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EL CATASTRO:

EL CATASTRO:

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
04 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

El Departamento Nacional de Planeación tiene ya listas algunas normas, que seguramente serán dadas a conocer al finalizar el mes, sobre la manera como se debe establecer los avalúos de inmuebles como fundamento para la liquidación del impuesto predial correspondiente al año que concluye. Si bien no se han revelado en su integridad, se informa que dichas normas prevén un incremento en los avalúos de un 16 por ciento sobre los predios que ya están formados, es decir, para los ya revisados y clasificados por el Catastro, y de cerca de un 20 por ciento para los que no lo han sido aún.

Esa norma genérica ha suscitado, con el simple anuncio, no pocos interrogantes, que deberían ser oportunamente despejados. El primero se refiere a su eventual aplicación en el Distrito Capital, que tiene un régimen catastral propio ideado por el entonces alcalde Jaime Castro, que por cierto suscitó desde el primer momento muy razonadas resistencias.

De otra parte, ha surgido ya el máximo interrogante de por qué, en momentos en que los factores de recesión han precipitado esa es la palabra una depreciación acelerada de los terrenos y de los inmuebles, inmovilizados por la parálisis inmobiliaria, se imponen nuevos ajustes de sobrevaloración, naturalmente obligatorios.

Estos y otros varios interrogantes que han surgido desde el primer momento deberían ser objeto de una clara explicación.

%% \ Derecho a la información y reserva del sumario: Señor Director El pasado domingo 30 de noviembre, bajo el título Lo que Diomedes cantó en la Fiscalía , su periódico publicó partes textuales de una de las indagatorias rendidas por el señor Diomedes Díaz Maestre, dentro del proceso penal que se le sigue por la muerte de Doris Adriana Niño.

De acuerdo con las directrices expresadas en mi discurso de posesión, no es política de la actual administración de la Fiscalía permitir filtraciones de piezas procesales, que en lugar de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos y en la consecución de la verdad, puedan generar confusiones que entorpezcan la cabal administración de justicia.

En este orden de ideas, quisiera expresarle, señor Director, no mi protesta, sino mi inconformidad con el procedimiento adoptado. Entiendo la necesidad de informar a la opinión sobre hechos judiciales, bien por su gravedad, o porque en ellos se encuentren involucrados personajes de la vida nacional. Ese derecho, a mi juicio, debe ser compatible con el derecho-deber del Estado a administrar justicia. Y este último puede vulnerarse por publicaciones no permitidas de piezas procesales sometidas a reserva legal, que pueden entorpecer el curso normal de las investigaciones.

Comprendo que la investigación que he ordenado no puede afectar al periodista, sino a quien le suministró la información y que muy seguramente éste será amparado por aquél, a través de la reserva de la fuente.

Por ello, y con el especial encargo de publicar el texto completo de esta carta, quiero simplemente invitarlo a una reflexión pública sobre si resulta conveniente o no que los medios publiquen, más allá de las informaciones permitidas legalmente, las piezas procesales sometidas a reserva.

Alfonso Gómez Méndez Fiscal General de la Nación

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