AÚN NO MEDIMOS EL PRECIO SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN

AÚN NO MEDIMOS EL PRECIO SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN

En Colombia existe ya conciencia pública sobre el auge de la corrupción administrativa, pero el problema ha sido mirado exclusivamente desde una óptica moral y nadie se ha ocupado a fondo de estudiar sus consecuencias de orden económico, político y social. Así lo plantea el procurador general de la nación, Alfonso Gómez Méndez, en un informe enviado al presidente Virgilio Barco Vargas, a dos días de concluir su actual administración.

05 de agosto 1990 , 12:00 a. m.

En el documento, que contiene un amplio balance de la gestión fiscalizadora de esa entidad y varias propuestas para fortalecer su control sobre todas las esferas del Estado, Gómez sostiene que hasta ahora no se ha medido en Colombia el precio social de la corrupción , ni ha sido analizado su pernicioso efecto sobre la estabilidad del sistema democrático.

Tras advertir que los dineros malversados han retrasado la construcción de escuelas, hospitales, acueductos, lo mismo que el impulso de otras obras de desarrollo, se pregunta: Qué decir de los logros , que por la vía de la corrupción a funcionarios públicos, alcanzó el tráfico de estupefacientes, hasta poner en grave peligro la misma solidez del régimen democrático colombiano? .

Destaca que en este sentido la lucha contra el enriquecimiento ilícito, impulsada por su despacho a través de la Oficina de Investigaciones Especiales, está llamada a llenar los vacíos de orden probatorio en un país donde nadie confiesa la comisión de los delitos de cohecho y concusión.

Para sustentar su afirmación, dice luego que la norma que tipificó ese delito es una herramienta jurídica, que utilizada prudentemente y sin incurrir en cacería de brujas puede ser eficaz en la cruzada contra la inmoralidad, como quiera que parte de bases objetivas: el funcionario público debe explicar al Estado el origen del aumento desproporcionado de sus bienes .

Esta no debe ser desde luego labor solitaria de un Procurador, sino que debería ser empresa de los partidos políticos y de la sociedad entera , agrega. Falsa solidaridad El Procurador dice que la violación de los derechos humanos sigue siendo un fenómeno impactante, cuyas cifras son realmente desalentadoras.

Precisa que durante el último año la Procuraduría Delegada de los Derechos Humanos recibió 3.753 quejas por lo distintos tipos de violaciones en esta materia e inició 1.785 indagaciones preliminares, en muchas de las cuales ya se han formulado cargos.

Recuerda entre los principales episodios investigados y sancionados por la Procuraduría la desaparición de 42 campesinos en Pueblo Bello, en la zona de Urabá; la desaparición y posterior homicidio de veinte personas en Trujillo (Valle) y la muerte de cinco labriegos en Puerto Valdivia (Antioquia).

A su juicio, si bien estos casos no corresponden, como se sugiere en algunos informes de entidades internacionales, a una política de Estado, su simple ocurrencia debe preocupar hondamente a quienes tenemos responsabilidades en la conducción de los asuntos públicos .

Los excesos, abusos, las acciones francamente criminales deben ser repudiadas y castigadas, sin pretender ampararlos, ni en la razón de Estado, ni en mal entendido espíritu de solidaridad de cuerpo , enfatiza.

Para el Procurador, a Colombia le ha hecho mucho daño la tendencia a impedir el establecimiento de responsabilidades a título individual presentándolo como un ataque a las instituciones, lo que en cualquier Estado democrático se entendería como prueba de su pleno funcionamiento.

Destaca también que las bondades para el ejercicio del Ministerio Público se han derivado de la Ley Cuarta de 1989, que reestructuró el funcionamiento de la Procuraduría.

Explica que la aprobación de la Ley, defendida ante el Congreso por el entonces ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds, conducirá al fortalecimiento de las procuradurías departamentales y a la creación de las provinciales y permitirá trasladar al organismo fiscalizador el irreversible proceso de descentralización del país .

Dado el carácter de defensor de los intereses públicos y de las libertades ciudadanas, la Procuraduría debe estar al alcance de todos los colombianos y particularmente de aquellos que habitan en sitios distintos a los llamados centros de poder , escribe Gómez. Régimen disciplinario Respecto a la vigilancia de la conducta de los empleados públicos, Gómez es enfático: Debemos decir con toda claridad que hasta ahora el régimen disciplinario no ha servido para corregir los males fundamentales de la administración pública y de justicia .

Indica que casi que ese control se ejerce sobre aspectos meramente formales: la falta de un sello, la ausencia de una firma, la expedición de unas copias, la negativa a contestar una petición, entre otros, pero casi nunca comprende los aspectos verdaderamente graves, vinculados a la moralidad y eficiencia administrativas. Anuncia enseguida la presentación al Congreso de un proyecto de ley reformatorio del régimen disciplinario, en el que sin desconocer las garantías al funcionario acusado, se permite fallar prontamente, aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.