MILITARES, A PAGAR POR SUS ERRORES

MILITARES, A PAGAR POR SUS ERRORES

Nunca un militar ha tenido que meterse la mano al dril para ayudar al Estado a pagar una indemnización impuesta por la justicia como resultado de una actuación arbitraria. Todo corre por cuenta de la Nación, representada en este caso por el Ministerio de Defensa.

18 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

Así, sólo en 1996, el Ministerio de Defensa destinó cerca de 53.000 millones de pesos al pago de condenas derivadas de fallas del servicio de miembros del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada.

Retenciones ilegales, muertes de presuntos delincuentes, abusos en el manejo de armas y excesos en operaciones son las conductas por las cuales responde la Nación, bajo críticas de organismos de derechos humanos. De ahí su liderazgo en los premios Oscar de las condenas...

Ante la situación, el Ministerio de Defensa decidió tomar cartas en el asunto y lanzar, en un hecho sin antecedentes en su historia, una estrategia jurídica encaminada a obtener los recursos destinados a las indemnizaciones.

La mano al dril En qué consiste? Militar que actúe con culpa grave o dolo y provoque una sentencia adversa a las arcas de la Nación, deberá meterse la mano al dril para ayudar a pagar la condena a favor de los familiares de las víctimas de su actuación.

La decisión del Ministerio de Defensa está sustentada en la Constitución. Su Artículo 90 permite al Estado recuperar los dineros destinados al pago de condenas directamente de los agentes responsables.

En términos jurídicos, se llama acción de repetición y sólo procede en los casos en que un servidor público ha actuado con dolo o culpa grave (ver recuadro). Por fuerza de la costumbre este mecanismo solo ha venido siendo aplicado a funcionarios civiles.

La estrategia ya está en marcha. El equipo jurídico del Ministerio de Defensa dejó en manos del Tribunal Administrativo del Cauca la decisión de cobrar si hay lugar a ello a un grupo de militares implicado en la masacre de Los Uvos, región rural de ese departamento, que el 7 de abril de 1991 cobró la vida de 17 campesinos.

Aunque la Nación no ha sido condenada por este hecho, debido a que apeló al mecanismo de la conciliación, el Ministerio decidió que las sumas convenidas con los familiares de las víctimas sean pagadas directamente por los responsables de la masacre.

No es único episodio. Los apoderados del Ministerio decidieron iniciar otro proceso contra un soldado ya retirado que el 18 de noviembre de 1990 dio muerte a uno de los compañeros mientras jugaba con su arma de dotación.

Por este hecho el Tribunal Administrativo de Antioquia tendrá que decidir si conmina al soldado retirado a pagar más de 30 millones de pesos.

En otro de los casos, de un total de 22, el despacho de asuntos castrenses busca obtener cerca de 25 millones de pesos, cuyo pago fue conciliado a raíz de la muerte de cinco campesinos sindicados de pertenecer a la guerrilla. El proceso se inició contra un capitán del Ejército.

En estos tres eventos el Ministerio de Defensa considera que los militares implicados actuaron con culpa grave y, por lo tanto, deben resarcir económicamente el daño causado.

La aplicación de este nuevo modelo de exigencia de responsabilidades se da en momentos en que los más encumbrados organismos internacionales de derechos humanos cuestionan severamente la violación al régimen de garantías individuales en Colombia.

Pero el modelo no es solamente coercitivo. Ministro y altos mandos decidieron intensificar una campaña de pedagogía sobre derechos humanos en las unidades militares y de policía. También los comandantes están siendo instruidos sobre la manera como operan las acciones de repetición.

La estrategia está liderada por el Comité para la Defensa Nacional integrado por ocho representantes del Ministerio y de la Policía Nacional. Los asiste un equipo de abogados que este año ganó el 65 por ciento de los pleitos iniciados contra la Nación.

El inicio del plan tiene como fecha de referencia el primero de enero de 1997. Esto significa que las acciones de repetición serán intentadas respecto a casos ocurridos durante el año que está a punto de terminar y otros que no hayan caducado (el plazo es de dos años).

Los Uvos El 7 de abril de 1991 en el sitio Puente de Fierro, sobre el río Guachicono, sector de Los Uvos, jurisdicción de Bolívar (Cauca), fueron asesinados 17 campesinos que se movilizaban en un bus escalera.

La masacre inicialmente fue atribuida a los guerrilleros de las Farc, pero la investigación y la exposición juramentada del soldado Juan Carlos Córdoba, hizo recaer la responsabilidad en una patrulla del batallón José Hilario López.

Córdoba, quien tomó parte en la masacre, dijo que él se limitó solo a cumplir órdenes superiores impartidas por el comandante de la patrulla .

Al proceso penal fueron vinculados por el hecho el teniente José Edilberto Cortés Valero y los soldados Luis Edgar Enríquez Ledesma, Wilson Certuche Hernández y John Jairo Castillo Vélez .

El Consejo Superior de la Judicatura determinó que los cuatro militares deberían ser juzgados por la justicia ordinaria.

Luego de la investigación disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Oficina de Investigaciones Especiales, solicitó a comienzos del presente año la destitución de tres oficiales y tres suboficiales del Ejército y la suspensión de un mayor y un cabo. La defensa apeló de la decisión.

El 4 de noviembre de 1993, el Tribunal Administrativo del Cauca condenó a la Nación a pagar tres mil gramos de oro, equivalentes a 27 942.000 pesos (para la fecha) por la muerte de los 17 campesinos. Luego hubo conciliación.

En la masacre murieron 14 hombres y tres mujeres que respondían a los nombres de Rubén Darío Joaquín, el conductor; Adán Ruano Daza, ayudante del bus; y los pasajeros Saúl Espinosa, Jenny Prieto Rengifo, Alejandro Salazar, Pastora García, Lisandro Nieves, Santiago Lasso, Hernán Mamián, Alfonso Chilito, Hernán Rosero, Libardo Nieves, Adrián López, Leoncio Mellizo, Wilson Dorado, Adriana López y el ingeniero Henry Suárez Villa.

La estrategia La justicia contenciosa administrativa será la que decida si acepta o no las acciones de repetición presentadas por los abogados del Ministerio de Defensa.

Por ejemplo, en el caso de los Uvos, el Tribunal Administrativo del Cauca decidirá en los próximos meses si un grupo de militares implicados en el hecho actuó o no con culpa grave o dolo.

Si acoge la acción, los militares afectados podrían pedirle al Consejo de Estado que se pronuncie sobre la sentencia adversa.

Si el Consejo de Estado confirma la decisión del Tribunal, los uniformados deberían meterse la mano al dril para pagar el porcentaje fijado por la justicia.

Si no lo hacen, la Nación podría incluso proceder a embargar sus bienes. Si el Tribunal no acoge la acción, el recurso sencillamente no prospera y no va al Consejo de Estado.

Los apoderados del Ministerio de Defensa adelantan 22 acciones de repetición, a través de las cuales buscan obtener el pago de cerca de 410 millones de pesos.

Inicialmente, el número de propuestas recibidas era de 163, cuya cuantía superaba los 2.632 millones de pesos. Toda la estrategia está liderada por el Comité para la Defensa Judicial del Ministerio de Defensa. En cuanto al pago de indemnizaciones, el Ministerio de Defensa trata de ponerse totalmente al día.

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