ARMADA: ESTO ES UN MONTAJE

ARMADA: ESTO ES UN MONTAJE

El miércoles pasado, el teniente coronel de la Armada Nacional Rodrigo Quiñonez, acusado junto a otros tres oficiales de organizar una red para asesinar a cien personas entre líderes de izquierdas y civiles en Barrancabermeja, rindió indagatoria en el Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar. El oficial había solicitado días antes que la Justicia lo recibiera en indagatoria para aclarar los hechos objeto de la denuncia.

06 de marzo 1994 , 12:00 a. m.

Como él, ya lo habían hecho los mayores Jairo Osorio y Rafael Colón y el teniente Mauricio Varón. Además, los oficiales han rendido declaraciones ante los investigadores de la Procuraduría y de la Fiscalía.

Y aunque hasta ahora los argumentos de la defensa han sido objeto de absoluta reserva, EL TIEMPO consultó diversas fuentes judiciales y logró establecer que los oficiales han respondido una a una las acusaciones en su contra y han coincidido en afirmar que se trata de un montaje preparado por una organización de narcotraficantes del Valle.

El coronel, los dos mayores y el teniente fueron denunciados penalmente a finales del año pasado por los ex suboficiales de la Armada Carlos López Maquilón y Saulo Segura Palacios, sobre quienes pesan dos órdenes de captura.

Los ex suboficiales dijeron tener pruebas de que Quiñonez y los demás oficiales dirigían una red de sicariato que ejecutó a por lo menos 100 personas en Barrancabermeja.

Y para confirmar sus denuncias, presentaron grabaciones de conversaciones en clave entre oficiales de Inteligencia de la Armada.

EL TIEMPO supo que los oficiales han dicho a la Fiscalía, a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría, que sólo el narcotráfico podía estar en capacidad de interceptar comunicaciones entre altos oficiales de la Armada y de manipular las cintas. Los contenidos de esas grabaciones declararon los oficiales no se refieren a acciones ilícitas sino a actividades investigativas desarrolladas en el área del Pacífico.

En sus declaraciones e indagatorias ante la Justicia ordinaria y penal militar y ante la Procuraduría, los oficiales manifestaron que en 1991 la Armada puso en marcha planes de inteligencia para controlar el ingreso de armas por el Pacífico y logró descubrir a varias redes de traficantes.

La investigación Esos traficantes de armas descubrieron los miembros de la red de inteligencia del Pacífico dirigida por el capitán Juan Carlos Alvarez surten a los grupos guerrilleros de las Farc y el Eln y a organizaciones de narcotraficantes.

Trasladado del Pacífico a la red de inteligencia de Cartagena, el capitán Alvarez contactó a un hombre que dijo tener información sobre el cartel del Norte del Valle.

Ese informante, a cambio de una recompensa, se trasladó a la Fiscalía Regional del Valle en donde, durante cuatro horas, declaró contra un cabecilla de la organización de narcotraficantes del Valle.

Pero al día siguiente, cuando debía continuar la declaración, el testigo desapareció.

El testigo había declarado contra Víctor Julio Patiño Fómeque.

Aunque sin resultados, los miembros de la red de inteligencia y la Fiscalía Regional comenzaron la búsqueda del testigo.

Mientras tanto en Cartagena, el 6 de agosto, día de su cumpleaños, dos sicarios asesinaron al capitán Alvarez.

Fue entonces cuando desde la misma Dirección de Inteligencia en Bogotá se ordenó una completa investigación que apoyara a los funcionarios de la Fiscalía en la labor de descubrir a los asesinos de Alvarez.

Las indagaciones de las autoridades llevaron finalmente hasta otro informante de la Armada que aseguró haber visto al desaparecido testigo de cargo contra el cartelm en el carro de propiedad de Víctor Patiño, acompañado por éste, y dijo tener pruebas de que había regresado a los hilos de la organización.

Mientras tanto, una testigo secreta de la Fiscalía se presentó en Barranquilla e identificó al presunto sicario, al parecer pagado por narcotraficantes.

Pocas semanas después la Fiscalía Regional libró orden de captura contra Patiño, con fundamento en la declaración de uno de sus escoltas.

EL TIEMPO estableció que varios testigos han declarado ya ante la Fiscalía que López Maquilón y Segura Palacios (los denunciantes) les ofrecieron dinero para declarar en contra de los oficiales de inteligencia de la Armada, y para participar en actos ilícitos.

El suboficial Carlos López Maquilón dijo uno de los testigos en varias ocasiones me incitó a realizar actividades sucias (...) por dinero con el fin de enriquecernos .

Otro testigo, por su parte, manifestó que en el año de 1993 a mediados del mes de febrero, llegó Carlos López a Magangué como encargado de la red y me propuso que me retirara de este trabajo, que él me tenía puesto con unos mafiosos .

El mismo testigo declaró que López me propuso ir a la Fiscalía a denunciar al señor Director de Inteligencia (...) que él se encargaba de asesorarme y ganar buena plata con la Fiscalía. Finalmente me dijo que si yo no aceptaba era mejor que me retirara de la institución, porque él me mataría con su gente .

Dos testigos declararon ante los investigadores que los suboficiales fueron engañados por los narcotraficantes, que les dijeron que, si se declaraban culpables, la Fiscalía los perdonaría y les daría una millonaria recompensa.

Según los testigos, quienes contrataron a los suboficiales también les dijeron que como ya eran retirados de la institución (López pidió la baja cuando presentó la denuncia) la Procuraduría no podría investigarlos porque ellos ya no eran empleados oficiales sino civiles sobre quienes el Ministerio Público no tiene competencia.

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