ACUERDOS EN CONCORDATOS SON DEMANDABLES

ACUERDOS EN CONCORDATOS SON DEMANDABLES

Las providencias mediante las cuales se aprueben acuerdos entre empresarios y acreedores, en casos de concordatos preventivos obligatorios, pueden ser demandadas ante la justicia contenciosa administrativa. De esta manera se garantiza a quien se considere lesionado con tal decisión la posibilidad de acudir ante los tribunales competentes a hacer valer sus derechos.

01 de agosto 1990 , 12:00 a. m.

El planteamiento está consignado en un concepto rendido por el Procurador General de la Nación Alfonso Gómez, ante la Corte Suprema de Justicia frente a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverry, contra el artículo 60 del Decreto 350 de 1989.

Según el demandante, catalogar o clasificar un acto administrativo como de mero trámite es tanto como manifestar que contra dicho proveído no procede recurso alguno .

La norma atacada señala que los actos de la Superintendencia de Sociedades en el curso del concordato preventivo obligatorio son de trámite, no obstante lo cual la providencia que apruebe el acuerdo celebrado entre el empresario y sus acreedores, que pone fin a la actuación administrativa, podrá demandarse.

Advierte que la disposición parte del principio general de que todos los actos de la Superintendencia de Sociedades referentes al concordato preventivo obligatorio son de trámite.

Señala que de conformidad con el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, contra tales actos de trámite no procede recurso alguno excepto en los casos previstos en la norma expresa .

El Procurador consideró que el artículo impugnado es constitucional, de acuerdo con un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el 31 de agosto de 1989, y pidió a la corporación atenerse a lo resuelto en aquella ocasión, por considerar que es cosa juzgada.

El jefe del Ministerio Público transcribe en su concepto apartes fundamentales de aquella sentencia, uno de los cuales señala lo siguiente: No encuentra la Corte que esta norma vulnere la Constitución y por el contrario considera que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 26 de la misma, por cuanto le está brindando la oportunidad a quien se considere lesionado con tal decisión de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de hacer valer sus derechos .

Agrega que la disposición es acorde con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, que consagra que tal jurisdicción está instituída para juzgar controversias originadas en actos y hechos administrativos de las entidades públicas y con el 84 que contempla la acción de nulidad contra actos administrativos.

Como ponentes actuaron en aquella oportunidad los magistrados Jaime Sanín Greiffestein y Dídimo Páez Velandia.

La nueva demanda contra la norma concordataria está siendo conocida por el magistrado Fabio Morón Díaz.

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