EL CONTROL ESTATAL

EL CONTROL ESTATAL

Señor Director: He leído con gran interés el editorial de EL TIEMPO del 22 de octubre, que se ocupa del tema educativo. Sin duda, se hacen en él valiosos análisis e importantes observaciones que debemos considerar con atención quienes estamos comprometidos en la consecución de una mejor educación para todos los colombianos.

25 de octubre 1997 , 12:00 a.m.

En la antesala del nuevo milenio, la educación se reconoce como la causa principal de los avances que conocemos como desarrollo. Con satisfacción, observamos cómo todos los sectores sociales y económicos van tomando conciencia de su carácter estratégico en la construcción del progreso y de la paz entre nosotros. Empieza así a realizarse una de las metas más ambiciosas planteadas por el Plan Decenal de Educación: convertir la educación en prioridad nacional y motivar la movilización y la participación de toda la sociedad, como estrategia fundamental para llevar a cabo las realizaciones educativas que el país necesita.

La Constitución Política de 1991 define la educación como un derecho fundamental y como un servicio público que tiene una función social. Afirma, igualmente, en su artículo 67 que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo .

A partir de la nueva Constitución y de la Ley 115 de 1994 se estableció un nuevo ordenamiento para la fijación de las matrículas y pensiones de la educación privada, a la vez que se definió como responsabilidad del Ministerio de Educación el desarrollo normativo a este respecto. La reglamentación que se ha expedido ha respondido a la necesidad de ajustar progresivamente el comportamiento de los costos educativos al necesario equilibrio entre los colegios privados, los padres de familia y los intereses propios de la sociedad colombiana.

Lo ideal sería que el mercado educativo permitiera el libre juego de oferta y demanda y, por tanto, competencia perfecta, y como tal, que esta teoría económica se aplicara sin restricciones. Pero este no es el caso de Colombia. En nuestro mercado educativo, que es imperfecto, el Estado debe actuar basado en el principio de equidad.

Los propósitos de expansión y de mejoramiento de la calidad deben considerar la responsabilidad social que tiene la educación. La experiencia de los años de 1996 y 1997 ha demostrado que los costos educativos tienen una profunda incidencia en el costo de vida de los colombianos. De acuerdo con el Dane, la reducción de la inflación durante 1997 se debe en cerca de un 20 por ciento a la disminución del incremento del grupo educación, en el cual el 70 por ciento tiene su origen en los incrementos moderados de las matrículas y pensiones. Esto constituye un indicador claro de la importancia que el comportamiento de los costos de la educación privada tiene para los usuarios del servicio, para sus familias y para la política macroeconómica del Gobierno Nacional. Debo decir con claridad que, en la reducción significativa de los costos educativos, el sector privado ha sido nuestro socio y no nuestra contraparte.

En la conjunción de estos intereses no podemos abogar por un control estatal absoluto de matrículas y pensiones, que sería paralizante e ineficiente, ni resulta factible una liberalización total de las mismas, sino que tenemos la obligación de encontrar entre todos un justo equilibrio en la evolución de los costos, para beneficio de la educación de los colombianos. Tenemos que diseñar en equipo propuestas novedosas para la resolución de las necesidades financieras del sector privado educativo.

El Ministerio de Educación mantiene su práctica de diálogo y acercamiento con el sector privado educativo, así como espacios de consulta y de concertación. La educación es un derecho fundamental de los ciudadanos, es un servicio público que cumple una función social y vivimos en una República fundada en la prevalencia de interés general sobre el particular, donde los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás. Tenemos que ser capaces de encontrar entre todos el gran acuerdo para establecer un servicio educativo de buena calidad.

Luis Carvajal Basto Ministro de Educación Nacional (e)

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