RESTABLECIMIENTO DE LA JUSTICIA

RESTABLECIMIENTO DE LA JUSTICIA

La visita del presidente electo a la Corte Suprema de Justicia obedeció, según él lo declarara, al propósito de reafirmar el principio constitucional de la colaboración armónica de los poderes públicos. Tenía, además, el valor simbólico de cerrar el capítulo amargo que culminó con la destrucción de su sede y el sacrificio de doce magistrados doce grandes jueces de la República en quienes se encarnaba la majestad de la ley. A partir de entonces, hubo manifiesto distanciamiento entre las dos ramas, aunque ministros acuciosos se esforzaran por cerrar la brecha. Nuevos episodios en los cuales más jueces resultaron víctimas, contribuyeron a acentuar la sensación de desamparo, de tiempo atrás provocada por la insuficiencia presupuestaria y la falta de elementos indispensables para el oficio de administrar Justicia.

02 de agosto 1990 , 12:00 a. m.

La rama jurisdiccional se sentía de clase secundaria. Exiliada en edificios alquilados de emergencia. Amenazada de continuo por la criminalidad. Escasa de útiles de escritorio y de herramientas para cumplir su misión. Con su palacio en ruinas, sin señales visibles de pronta restauración en el marco arquitectónico donde tienen asiento decoroso los otros poderes públicos.

De pronto, se abrieron los ojos a sus necesidades, quizá a raíz del genocidio de La Rochela. Su funcionamiento no sería posible mientras no se le otorgara protección adecuada. Y no habría paz hasta tanto no dejara de llenar su vacío una justicia privada arbitraria y atroz, cuyas sentencias de muerte han solido cumplirse con rigor implacable. A las puertas de los gobiernos extranjeros y de los organismos financieros internacionales se tocó, en solicitud de recursos para su seguridad.

Esta misma circunstancia, halageña por algunos aspectos, era claro indicio de que no se le destinaban en el presupuesto las apropiaciones esenciales. Si se buscaba el apoyo de donaciones o créditos externos, desde luego con motivo de la lucha contra el narcotráfico, ello era prueba irrefutable de la incapacidad de proveerle internamente los dineros requeridos. Entre la amenaza mortal y el señuelo de enriquecimiento ilícito, entre el riesgo de perder la vida y la posibilidad de vender la conciencia, debieron moverse los jueces, siempre en peligro.

No cuentan los magistrados con las prerrogativas, oportunidades y preeminencias del Ejecutivo, donde el poder se concentra en todo su esplendor. Tampoco con las del Legislativo, que dispone de una amplia cuota presupuestaria, que puede repartirla en su clientela y que puede atender a las exigencias de su buena marcha. Ambos van remozando su faz al compás de los tiempos, a veces con opulencia. La Rama Jurisdiccional se ha convertido así, aun con su aparato de guardias uniformados, en una especie de Cenicienta, a la que esfuerzos de buena voluntad no han logrado sacarla de su precaria condición.

En una ceremonia gremial de economistas, revelaba Rodrigo Escobar Navia cómo descubrió, a su paso por el Ministerio de Gobierno, que en Colombia teníamos más territorio que Estado. Incluso, a juzgar por su presencia, más Iglesia que Estado. Vastas regiones hay donde no llega la acción de la autoridad. Mucho menos la de la Justicia. Si el valle del Magdalena Medio, en el corazón de la República, sufrió tal extremo de abandono y se convirtió en patio de violencias encontradas, qué decir de las zonas periféricas? Si Medellín, la segunda ciudad del país, se trocó lentamente en polvorín explosivo, qué no estará sucediendo en otras partes, de ordinario marginadas y considerablemente menos ricas? Si los sicarios acabaron imperando allí, un poco al favor del cinturón de miseria de sus comunas, qué pensar de las extensiones rurales al arbitrio de la delincuencia organizada? Cierto es que ha mediado el factor extraordinario del narcotráfico, con sus laboratorios, cultivos y comercios. Pero también que se ha valido, en muchos sitios, de la ausencia total del Estado, cuando no guerrillas delirantes, con su propia justicia sumarísima.

El costoso e ineludible empeño de rescatar, para la legalidad democrática, zonas naturalmente ubérrimas y socialmente pobres, va dando resultados positivos. Tales, aparentemente, los casos de Urabá, de Córdoba y de Sucre. Pero no nos equivoquemos. El territorio le ha ido quedando grande al Estado, en aspectos neurálgicos como el de la Justicia o como el de los servicios públicos. La misma existencia del Plan de Rehabilitación significa que el Estado se sustrajo o se retrajo de actividades sin las cuales la iniquidad crecía y se erigía en germen de la arbitrariedad y desorden.

La armonía de los poderes públicos, sellada con la visita de protocolo del presidente electo, debe iniciar una nueva etapa de relación, no solo con los ministros de Justicia que la han procurado, sino de todos los cuerpos del Estado, en su conjunto. Desde hace diez años existe consenso sobre la reestructuración de la Rama Jurisdiccional, pero no sobre su funcionamiento práctico, sobre su papel específico en las regiones de conflicto, sobre la distribución geográfica de su personal y sobre sus partidas presupuestarias.

La solución más socorrida es la de darle autonomía en estas materias fiscales, en cuanto a sus gastos. Sinembargo, no es la más lógica, porque descuartizando el presupuesto, estableciéndole compartimentos estancos, lo que se logra es darle mayor rigidez y condenarlo a desequilibrios incurables. La iniciativa en materia de gastos por cuanto al trámite del presupuesto se refiere, ha de radicar en el Ejecutivo por razones obvias de ordenamiento fiscal. Pero esta convicción no implica desconocer las propuestas y requerimientos de la Rama Jurisdiccional, sino al contrario el deber de atenderlos, puntualmente.

La experiencia dolorosa nos ha demostrado que sin Justicia no hay paz. Las nuevas formas de criminalidad, los fenómenos que se incuban a su sombra y en el abandono por parte del Estado, deben inducirnos a restablecerla en su sentido original, como primera expresión del poder público. De lo contrario, no alcanzaremos nunca la ansiada convivencia, sino apenas treguas relativamente efímeras, intervalos de tranquilidad en la larga e interminable trayectoria de la violencia homicida. Inequidad La gratitud no es sentimiento corriente de la especie humana. Otros prevalecen: la codicia, la envidia, la ambición, el egoIsmo. Tal circunstancia parece comprobarse a propósito de la conducta del Estado en relación con la trágica muerte del periodista Jorge Enrique Pulido. En lugar de honrar su memoria, respetándole el espacio televisivo, que lo llevó al sacrificio, se echa de ver la precipitud por arrebatárselo a sus herederos y continuadores. Acaso para ofrecerlo en premio de comportamientos menos erguidos, claros y justos, ignorando las normas que sobre la materia rigen. No dizque existía la decisión de hacer justicia?

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