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LA ANULACIÓN DEL CONCORDATO

LA ANULACIÓN DEL CONCORDATO

En fallo de febrero último la Corte Constitucional declaró contrarias al orden jurídico superior muchas disposiciones del concordato vigente entre el Gobierno de Colombia y el Estado pontificio. La decisión ha provocado protestas en la Curia, hasta el extremo de que varios miembros del poder eclesiástico parecieron tentados a pedir declaratoria de hostilidades contra el régimen civil, sin detenerse a pensar en las consecuencias de esa conducta entre fanáticos que aún quedan a pesar de las transformaciones en la mentalidad colectiva. En un pasado remoto se habría visto ya el alistamiento de reclutas para la cruzada restauradora de la paz religiosa y de las tradiciones nacionales . Por fortuna las conquistas del tiempo no llegan en vano y es corta la resonancia entre los llamados a seguir tan poco seductoras prevenciones. Esta vez se ha sentido mejor el reclamo jurídico por las que se consideran excesivas preocupaciones evidenciadas en la sentencia de la Corte. Se afirma que ésta, au

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
10 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

Lo último es esencial. Conclúyese que se ha roto así un convenio necesario para que los organismos internacionales busquen la armonía de los pueblos y el buen entendimiento oficial. Se han enfilado baterías contra principios cuya aceptación garantiza la paz y la existencia humana. Tal la esencia del alegato que importa destacar en busca de una solución adecuada, sin desesperos ni excesivas consideraciones ya que esa solución surge de la legalidad misma y está llamada a imponerse por el mismo carácter que la inspira. No es, pues, tan complicada ni trascendente, sobre todo si se quieren acuerdos y no causas para empeorar la situación.

La Corte ha reconocido, sin tener competencia para ello, una primacía de la Constitución, sin reparar en que ese reconocimiento, de ser viable, o por lo menos digno de estudio, le corresponde a una jurisdicción internacional que para el caso no existe. Por ello, el fallo es ilegítimo y no obliga en Colombia. Afirmación muy común que niega el texto mismo de la Carta Política, Artículo 4, según el cual La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales .

La Constitución, se repite, es norma de normas. Es decir, ninguna disposición, cualquiera fuere su naturaleza, vale más que las constitucionales. No distingue reglas ni establece excepciones. Por lo tanto, pueden ser del orden rigurosamente interno y estar dentro de un Tratado celebrado con sujetos internacionales. La pugna entre ese texto y la Constitución se resuelve en favor de ésta, a no ser que ese texto pertenezca al jus cogens, es decir, a un precepto de derecho internacional general, o, como proclama el artículo 53 de la Convención de Viena, que se trate de una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter .

El concordato no pertenece a este sistema universal. Es un acuerdo entre dos partes y rige solo para ellas. En esta forma no es más que otra norma jurídica de las que menciona el artículo 4 de la Carta Política y si se trata de esta generalidad queda dentro de su régimen propio, esto es, sometida al rango subalterno impotente contra el imperio de la misma Constitución.

Además, y esto es esencial, los concordatos pueden ser desconocidos por las mismas autoridades eclesiásticas que los suscribieron, aunque se encuentren ratificados como se exige para esta clase de medidas. Así lo prevé el propio derecho canónico y lo explica Manuel Giménez Fernández en varias de sus obras, particularmente en el estudio sobre Derecho Eclesiástico incluido en la Nueva enciclopedia jurídica, tomo I, Francisco Seix, Barcelona, 1950. Como conclusiones, el canonista citado incluye estas: 1a. Concordatos son solemnes convenciones bilaterales obligatorias para Iglesia y Estado, sobre mutuas delimitaciones del ámbito para el ejercicio eficaz de las potestades eclesiástica y civil, a tenor de las circunstancias crónicas y tópicas y sin mengua del derecho divino.

2a. Comprenden diversos títulos jurídicos de los que nacen obligaciones mutuamente exigibles: a) por la justicia conmutativa en las mutuas prestaciones temporales; b: por fidelidad al pacto contraído, en las condiciones graciosas por vía de privilegio o donación aceptada.

3a. La Iglesia no puede concordar ninguna prestación contraria al derecho divino natural o positivo, ni suele aceptar ninguna contra los principios generales fundamentales del derecho positivo eclesiástico, aun cuando respete las anteriormente concedidas en otro régimen jurídico .

La Iglesia, pues, está impedida para aceptar estipulaciones opuestas al derecho positivo. Cuál es ese derecho positivo? Es el que se dicta por el legislador eclesiástico para la regulación de cierta clase de relaciones, aunque tengan inspiración diferente. Y si esta clase de previsiones pueden ser desconocidas no solo por los tribunales religiosos sino por los fieles, por qué las autoridades del otro concordante carecen de competencia para desconocer obligaciones o preceptos que afectan la base de su normalidad jurídica? El principio de la reciprocidad se opone a negar esa solución. Una de las partes no puede tener facultades que se le niegan a la otra. Esto sería derecho para uno de los concordantes y arbitrariedad sancionable para la que con buena fe ha concurrido al acuerdo.

He aquí el argumento principal en favor de la decisión de la justicia colombiana, junto con las autorizaciones que vienen del orden normativo constitucional. Lo que se ha escrito para justificar el fallo y para impugnarlo no ha tenido en cuenta este argumento que es poderoso para el derecho internacional, mejor, que tiene mérito suficiente para defender la validez del fallo objetado.

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