CARGOS POR CHUZADAS DEL GAULA EN MEDELLÍN

CARGOS POR CHUZADAS DEL GAULA EN MEDELLÍN

La Procuraduría formuló pliego de cargos a doce integrantes de la Policía Nacional que laboran en el Gaula de Medellín por su presunta participación en la interceptación ilegal de 2.020 líneas telefónicas en esa ciudad entre 1997 y el 2001.

19 de noviembre 2001 , 12:00 a. m.

La Procuraduría formuló pliego de cargos a doce integrantes de la Policía Nacional que laboran en el Gaula de Medellín por su presunta participación en la interceptación ilegal de 2.020 líneas telefónicas en esa ciudad entre 1997 y el 2001.

Deben responder por esas irregularidades, los ex comandantes del Gaula Medellín coronel Mauricio Alfonso Santoyo Velasco y el teniente coronel Germán Eduardo Flórez Sánchez; los mayores Luis Omar Sánchez Martínez y Hermizul Orozco Espinosa.

También los capitanes Hervey Gerardo Grijalva Suárez, César Augusto Pardo Salcedo, Nelson Baracaldo Caballero ex jefe del grupo antiextorsión y los suboficiales encargados de la sala de inteligencia, sargentos José Emiliano Piza Reyes y Areley de Jesús Durango.

De igual forma están acusados por la Procuraduría, los agentes Luis Carlos Alvarez Jiménez, el subintendente Bermín de Jesús Patiño Holguín y el dragoneante Wilson Antonio Aranda Hernández.

Los argumentos.

Para la Procuraduría, los integrantes del Gaula de la Policía en la capital antioqueña al intervenir de manera ilícita las comunicaciones, pusieron en peligro la legitimidad del Estado.

Se pierde credibilidad frente a los ciudadanos, quienes ven cómo las autoridades, violando los más elementales principios, intervienen en sus vidas privadas, así sea para adelantar investigaciones de carácter criminal, sin el cumplimiento de los requisitos legales , dice uno de los apartes del pliego de cargos.

La investigación del Ministerio Público se inició a raíz de las denuncias y posteriores hallazgos de la Fiscalía por la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Angel José Quintero Mesa, activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfades), ocurrida en Medellín el 6 de octubre del año pasado.

De ellos aún no se sabe nada, pero en su búsqueda la Fiscalía encontró la interceptación ilegal de más de dos mil líneas telefónicas, pertenecientes a diferentes ONG, defensores de derechos humanos y ciudadanos particulares.

Las interceptaciones se hicieron a través de órdenes judiciales falsas que fueron manejadas por el Gaula, aparentemente, con pleno conocimiento de sus comandantes y de los funcionarios encargados de esa labor en las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

La Procuraduría también le formuló pliego de cargos al supervisor de las EPM Jorge Bastidas Abril, encargado del trámite interno de las solicitudes de interceptación de comunicaciones ordenadas por las autoridades judiciales.

Investigación penal.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria a los mismos oficiales y suboficiales desde abril de este año.

Deben responder como presuntos responsables de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y falsedad material de empleado oficial en documentos públicos y privados.

El concierto para delinquir, señala la Fiscalía, se evidencia en la cuidadosa planeación que hicieron los investigados para detectar, ubicar e interceptar a cada una de las líneas telefónicas por las cuales se pretendía rastrear actos ilícitos.

En cuanto a la interceptación de comunicaciones, los investigadores pedirán explicaciones sobre esas actuaciones por cuanto las leyes vigentes tienen claro que esas actividades no se pueden realizar sin la autorización expresa de las autoridades, en este caso de la misma Fiscalía.

Pero lo que más impactó no solo a la Fiscalía sino a la misma Procuraduría, fue la manera cómo fueron falsificadas las autorizaciones para poder intervenir las dos mil líneas telefónicas.

Por eso, los acusados tienen que responder por falsedad en documento público por parte de autoridad oficial, situación que para los investigadores tal vez sea lo más grave del caso.

Hace unos meses la Fiscalía ordenó capturar a cuatro ex miembros del Gaula: el capitán Nelson Baracaldo Caballero, los sargentos José Emiliano Piza Reyes, Arley de Jesús Durango y el agente Luis Carlos Alvarez Jiménez.

EL CTI de Antioquia también capturó al jefe de seguridad de las Empresas Públicas de Medellín, Rodrigo Bastidas Abril.

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