinario y otros dos funcionarios uno elegido entre los presidentes de los tribunales superiores y el otro de entre los presidentes de los tribunales contencioso administrativos, en todo el país completarían el número de miembros del Consejo. Instituto Con el fin de garantizar la operatividad real del organismo, el proyecto establece que los presidentes de corporaciones judiciales sean relevados del 75 por ciento de su carga jurisdiccional. Las corporaciones podrán designar en interinidad a magistrados sustitutos .

La virtud del Consejo es que actuará como máximo cerebro rector de la política general para el sector Justicia. Así, serán funciones bajo su responsabilidad: proyectar la política general de la rama jurisdiccional definiendo su desarrollo futuro y elaborando los correspondientes proyectos de Ley sobre creación de despachos y cargos judiciales; elaborar y determinar la ejecución del presupuesto total de la Rama Jurisdiccional y estudiar permanentemente los procedimientos judiciales y presentar al Congreso las reformas que considere necesarias.

También hacer las convocatorias para los concursos de jueces y magistrados, expedir y regular los procedimientos administrativos que deban adelantar las corporaciones judiciales y las distintas dependencias administrativas de la Rama Judicial y expedir los actos que sean necesarios para el debido desarrollo de las leyes de personal, contratación administrativa y de carrera judicial.

Más importante aún: ese Consejo tendrá representación en el Consejo de Política Económica y Social (Compes) y será el superior jerárquico del Instituto de Administración Judicial, el ente operativo en la restructuración.

Este organismo absorverá la dirección de la Carrera Judicial y tendrá a su cargo, a través de departamentos especializados: la construcción y mejora de las sedes judiciales, la dotación de los despachos judiciales, el oportuno pago de los servicios públicos, la nómina de personal, la planeación y dirección del proceso de sistematización de los juzgados, el mantenimiento de los sistemas de información compuestos por los diferentes redes de informática de gestión y el control sobre el oportuno recaudo de las rentas de la rama judicial.

La reforma prevé que, en cada departamento, operarán Consejos Seccionales de Administración de Justicia y Oficinas Seccionales del Instituto de Administración Judicial. Las funciones en cada caso serán las mismas de sus superiores.

Lo que se pretende, sin embargo, es descentralizar el manejo administrativo de la Justicia y asegurar que este sea operante, oportuno y controlado por los propios despachos en cada región del país y de acuerdo con sus necesidades .

Otra misión sin precedente es que, en adelante, habrá racionalización del recurso humano en toda la administración de Justicia. A través de los consejos seccionales, se crearán secretarías administrativas que atenderán cada una un grupo de juzgados. Así, se obviará el que cada despacho deba contar con su propio notificador, oficial mayor, etc. La razón, sus tareas estarán ahora a cargo de las secretarías. Fusión investigativa Finalmente, el gobierno ha previsto la estructuración del más gigantesco aparato de investigación criminal con que haya contado el país. Un ente que funde la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el Instituto de Medicina Legal y los jueces de Instrucción Criminal, y que en principio se llamaría Departamento Administrativo de Investigación Criminal y Medicina Legal .

Todo ello, claro está, bajo la dirección de una sola cabeza. Un funcionario que tras la reforma constitucional será el Fiscal General de la Nación .

Primero elevaremos la dirección de Instrucción Criminal a Departamento Administrativo y pondremos bajo su control los jueces investigadores, los peritos, los agentes secretos de Policía Judicial y los laboratorios técnicos. Después esos jueces, que hoy son instructores, serán los fiscales de la Nación y los protagonistas esenciales del sistema acusatorio .

En la práctica, se trata de crear el embrió que hará la transición del aparato y el desorden actual, al sistema acusatorio.

El Departamento contará con divisiones especializadas que laboraran bajo Unidades de Investigación compuesta por jueces de Instrucción Criminal, Grupo de Fiscales y Grupo Técnico de Investigadores.

Células apoyadas por la sección Médica que comprende laboratorios de neurosiquiatría, patología forense; sección Criminalística: grupos de balística, grafología y documentoscopia, física-química, identificación y fotografía; Sección de Seguridad con grupos de armamento, transporte, etc.

En definitiva, un aparato revolucionario para enfrentar el crimen.

Las divisiones de Policía Judicial del DAS y la Dijin seguirán operando independientemente pero tendrán la obligación de mantener patrullas fijas a disposición del director del Departamento que se creará.

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