EL MARCAPASOS DE LA LEY DE ALTERNATIVIDAD PENAL

EL MARCAPASOS DE LA LEY DE ALTERNATIVIDAD PENAL

Fue sorpresivo, como el salto de la liebre, el proyecto de alternatividad penal que, según sus críticos, está hecho a la medida de los reos del proceso 8.000?

14 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

Si quien busca respuesta a ese interrogante se atiene a la verdad cronológica encontrará que no: el proyecto estaba radicado hace un año en el Congreso y pocos dijeron algo cuando el presidente Samper envió mensaje de urgencia para su aprobación.

Esta es la historia de la gestación de un proyecto complejo, cuya suerte depende ahora de lo que diga el Senado de la República: La incubación 12 de diciembre de 1996: El entonces ministro de Justicia, Carlos Medellín Becerra, radica en la secretaría del Senado el proyecto de alternatividad penal.

En su exposición de motivos comenzaba diciendo lo siguiente: Se propone a través de este proyecto de ley la reforma de la Ley 65 de 1993, con el fin de adoptar mecanismos jurídicos, idóneos y prácticos acordes con las exigencias de la criminalidad actual y el alto índice de hacinamiento que reportan los Centros Carcelarios del Inpec.

Es urgente... Primero de abril de 1997: El presidente Ernesto Samper Pizano envía al Congreso el mensaje de urgencia para la aprobación del proyecto. Su argumento básico es de la necesidad de descongestionar las cárceles.

ADVERTENCIA 22 de abril de 1997: El ministro de Justicia, Carlos Medellín, les envía una carta a los ponentes de la iniciativa según la cual el proyecto no contempla beneficios para los procesados por los delitos de la justicia regional, contra la libertad sexual ni los contemplados en el Estatuto Anticorrupción.

Los comisionados 6 de mayo: Los presidentes de las comisiones primeras de Senado y Cámara designan una subcomisión que encargaría de adobar el proyecto.

La subcomisión tuvo las luces, entre otros congresistas, de Carlos Espinosa, que durante los últimos dos años refutó en cuatro ocasiones las acusaciones que le hizo Guillermo Pallomari de haber recibido aportes del cartel de Cali, y de Carlos Alonso Lucio, recordado por sus visitas a los hermanos Rodríguez en prisión.

No se puede medir 7 de julio: Es citado el Consejo de Política Criminal para estudiar el tema. La reunión no se realiza, pero en un diálogo informal con otros funcionarios el Procurador General de la Nación da un campanazo de alerta al decir que no era posible medir, de buenas a primeras, las consecuencias que tendría un proyecto tan denso.

Inconveniente 27 de noviembre: Ante consultas del Gobierno, el Fiscal General de la Nación consideró inoportuno el proyecto, se declaró partidario de aplazarlo y abogó, en su lugar, por la formulación de una política criminal integral.

Por aquellos días la ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo, promovió una serie de reuniones en la oficina del presidente del Senado a las que asistieron, solo de manera transitoria, congresistas opositores al proyecto, entre ellos Luis Guillermo Giraldo y Claudia Blum. No hubo, sin embargo, consenso para retirar el proyecto. Giraldo dijo que era peligroso, pero no volvió a las reuniones , recuerda uno de los asistentes a ella.

La víspera 1 de diciembre: Ese martes la ministra de Justicia fue presurosa a la Casa de Nariño para hablar con el presidente Samper. Le previno a cerca de que al día siguiente el proyecto estaría simultáneamente en las plenarias de Senado y Cámara y le dijo que a ella le quedaría muy difícil atender sola esos dos frentes.

Qué lleva el proyecto? Hay algo recuperable? , le preguntó el Presidente. Cuando ella le dijo que consagraría normas peligrosas , él llamó a los presidentes de las dos corporaciones para que consideraran la posibilidad de aplazarlo.

El día D Martes 2: La ministra habló a primera hora con el presidente del Senado, Amylkar Acosta, para pedirle que no incluyera la iniciativa en el orden del día. Le van a dar un pupitrazo , le dijo angustiada . Este le contestó que lo haría si ella conseguía que el ponente, Carlos Espinosa, presentara una proposición aplazándola.

Ni de riesgos , dijo inicialmente Espinosa, aduciendo que no podía perder todo el trabajo que le había implicado el tema ni ser inferior a las expectativas que se habían creado alrededor. Ante la insistencia, moderó un tanto su posición y anunció que si la Cámara lo aplazaba, él intentaría hacer lo mismo en el Senado.

Con todo, la Cámara abrió el debate y resultó con la fórmula sorpresiva que proponía beneficios judiciales que, según sus críticos, fueron hechos a la medida de los reos del proceso 8.000.

Los cambios fueron propuestos sobre el esquema planteado por el Gobierno en diciembre de 1996, pero aquel día los congresistas adeptos a los beneficios tenían otro as bajo la manga: un proyecto de 60 artículos mucho más franco en cuanto al tema de las excarcelaciones masivas.

Entonces la disyuntiva que planteó ese día el representante caucano Jesús Ignacio García, uno de sus principales promotores, fue: o el Gobierno respalda las modificaciones propuestas o se vota a pupitrazo el de 60 artículos.

El 2 y después...

Ese martes el Gobierno, según lo proclamó la Ministra de Justicia, logró meter un artículo en el que se exceptuaba a los condenados por secuestro del disfrute de ese beneficio. Lo hizo, entre otras cosas, porque la Ley 40 de 1993 consagra que no habrá rebaja en las penas para ese delito.

Pero ni a los representantes del Gobierno ni a ningún congresista se les ocurrió hacer más larga la lista de excepciones para incluir allí, por ejemplo, al narcotráfico y el enriquecimiento ilícito.

Nadie ha querido sacar del escenario de lo anecdótico un episodio ocurrido aquel día en la plenaria de la Cámara: un funcionario del Gobierno le dijo a un congresista que propusiera esas excepciones y éste le respondió: No, no, no... porque me quiebran .

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