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BUENAS INTENCIONES Y AVIESOS DESARROLLOS

BUENAS INTENCIONES Y AVIESOS DESARROLLOS

A propósito del escándalo provocado por la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de alternatividad o alternancia penal, de las posiciones equívocas asumidas en su trámite y del aparente reverso en la elevación de las penas para determinados delitos, conviene subrayar la extrema importancia, sensibilidad y delicadeza de la materia.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
06 de diciembre 1997 , 12:00 a. m.

Ante la comunidad internacional el país se comprometió a juzgar y sancionar ejemplarmente los delitos transnacionales, así como aquellos que lesionaran los derechos humanos y desdijeran de su aporreada condición de pueblo civilizado. En cuestión de tanta monta no había lugar a equivocarse sin desatar reacciones huracanadas en el interior y en el exterior. El antecedente del llamado narco-mico obligaba a estar prevenido contra cualquier intento de revivirlo, so pretexto de corregir el hacinamiento de las cárceles.

El hecho de que haya en ellas cuarenta y tres mil reclusos cuando su capacidad apenas alcanza para albergar veintiocho mil, exigía y exige medidas realistas e inteligentes para mitigar las deplorables y muy precarias condiciones que de él se derivan. Infortunadamente el auge de la delincuencia ha marchado con mayor rapidez que la construcción, adaptación y equipamiento de los establecimientos penitenciarios. Circunstancia que se ha ignorado cuandoquiera se habla, por ejemplo, de repatriación de presos, como si aquí pudiera ofrecérseles tratamiento más benigno.

De protestas y motines se ha requerido para caer en la cuenta de las carencias e insuficiencias carcelarias en Colombia. Sin embargo, cualquier observador desprevenido las habría podido suponer con solo enterarse de que el homicidio es su primera causa de muerte. No en vano la prensa mundial comenta estupefacta sus masacres y la cataloga como una de las naciones más violentas del orbe: la misma que en un pasado no remoto fuera dechado de virtudes democráticas, de apego al Estado de Derecho y de idoneidad para la solución pacífica de los conflictos. Como si de pronto hubiera perdido el rumbo y la vocación jurídica que tan de atrás le viene.

Proyecto al garete Con motivo del debate sobre la extradición, mucho énfasis se hizo en la competencia del país para juzgar y sancionar toda clase de delitos. Más aún. Se procuró equiparar las penas a los niveles internacionales prevalecientes. Ninguna razón válida habría en adelante para censurar a Colombia por tolerancia o complacencia con conductas probadamente delictuosas. Sutiles disposiciones en el texto del infortunado proyecto de alternancia hicieron pensar lo contrario.

Al parecer, no se trataba de agilizar los trámites judiciales y de corregir el viejo fenómeno de los sindicados a quienes por años no se les define su suerte, sino de reducir drásticamente y tapándose un poco los ojos la población carcelaria. Probablemente sea menester hacerlo, pero en forma muy cuidadosa y racional, sin aparecer borrando con el codo lo que se escribió con la mano.

Desde luego, el problema no es exclusivamente cuantitativo, de muchos reclusos en estrechas y anti-higiénicas cárceles. Es también cualitativo en cuanto han llegado a ocuparlas gentes salidas de los hornos de la insurrección armada y de transnacionales e ilícitas operaciones financieras, cuando no de mucho viso en el escenario público del país. Tales características obligan a normas especiales de seguridad y alojamiento, jamás conocidas antes. La cuestión es más compleja de la que pudiera simplificarse con el término de hacinamiento penitenciario y, por ello mismo, demanda sumo cuidado en su manejo y solución.

En estrecha coordinación con el Fiscal General y el Procurador General de la Nación había venido estudiándose. Váyase a saber por qué, de súbito, se salió de las manos y se soltó al azar de las improvisaciones legislativas, sin una voz autorizada que le saliera al paso. La misma señora ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo, aceptó haber incurrido en error político. Precisamente el que no puede cometer un ministro, menos en situaciones tan peligrosas. Porque política es la naturaleza de su jerarquía . Si no, cuál la estructura y composición del Gobierno? Condición y responsabilidad de los ministros El artículo de la Carta Política, conforme se la distingue, reza así en su segundo y su tecer incisos: El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o el Director de Departamento correspondiente, en cada caso particular, constituyen el Gobierno .

Para mayor abundamiento, se preceptúa que ningún acto del Presidente, salvo las excepciones taxativas ahí mismo contempladas, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro respectivo o por el director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se constituyen responsables .

Los ministros no son simples y obedientes mandaderos del Jefe del Estado. Sus éxitos y sus yerros lo son del Gobierno. Hace exactamente sesenta años, siendo el primero de los miembros del gabinete ministerial, Alberto Lleras sentó esta doctrina tajante: Ministro que se equivoca debe renunciar . Lo mismo cuando una determinada política fracasa y el Presidente de la República se persuade de la necesidad de cambiarla aunque originalmente haya sido la suya. Para el efecto, mientras esté en el ejercicio del poder, es un monarca que no se equivoca. Los que se equivocan son los ministros.

Lejos del ánimo el designio bajo y mezquino de querer tumbar a una ministra tan distinguida, preparada y voluntariosa como la de Justicia. Lo cierto es, sin embargo que se equivocó en materia grave y que con su actitud echó un manto de duda y ambigedad, si no de sospecha, sobre el Gobierno de que es parte integral. Por impericia parlamentaria o por lo que fuera, se equivocó, seguramente de buena fe, y el error como el acierto tiene consecuencias. Tanto más cuando conviene reforzar con hechos las palabras aclaratorias del Jefe del Estado y las oportunas y valientes de la ministra de Relaciones Exteriores.

Ningún desliz debe empañar el esfuerzo gubernamental en el ramo neurálgico de la Justicia, ni inducir a confusión en lo interno y externo. Casualmente, por estos mismos días, se ha logrado en España la captura de Fabio Puyo, a quien se acusa de enormes latrocinios y defraudaciones como gerente de la Empresa Eléctrica de Bogotá. Ni el Gobierno ni los mecanismos judiciales se allanaron a que ese delictuoso episodio quedara impune y en la sombra. Hay que reconocerlo sin ambages y no mirar únicamente a los flancos criticables.

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