NARCODIÁLOGOS, DOBLE JUEGO MORTAL

NARCODIÁLOGOS, DOBLE JUEGO MORTAL

El presidente Virgilio Barco Vargas termina su travesía por un camino sembrado de cruces: 78 mil personas fueron asesinadas en los último 48 meses en Colombia. Ese rosario de muerte fue la prolongación de una violencia que ya sacudía al país de tiempo atrás.

06 de agosto 1990 , 12:00 a.m.

El Gobierno tuvo sobre el tapete elementos suficientes para prever el huracán que se venía. Pero no se tomaron las previsiones necesarias. De ahí, el brusco giro dado al arrear la bandera inicial de lucha a la pobreza absoluta, para empuñar la de la guerra al narcotráfico.

La historia deberá auscultar en los narcodiálogos, porque en ese doble juego de negociar y perseguir a los narcotraficantes, debe estar buena parte de la explicación de este torbellino. El presidente Barco, en las más auténtica versión de la magia de Macondo, podría afirmar que entrega a César Gaviria un país en paz... Y no diría mentiras.

Esa realidad la simbolizan más allá de los acuerdos con el M-19 y el EPL, el silencio de los terroríficos fusiles del Cartel de Medellín y el anuncio de Fidel Castaño, gran jefe paramilitar, de desmontar su temible organización armada.

Sinembargo esa es una paz efímera y temporal. Levantada sobre las tumbas de 78 mil colombianos asesinados en los últimos 48 meses, según cifras de la Sección de Investigaciones Criminológicas de la Policía.

Pero, hasta dónde la responsabilidad de esta administración? Cuáles las equivocaciones del Presidente? Por qué tanto desmadre? En primera instancia habría que decir que la espiral de la muerte venía de atrás. La violencia de estos cuatro años fue el zumo de otras: una prolongación deformada con el boleteo, el secuestro y el crimen de civiles y militares de la lucha ideológica y política de la guerrilla de los años 60 y 70; la que, a su vez, se cocinó entre las cenizas de la violencia liberal-conservadora de los años 40 y 50...

Sinembargo, esa es solo una de las variantes que alimentó el horror que nos sacudió en los últimos cuatro años, expresado en las masacres indiscriminadas; el exterminio de la Unión Patriótica, el asesinato de tres candidatos presidenciales; la violencia desde el Estado; los 19 carro-bombas, los 125 atentados dinamiteros contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Cambio de frente Barco emprendió su travesía, el 7 de agosto de 1986, empuñando una bandera: la lucha contra la pobreza absoluta. Después, obligado por la dinámica de los hechos, tuvo que izar otras velas, las de la guerra al narcotráfico.

Desde las primeras de cambio esta administración defendió un postulado: el desarrollo material era la antítesis necesaria para detener el desangre. De ahí la convicción, casi que evangélica, de que el asunto era atacar la pobreza absoluta en la Colombia rural y olvidada.

Esa estrategia tenía validez apenas parcial. Miraba el fenómeno de la violencia guerrillera en espacios rurales. No consideró, y esa fue una grave equivocación, que el país se había urbanizado, desarrollando nuevos focos de violencia en los cordones de miseria de las grandes ciudades. Ahí ya hervía el sicariato, alimentado por el dinero del narcotráfico.

Además, el loco molino de la violencia ya había mostrado sus muchas aspas: el crimen de Rodrigo Lara Bonilla, la noche del 30 de abril de 1984; y el del juez Tulio Manuel Castro, 14 meses después, enseñaron las garras de los narcos. Esos dos asesinatos uno contra el poder ejecutivo y otra contra el poder judicial eran mucho más que un campanazo de alerta.

Tiempo atrás luego del secuestro de Marta Nieves Ochoa (noviembre 12 de 1981) la mafia creó el terrible grupo Muerte a Secuestradores (MAS), padre putativo de los paramilitares que vendrían a sembrar el terror en las masacres colectivas, y en el genocidio de la Unión Patriótica, fenómenos que florecieron en la administración Barco.

En esos crímenes sin rostro se fusionaron intereses ideológicos y militares de miembros de las Fuerzas Armadas y de sectores de extrema derecha con intereses económicos y de seguridad de hacendados, terratenientes y narcotraficantes.

Hay más, casi que en el mismo partidor, nuevos anuncios dijeron a Barco y sus hombres hacia dónde iban las cosas: así ocurrió con el magnicidio de Guillermo Cano, quien fuera ejecutado el 17 de diciembre de 1986, cuatro días después de que la Corte tumbara la extradición. El presidente Barco miró, casi que de reojo, las nuevas formas de violencia durante los tres primeros años de su mandato. Convencido de que su esquema de macroinversiones para combatir la pobreza absoluta y su posición, de auténtico liberal, de permitir y hasta estimular las protestas y reclamos, que tuvieron su mayor expresión en las marchas campesinas, eran antídotos suficientes. Por ahí no Pero la realidad como un bumerán le advirtió a los hombres del Presidente, la noche oscura del último 18 de agosto, que caminaban por otros senderos. Sobre el cadáver de Luis Carlos Galán despegó la guerra al narcotráfico.

Hoy el balance de esa guerra muestra unas cifras tristes: tres centenares de víctimas de los carro-bombas, 250 policías asesinados, quince mil millones de pesos en pérdidas.

Pero, aunque a un precio demasiado alto en sangre, algo se consiguió: se debilitó a fondo el poder casi que imperial de la mafia, se tomó conciencia de la gravedad del fenómeno que ahora se analiza más en profundidad y, además, mejoramos nuestra cara y el tono de la discusión en la arena internacional.

Al tiempo se desnudaron las falencias del Estado: infiltración de la mafia en algunos niveles de los organismos de inteligencia, de la Policía y del Ejército; luchas de poder y de protagonismo entre tales organismos; falta de preparación técnica y logística para combatir el narcoterrorismo...

Pero el debate que se prolongará en el tiempo no es del resultado de la narcoguerra que aún no concluye y que el país espera que César Gaviria y sus hombres resuelvan.

Lo que está por aclarar es la responsabilidad de esta administración por el manejo que dio a los narcodiálogos.

Es un secreto a voces que el magnicidio de Luis Carlos Galán fue, de cierta manera, la cuenta de cobro que los narcos pasaron al Estado colombiano por su doble juego en las eventuales negociaciones.

Para la historia queda el testimonio, no rebatido aún con claridad, de Joaquín Vallejo Arbeláez, quien aseguró que en ocho o nueve ocasiones se reunió con Germán Montoya en Palacio, en su calidad de intermediario, para alcanzar un acuerdo Gobierno-narcos, llegando hasta elaborar un borrador con tal fin.

También queda el recuerdo de las palabras presidenciales de la noche del primero de septiembre de 1988, al proponer la Iniciativa para la Paz: Podemos decir, en términos sencillos, que hay una violencia relacionada con los grupos alzados en armas y otra que no tiene que ver con la subversión. A estas dos grandes manifestaciones de perturbación de la tranquilidad pública está dirigida esta iniciativa .

Según esas palabras el presidente incluía, de manera indirecta, al narcotráfico en su intención de negociación. Quiénes, si no los narcotraficantes, formaban la otra gran vertiente de la violencia colombiana al lado de la guerrilla.

El itinerario pareció repetirse, casi que calcado, luego de la segunda versión de los narcodiálogos , tras el secuestro del hijo de Germán Montoya, en diciembre de 1989, esta vez con la participación de Los Notables. Esos intentos también terminaron mal y otra vez la narcoguerra cobró vuelo.

Y mientras los disparos arreciaban, cayeron Bernardo Jaramillo Ossa, primero, y Carlos Pizarro Leongómez, después. Quiénes y por qué asesinaron a dos hombres que, sin lugar a dudas, oxigenaban una democracia anquilosada en los baúles de los dos partidos tradicionales...? El general Miguel Maza Márquez, consciente de todo lo que se juega con sus pronunciamientos, asegura que detrás de estos crímenes está Pablo Escobar Gaviria, cobrando al establecimiento su declaración de guerra frontal.

Para otros, entre ellos Antonio Navarro Wolff y la dirigencia de la Unión Patriótica, la cosa no es así. Más bien se inclinan a pensar, sin asegurarlo, que una sólida organización de extrema derecha está detrás de esos asesinatos.

Lo cierto es que para el registro de estos cuatro años quedan marcados, como con hierro candente, esos dos asesinatos que enseñaron que la apertura política es todavía apenas un discurso, una realidad pegada con babas.

Barco, o tal vez Colombia, o ambos, tienen el mérito de no haber sucumbido a esta terrible prueba. El país no se ahogó después de tan dramáticos golpes que, sumados al magnicidio de Galán y a la guerra narcoterrorista, hubieran destrozado a cualquier otra sociedad. Y de don Jacobo qué En otra perspectiva de la violencia, la de la guerrilla, los registros indican que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) multiplicaron sus frentes, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ingresó al árido terreno del terrorismo, volando el oleoducto con inusitada frecuencia.

La respuesta militar a esa escalada no fue suficiente. Lo cierto es que, más allá del discurso propagandístico de grandes victorias en que por momentos se embarcaron algunos generales de las Fuerzas Armadas, estas dos guerrillas aumentaron su espacio físico.

Pero Barco y su equipo ganaron en el terreno político. La propuesta de paz de esta administración y los esfuerzos hechos desde el Plan Nacional de Rehabilitación tuvieron mucho que ver en la pérdida radical de imagen que sufrieron ambos grupos.

Así, dentro de un panorama complejo y delicado, pero con plena vigencia de una paz macondiana, se va el presidente Barco, el mandatario del mechón blanco y las salidas inesperadas.

Será la historia la que desande el camino de manera objetiva para ver, sin el inmediatismo de la contemporaneidad, la tarea de Barco en este complejo ciclo de la vida colombiana... El reino de la impunidad Los violentos, usando el soborno o el terror y aprovechando el parcial abandono en que el Estado tiene a ese sector, convirtieron a la justicia casi que en su aliado incondicional.

Cuatro decenas de jueces y funcionarios de la rama fueron asesinados, en los últimos 48 meses, por haberse decidido a adelantar investigaciones por crímenes, la mayoría de ellos ejecutados por los narcotraficantes.

De los 500 mil millones de pesos que se invirtieron en el sector durante la administración Barco, sólo un diez por ciento fue inversión. El resto, funcionamiento.

Hoy los jueces adelantan 1 200.000 procesos penales en los que no hay detenido alguno. Algo así como jugar un partido de fútbol sin que haya balón.

De cincuenta procesos por las masacres que han sacudido a Colombia, solo en una, la de La Rochela, se ha llevado a feliz término la investigación, con condenados a bordo.

Los 60 jueces de orden público --encargados de manejar investigaciones por narcoterrorismo y terrorismo guerrillero-- tienen entre sus manos 10.000 procesos, en los que los fallos no alcanzan aún al 15 por ciento de ese total.

De los 2.000 procesos que se adelantan por bienes incautados en la guerra al narcotráfico, no hay hasta ahora un solo fallo definitivo.

La extradición, temida espada de Damocles por los narcotraficantes, más allá de las connotaciones políticas que tiene el tema, simboliza, como lo ha dicho César Gaviria Trujillo, la crisis de la Justicia colombiana.

Sobre esa crisis cabalgó durante estos cuatro años una violencia, sin Dios ni ley. Violencia oficial La imagen de oficiales y soldados disparando contra civiles, la mañana del 5 de julio de 1989, en los Altos del Portal al norte de Bogotá, enseña el rostro de la violencia oficial al servicio de oscuros intereses.

Ese hecho, que terminó en Consejo de Guerra, no se puede calificar de aislado. También en Trujillo (Valle), miembros de las Fuerzas Armadas han sido sindicados de participar en el genocidio de campesinos que sacudió a esa población, a comienzos de este año.

Otro tanto ocurrió en la masacre de Segovia donde Ejército y Policía pecaron por omisión, mientras comandos armados masacraban a la población inerme.

La procuraduría recibió durante el último año 3.753 quejas por violación de los derechos humanos. La mayoría de esas denuncias comprometen a militares y civiles al servicio del Estado. Valencia Tovar: un balance favorable El general (r) Alvaro Valencia analiza así la gestión de la administración Barco: El orden público abarca un ámbito sumamente amplio. Por sectores se puede hacer esta síntesis: Narcoterrorismo: se dice que hubo una guerra mal planteada por el Gobierno. El narcotráfico fue el que la declaró y el Gobierno respondió en la única forma posible. Aunque el balance no puede considerarse una victoria, creo que se avanzó en forma decisiva y se rescató nuestra imagen moral a nivel internacional.

Guerrilla: se recibió una herencia bajo la forma de un proceso de paz fracasado con la toma del Palacio de Justicia y la reanudación de ofensivas guerrilleras. Sinembargo, Barco estructuró un plan de paz con condiciones impuestas por el Estado. El M-19 se reincorporó a la normalidad y avanzan los diálogos con el EPL. Se crearon gobiernos militares en Caquetá, Arauca y Urabá que respondieron con creces al sistema empleado. Esas regiones están transformadas. El ELN atentó contra oleoductos de inmensa longitud, imposibles de cubrir, y en una geografía muy difícil, en donde el éxito ha sido parcial y contrarrestado por la violencia guerrillera.

Paramilitares: el error ha sido generalizar el término y aplicarlo igual a autodefensas de origen legítimo y a agrupaciones que llegaron a la delincuencia. Urabá y Córdoba, focos del paramilitarismo, fueron casi que pacificados. La Brigada Movil en Córdoba logró efectos contundentes.

La violencia es un complejo problema con muchos ingredientes, aun así la acción de la administración Barco arroja un balance favorable . Más lección que victoria El dramático itinerario del cadáver de Gonzalo Rodríguez Gacha primero tirado en un zaguán del viejo hospital de Sincelejo, luego enterrado en una fosa común y después exhumado y vuelto a enterrar en Pacho encierra el triste final que correspondió a quien fuera considerado uno de los hombres más ricos del mundo.

A ese recorrido se suma el trágico cuadro familiar, que escribió Freddy, un muchacho de 19 años, quien murió junto a su padre, ese mismo 16 de diciembre.

Más allá de la victoria que pueda representar para el Estado la muerte de quien fuera el más grande gestor del narcoterrorismo, la forma en que terminó la existencia de el Mexicano deja una sabia lección escrita por la naturaleza, o el destino o Dios, o ...

La sencilla y elemental sentencia de que quien mal anda mal acaba tuvo cabal expresión... HOMICIDIOS 1986: 1 de septiembre: asesinado el senador de la U.P. Pedro Nel Jiménez, en Villavicencio. 17 de diciembre: Guillermo Cano, director de El Espectador, en Bogotá. Septiembre 17: Raúl Echavarría Barrientos, subdirector de Occidente, en Cali. qr] 26 de agosto: Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, profesores universitarios, en Medellín. 11 de octubre: Jaime Pardo Leal, presidente de la U.P, en La Mesa. 1988: 25 de enero: Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación, en Medellín. 1989: 3 de marzo: José Antequera, dirigente de la U.P., en Bogotá. 4 de julio: Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, en Medellín. 18 de agosto: Luis Carlos Galán Sarmiento, en Soacha. 3 de octubre: Monseñor Jesús Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca, en Arauca. qr] 22 de marzo: Bernardo Jaramillo Ossa, presidente de la UP y candidato presidencial, en Bogotá. 26 de abril: Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial del M-19. GENOCIDIOS 1986: 11 de noviembre: matanza de Pozzeto, Campo Elías Delgado asesina 27 personas. qr] 16 de junio: las FARC dinamitan convoy militar en Caquetá, mueren 27 soldados. qr] 4 de marzo: asesinan 22 trabajadores bananeros de las fincas La Negra y Honduras en Urabá. 3 de abril: 38 personas fueron asesinadas en La Mejor Esquina (Córdoba). 24 de agosto: las FARC y el EPL se toman la población de Saiza (Córdoba). Mueren 10 soldados, 4 policías y 12 civiles. 12 militares y 11 policías son secuestrados. 31 de agosto: en El Tomate (Córdoba), asesinaron 12 campesinos. 11 de noviembre: 43 muertos en masacre en Segovia (Antioquia). qr] 18 de enero: mueren asesinados 12 funcionarios judiciales en La Rochela, Magdalena Medio santandereano. NARCOTERRORISMO 1988 12 de enero: carro-bomba contra el edificio Mónaco de Pablo Escobar en Medellín. 22 de noviembre: carro-bomba en Bogotá contra el ministro de defensa, general Manuel Jaime Guerrero Paz; mueren tres de sus escoltas. 1989: 30 de abril: estalla carro-bomba en Bogotá contra el director del DAS, general Miguel Alfredo Maza Márquez, 6 muertos y más de 50 heridos. 2 de septiembre: atentado dinamitero contra El Espectador, en Bogotá. 16 de octubre: explota carro-bomba en la sede de Vanguardia Liberal en Bucaramanga, con saldo de 4 muertos y 6 heridos. 27 de noviembre: atentado contra un avión de Avianca, 111 muertos. 6 de diciembre: bus-bomba en el DAS de Bogotá, 69 muertos y más de 100 heridos. qr] 12 de mayo: carro-bomba en el Quirigua en Bogotá, con saldo de 15 muertos y más de 50 heridos. Junio 28: carro-bomba en Medellín, frente a las instalaciones de la Policía Metropolitana: 16 muertos.

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