CORRUPTELA CON DINEROS PÚBLICOS

CORRUPTELA CON DINEROS PÚBLICOS

El saqueo al patrimonio público, con peculados, manejos ineficientes testaferratos y falsedad en documentos, se convirtió en uno de los puntos negros de 1997, a escasos meses de concluir la presente administración.

15 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

El zarpazo al bolsillo de los colombianos ha alcanzado hasta el momento sumas multimillonarias, las cuales se encuentran embolatados por culpa del desbarajuste del Estado.

De acuerdo con los principales casos que hoy investigan los organismos de la rama judicial, por lo menos un billón 200.000 millones de pesos se encuentran refundidos por obra de los malos manejos de los funcionarios públicos.

Las instituciones campeonas del colapso de la moral a nivel estatal son Caprecom, la Caja Agraria, el Sena, Ecosalud, Inurbe y Foncolpuertos.

Nunca antes en la historia del país el festín de los dineros públicos había cobrado la cabeza de varios gerentes, investigaciones en la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, la huída de varios funcionarios y actos de detención para otros exponentes de la clase política.

Caprecom Uno de los escándalos más grandes del presente año se presentó en Caprecom, donde el despilfarro alcanzó la suma de 120.000 millones de pesos por culpa del manejo irresponsable de intereses políticos que condujeron a esta institución a un descalabro total y a la detención de su director Hernán Mogollón.

Cuando se daba por descontado que el nuevo esquema de la seguridad social en el país, cuya columna vertebral es la ley 100 de 1993, contrarrestaría los actos de inmoralidad en el sector de la salud, estalló esta bomba de la malversación de las cotizaciones de los empleados y aportantes del ministerio de comunicaciones y de entidades adscritas al mismo, convirtiendo a Caprecom en uno de los más grandes focos de corrupción.

Como corolario de los abusos cometidos por funcionarios deshonestos, se aspira a que el hueco de Caprecom sea convertido en deuda pública, como quien dice sea cubierto con los impuestos de todos los colombianos, lo cual ha sido considerado por analistas económicos como una de las pretensiones más inequitativas e injustas contra los contribuyentes.

Desbarajuste agrario Como si lo anterior fuera poco, en la Caja Agraria, uno de los bancos más grandes del país, fueron aprobados y desembolsados préstamos millonarios a personas y entidades que no reunían las suficientes garantías, lo cual desembocó en la salida de su gerente general Benjamín Medina.

Los créditos ilegales en esta institución financiera sumaron un poco más de 11.000 millones de pesos. Además fueron autorizadas obligaciones crediticias por 22.642 millones de pesos, las cuales al momento de conocerse los resultados de la investigación tenían más de noventa días de vencidas, sin que se hubiesen enviado a cobro judicial.

Dentro de los hechos denunciados también figuraron sobregiros otorgados a Inversiones Géminis, empresa cuya razón social coinciden una de las que el gobierno de los Estados Unidos, la Superintendencia Bancaria y la Caja Agraria, incluyen en una lista de entidades relacionadas con el narcotráfico.

Otros zarpazos El asalto al patrimonio de los colombianos se extendió al Inurbe, donde se encuentran refundidos cerca de 42.000 millones de pesos.

Esta suma estaba destinada a promover uno de los programas bandera de la administración Samper: la política de subsidio de vivienda popular.

La mayor parte de los dineros de esta institución fueron colocados en cooperativas que atraviesan por una difícil situación financiera, han sido intervenidas o liquidadas.

Las investigaciones de la fiscalía arrojaron como resultado medidas de aseguramiento sin beneficio de excarcelación para el exgerente de la institución, Armando Moncaleano y el subgerente Armando Caicedo, así como la apertura de investigación contra los ex ministros de desarrollo Rodrigo Marín y Orlando Cabrales, los ex ministros José Antonio Ocampo y Cecilia López Montaño y el actual ministro de agricultura, Antonio Gómez Merlano.

El fondo de pensiones de los trabajadores portuarios, Foncolpuertos, también fue víctima de la voracidad de inescrupulosos funcionarios, entre ellos el gerente de la entidad, Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, esposo de la parlamentaria Marta Catalina Daniels, quien fue una destacada defensora del presidente Samper en el juicio de la Cámara de Representantes.

Rodriguez huyó durante varios meses a Cuba, pero posteriormente se entregó.

Se calcula que el hueco en este caso puede superar los 10.000 millones de pesos. A Rodríguez se le acusa por pagos irregulares a sindicalistas y ex trabajadores del terminal de Santa Marta, para lo cual se recurrió a distintos procedimientos, entre ellos a timbrar papelería falsa.

El caso de Ecosalud también reviste especial gravedad, pues cuando se creía que la plata de los juegos de azar se preservaría a favor de los hospitales, surgió uno de los más sonados escándalos de este año, debido a que el director Fabio Durán firmó sin licitaciones públicas contratos por 47.000 millones de pesos, entre ellos uno rescindido a última hora con la firma Gaming de la familia Manzur de Aruba, comprometida con la actividad de lavado de dólares.

Sobrecostos El Sena, que se había caracterizado por ser una de las entidades más serias del país, se vio este año envuelta en la ola de inmoralidad.

En esa entidad de capacitación se presentaron sobrecostos en compras, clientelismo y violación de normas disciplinarias.

Por ejemplo, hubo sobrecostos por 216 millones de pesos en la compra de 151 vehículos, en un contrato que ascendió a 3.637 millones de pesos.

También en el Sena se comprobó la adjudicación irregular de créditos de vivienda por 1.000 millones de pesos, mientras que el anterior director Alberto Lora Pedroza firmó y adjudicó diferentes contratos por valor de 1.200 millones de pesos, cuando ya no era el representante legal del instituto. Estas denuncias fueron hechas por el actual director, Rafael Ramírez Zorro.

De otra parte, el alicaído Incora no se queda por fuera de esta francachela y corruptela que está asfixiando a Colombia. Precisamente la semana pasada se conocieron denuncias en torno a presiones y favorecimientos en la adjudicación y adquisición de tierras.

Según una comisión del ministerio de agricultura y de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en cuatro departamentos del país se negociaron predios cuyos costos duplicaron su valor real dejando a las familias beneficiadas sin posibilidad de cancelar su crédito.

Para que expliquen las irregularidades cometidas en el Incora fueron citados para mañana por la comisión quinta dela Cámara de Representantes el ministro de agricultura, Antonio Gómez Merlano y la gerente general del instituto, Alba Otilia Dueñas.

Pero el festín de los dineros públicos no para allí, pues las ntidades oficiales tienen invertidos más de 800.000 millones de pesos en cooperativas, de los cuales por lo menos 200.000 millones están comprometidos, toda vez que se encuentran en instituciones que enfrentan serios problemas financieros.

Adicional a lo anterior, son numerosas las entidades oficiales que depositaron recursos en la compañía de financiamiento comercial Arfin S.A, hoy intervenida por el Estado. Se calcula que más de 15.000 millones de pesos se encuentran embolatados en este otro caso de irresponsabilidad y despilfarro con los dineros de los organismos estatales.

Analizado el panorama de saqueos al tesoro público, se concluye que no es gratuito el tercer puesto que le otorgan a Colombia en el campo de la inmoralidad, como tampoco parece exagerado para infortunio de los colombianos, el informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que señala que nuestro país está invadido en todas las esferas por la narcocorrupción.

Según la CIA el problema es mucho más delicado de lo que a primera vista parece, por cuanto la narcorrupción se ha apoderado prácticamente de todo el Gobierno colombiano.

El informe de más de 130 páginas, en el que se analiza la situación de corrupción en todo el continente, anota que en el caso colombiano los narcotraficantes han demostrado estar dispuestos a sobornar e intimidar a muchos funcionarios a todos los niveles cuando sienten que sus intereses están amenazados .

Sin embargo, la CIA reconoce que los narcos no han tratado hasta ahora de influir en el manejo de la política económica colombiana.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.