LA VUELTA DEL PÉNDULO

LA VUELTA DEL PÉNDULO

Están apareciendo evidencias de toda índole que indican inequivocadamente la declinación del neoliberalismo y el cambio o el desgaste de los principales gobiernos que lo han aplicado; y en general, que señalan la vuelta del péndulo en el mundo entero. La economía mundial con posterioridad a 1998, bajo el auge neoliberal, ha experimentado el declive más profundo de los últimos 50 años y el alto número de desempleados hoy existente, 18 millones de personas en Europa, no se conocía en el período de la posguerra.

05 de octubre 1997 , 12:00 a.m.

En el campo político el retroceso ha sido de 180 grados en el último año. Europa se ha orientado definitivamente hacia la socialdemocracia. Las elecciones legislativas de la Gran Bretaña y de Francia, realizadas en mayo de 1997, dieron el gran timonazo, con el triunfo del laborismo inglés y el socialismo francés. Solamente Alemania (centro-derecha) y España (derecha) no han sido alcanzadas por la ola de izquierda que cubre la parte más rica e industrializada del viejo continente. Y los pronósticos más generalizados hablan del triunfo de la socialdemocracia alemana en las elecciones de 1998.

La voz de los países en desarrollo es cada día más clamorosa para denunciar que la apertura de sus mercados está traduciéndose en la destrucción de sus sistemas productivos, en la bancarrota de las pequeñas y medianas empresas, en el empobrecimiento de los agricultores, en la concentración aberrante de la riqueza y el ingreso, en la disminución de los salarios reales de la mayoría de los trabajadores y en la extensión de la pobreza y la miseria en proporciones lacerantes.

En la medida en que se ha ido desarrollando el proceso de expansión del comercio internacional, están emergiendo, igualmente, nuevos hechos de interpretaciones que indican cómo no se trata de una simple apertura de las fronteras comerciales y cambiarias sino de un fenómeno mucho más complejo como el de la globalización, que incide de manera severa en la economía de los países más débiles. Están apareciendo también revelaciones muy serias sobre las limitaciones de la liberación comercial, las tozudez de las naciones desarrolladas para reducir su proteccionismo, la acción demoledora de las empresas transnacionales, los efectos dañinos de la libre movilización del capital financiero, todo lo cual impone, en especial a los países en desarrollo, precaverse de secuelas nocivas o de excesivas esperanzas sobre la bondad de la globalización en los términos en que se está realizando.

En cuando al monetarismo, a la competitividad, a las ventajas comparativas tradicionales, han aparecido importantes cuestionamientos que muestran rumbos distintos a los que el neoliberalismo ha puesto en boga. Los mismos criterios del Tratado de Maastrich en Europa, conducentes a la moneda única, ya se controvierten. El socialismo democrático está pidiendo cambios en las políticas económicas y sociales de la Unión en el sentido de rechazar el rigor de las políticas monetaristas impuestas por la economía neoliberal y dar nuevo y mayor énfasis a las de empleo y crecimiento. El panorama del modelo de desarrollo neoliberal en Colombia, no es menos oscuro y parece oportuno empezar a pensar qué debe hacerse para superarlo.

Fase de rectificaciones El proceso de rectificaciones de la política neoliberal ha sido iniciado por el gobierno del Presidente Samper, quien planteó un modelo alternativo de desarrollo de marcado acento social y orientado a frenar la inflación, a descongelar la revaluación, a restablecer políticas de protección a los sectores agrícola e industrial, a reducir las tasas de interés y a darle nueva dirección a la autonomía del Banco de la República, entre otros aspectos positivos. Pero el cambio requerido apenas está en su fase inicial. La nación está afectada por fenómenos internos, como la violencia, el narcotráfico, la corrupción, el bajo crecimiento de su economía, la profunda inequidad social, que no permiten una desregulación de la economía y una apertura indiscriminada que, antes que aliviar, agravan los problemas, como lo está demostrando la experiencia de los últimos años.

Una nueva estrategia tiene que articularse primordialmente, en el fortalecimiento del mercado y de la demanda internos, para recuperar el dinamismo de la economía. Y ella implica que el país esté dispuesto a realizar las reformas redistributivas de la riqueza y del ingreso que son necesarias para crear un mercado interno importante y corregir las causas principales de las desigualdades que lo deprimen y que generan inestabilidad política y social. El eslogan de exportar o morir, o sea que el éxito económico depende de la promoción de exportaciones y que la sustitución de importaciones y la producción para el mercado interno, son conceptos obsoletos, es más falaz que verdadero. El mercado externo es un vital e insustituible factor de crecimiento, pero complementa y no reemplaza al esfuerzo interno, lo cual, a su vez, no quiere decir que tratemos de ganar ventajas mediante el intercambio comercial en términos bilaterales y multilaterales y en particular con base en integración regional.

Cabe anotar que las ventajas que estamos obteniendo en los mercados de los principales países desarrollados Estados Unidos y la Unión Europea que por cierto no hemos sabido o podido aprovechar plenamente, no las estamos derivando del comercio multilateral, sino de preferencias otorgadas al país como recompensa en su lucha contra el narcotráfico, por lo cual pueden ser muy efímeras. Igualmente, es de destacarse que el país ha logrado un éxito muy importante en el intercambio comercial con los integrantes del Grupo Andino y en particular con Venezuela. En consecuencia, es indispensable proteger de nuevo la agricultura y el proceso de industrialización, como base del crecimiento y defenderlos de una ruinosa competencia externa, fuertemente subsidiada. No podemos mirar impasibles el abatimiento sistemático de los hasta ayer florecientes renglones industriales y que el país haya perdido su seguridad alimentaria al convertirse de exportador de alimentos en gran importador de ellos.

La experiencia de otros países, y en particular las del sureste asiático, indican que la protección no tiene que ser general e indefinida y que, por el contrario, puede establecerse con carácter selectivo y temporal, siempre teniendo en cuenta la capacidad de competencias de las industrias a escala internacional. Igualmente, esa experiencia, y la de la misma Colombia, señala cómo es posible realizar en el proceso de desarrollo una política de sustitución de importaciones y, a la vez, fomentar las exportaciones.

Detrás de la literatura diplomática y política sobre las bondades de la liberalización del comercio, está el proteccionismo de las grandes naciones a sus intereses que en poco se ha modificado. Y no debemos olvidar que el éxito económico de los países en desarrollo que se transformaron en grandes exportadores de manufacturas como los del sudeste asiático, está basado en un previo fortalecimiento de sus aparatos productivos debidamente protegidos, y en vigorosos programas de adiestramiento y de mejoramiento de la competitividad.

Control de los monopolios Una nueva y bien estructurada protección al mercado interno, tiene que estar complementada con vigorosos instrumentos para evitar los abusos que se derivan de los mercados protegidos, como la eliminación de competencia, la configuración de monopolios, privilegios y las arbitrariedades contra los consumidores. Estas desviaciones contribuyeron enormemente a desacreditar el modelo proteccionista del inmediato pasado, sobre el cual edificamos el importante desarrollo económico que el país logró en los últimos 50 años y que se está resquebrajando.

La competencia externa ilimitada a la producción doméstica destruye el aparato productivo del país y el empleo, sin que se logren beneficios reales para los consumidores de bajos ingresos, que son la inmensa mayoría de los colombianos, como lo evidencia la reciente experiencia. Los estatutos vigentes sobre los monopolios y las prácticas restrictivas del comercio, debidamente reajustados, deben aplicarse rigurosamente. Pero debe tenerse en cuenta que el país necesita grandes corporaciones para mejorar su capacidad de competencia y de producción, lo cual es distinto a tolerar que se consoliden monopolios que absorben a las medianas y pequeñas empresas competitivas y que se consolidan, sin reglamentaciones adecuadas, grupos económicos o financieros que, abusando de sus posiciones dominantes en el mercado, ejecutan acciones dañinas contra los intereses de la comunidad. En todos los países tienen vigencia los procedimientos legales para controlar los fenómenos de concentración y castigar los abusos de esas posiciones dominantes y la eliminación de la competencia. Y también las naciones se defienden de las grandes corporaciones transnacionales que, en una economía sin restricciones, entran avasallando las empresas nacionales, privadas y públicas.

Al sector financiero debe devolvérsele su función primordial de medio de intercambio y de movilización de los recursos naturales y humanos para la producción. El ensayo de convertirlo en gran motor del desarrollo, como lo preconiza el neoliberalismo, no ha traído consigo, por falta de reglamentaciones adecuadas, sino la abolición del crédito dirigido y privilegiado a los sectores reales de la economía, las altas tasas de interés y fenómenos de especulación de todo orden. La corrección implica el restablecimiento de la banca especializada, la administración de las tasas de interés y el control de los dineros calientes que entran amparados por la libertad cambiaria.

El Banco de la República, en su carácter de banco central, debe recuperar su fisonomía de instrumento básico del Estado para el manejo de la política monetaria, crediticia y cambiaria y de entidad con funciones más amplias en el campo del impulso al desarrollo, que la única de velar por la estabilidad de la moneda y controlar el proceso inflacionario, sin generar una aguda recesión. La forma como el banco ha ejercido la autonomía que le otorgó la Constitución de 1991 y un estatuto legal que desbordó las propias atribuciones constitucionales, ha demostrado cómo no puede funcionar la dirección de la economía a cargo del Estado que le encomienda a este la Constitución, con dos cabezas: un banco central autónomo que dirige la política monetaria y cambiaria, y un órgano ejecutivo que solo maneja directamente la política fiscal.

La falta de unidad en la conducción de estas políticas, en un todo complementarias, es la causa principal de los insuficientes resultados de la lucha contra la inflación, del desbordamiento del gasto público, de la perniciosa política de la revaluación y de la liberación del sistema bancario, que lo ha lanzado a la especulación con graves perjuicios para su estabilidad. Y el hecho de que el banco central haya dejado de ser el banco del Gobierno, solo ha demostrado que la supresión del crédito, que bajo severos estatutos antes concedía el banco emisor al Estado, ahora este lo suple con endeudamiento externo. Es urgente modificar la mal entendida autonomía del banco central, que no debe pasar de ser una independencia administrativa, y la integración de una junta con funcionarios de tiempo completo y competencia técnica, presidida por el Ministro de Hacienda para garantizar la idoneidad de la política financiera y cambiaria, dentro del contexto de la política general trazada por los órganos competentes del Estado. Y se requiere que la reforma sea institucional, para no dejar la solución al logro de eventuales mayorías del gobierno en la junta del Banco. El Banco de la República, como el banco de bancos y banco del Gobierno, ha sido en el pasado, sin la cacareada autonomía, el eje de diversos procesos de estabilización realmente exitosos, en comparación con los obtenidos por el banco autónomo, que ha actuado en función de aplicar la ortodoxia neoliberal.

La política de revaluación está estrangulando el desarrollo de la economía. Voluminosas importaciones que quebrantan el sistema productivo, el estancamiento de las exportaciones nuevas y el déficit creciente de la balanza comercial, todo lo cual está amenazando el equilibrio de la balanza de pagos y generando larvadamente una crisis cambiaria de impredecibles consecuencias, son el resultado de la desatentada política de libertad cambiaria del Banco de la República. El país no solo no ha tenido éxito en la obtención de una notable expansión exportadora en los renglones nuevos, sino que las bases de las exportaciones tradicionales, como la producción cafetera y la exploración petrolera están decayendo sensiblemente.

Es preocupante también la tendencia del país a depender cada día en mayor proporción de las exportaciones de materias primas (café, petróleo carbón, etc.). Bien sabido es que las economías que toman este rumbo nunca son tan florecientes como las que logran industrializarse, toda vez que mantienen su dependencia de los precios errátiles de los mercados de materias primas y de unos términos de intercambio constantemente en deterioro. Agréguese a esto las facilidades que el libre movimiento de capitales ofrece al dinero del narcotráfico.

El país tiene que restablecer el manejo de su economía con un tipo de cambio de equilibrio y no debe vacilar en implantar los controles cambiarios que son indispensables para manejar los flujos de capital del mercado financiero internacional, y el lavado de dólares del narcotráfico. Atención urgente requiere también la forma como está incidiendo el libre movimiento de capitales en la compra y venta de las empresas nacionales. El capital extranjero no está entrando para fundar nuevas empresas, sino para adquirir las existentes, iniciándose un proceso de desnacionalización que ningún país tolera. Es el caso de los bancos y de las empresas industriales que venden los dueños colombianos con el criterio de obtener pinges ganancias, que en la mayoría de los casos, son giradas al exterior.

Defensa del gasto social Restringir el gasto público y eliminar el déficit fiscal a mínimas proporciones, es punto clave de la política neoliberal, que trata, ante todo, de recortar las funciones del Estado. En Colombia ha habido, paradójicamente, un incremento y desvío del gasto público bajo los gobiernos que han practicado los postulados neoliberales, sin paralelo en ninguna otra época. Y particularmente, ha sido dañina la política fiscal de descapitalizar los entes descentralizados, como Ecopetrol y Telecom, mediante el traslado de sus utilidades para sufragar gastos corrientes del gobierno central, dando así graves golpes a las posibilidades de incrementar la inversión pública y hacer frente a la expansión de vitales industrias y servicios.

Ahora, el Banco de la República señala el déficit fiscal como la causa principal de los precarios resultados de la política antiinflacionaria e inclusive de su incapacidad para modificar la política de revaluación. Sin duda, es imperioso mantener una rigurosísima disciplina fiscal para asegurar la óptima asignación de los recursos y un incremento sustancial de los recaudos. Pero ello debe hacerse a la par que reduciendo gastos burocráticos, estudiando si el país no ha deteriorado sustancialmente su sistema tributario, al quebrar la progresividad del impuesto a la renta y al suprimir otros tributos como el de patrimonio, el de la herencia y el de las ganancias ocasionales del capital que han reducido la carga tributaria o impedido que crezca a niveles adecuados y similares a los que tienen los países de desarrollo semejante. Solo así podrá comprobarse que existe exceso de gastos y, ante todo, que los recortes que se propone realizar no se lleven de calle los gastos e inversiones sociales, que aunque sean unos de los más bajos entre los países latinoamericanos, constituyen el fundamento de la equidad social de la construcción de la infraestructura y de la prestación de los servicios públicos que garantizan el bienestar de la población.

La evasión fiscal de una tercera parte de los impuestos directos e indirectos, indica que el camino para corregir el déficit fiscal dependerá en buena medida del aumento de los recaudos y del refinamiento del régimen tributario a la vez que de una mejor asignación de los recursos. Es lógico deducir que la economía en gastos del gobierno en seguridad y defensa, que podría reportar el logro de la paz, y sin quebrantar el funcionamiento de unas fuerzas armadas profesionales y bien dotadas, daría base para la conformación de un presupuesto adicional de inversiones sociales de alcances verdaderamente transformadores. La elevación de los niveles de los impuestos nacionales para que alcancen a representar al menos el 15 por ciento del PIB, es impostergable, para poder financiar los gastos sociales básicos, reducir los términos de la pobreza absoluta y hacer frente a las transferencias territoriales establecidas por la Constitución, sin que, como lo evidencia la experiencia internacional, tal aumento pueda afectar las tasas de desarrollo de la economía.

La política de privatizaciones, otro de los cánones neoliberales, debe repensarse. Ella no tiene justificación en una economía mixta como la que está establecida constitucionalmente en Colombia y de conformidad con la cual al Estado le corresponden funciones no solamente de regulación, sino como empresario de los servicios públicos básicos y constructor de la infraestructura física, requerida para un eficiente desarrollo de la economía privada. La gran batalla está en hacer eficiente la gestión pública y no en reducirla. La política de privatizaciones que se ha adelantado, se ha traducido solamente en un enfrentamiento estéril, entre los sectores público y privado, en el fortalecimiento de los conglomerados económicos y financieros y en el indebido aprovechamiento de la venta de activos públicos para conjugar los déficit fiscales.

La política de desregulación del mercado laboral que preconiza el neoliberalismo, como procedimiento para evitar rigideces que entorpecen la creación de empleo, ha conducido, más que a lograr este objetivo, a sustituir la legislación y las prácticas que garantizan los derechos laborales, producto de las conquistas obreras, a recortar las prestaciones sociales y a debilitar los sindicatos y su capacidad de negociación, lo cual se traduce en la pérdida de participación del trabajo en el ingreso nacional. Ante todo es criticable la política del salario mínimo que está reduciendo el salario real de los trabajadores y la capacidad de demanda de los sectores populares, al revisar las remuneraciones con base en hipotéticos aumentos de los precios y no en el alza de ellos en el inmediato pasado para que no pierdan su capacidad adquisitiva.

Estas orientaciones son las que van quedando con vida en el mundo entero, después del derrumbamiento del neoliberalismo y el triunfo rotundo de la socialdemocracia: y detrás de las reales implicaciones que están decantándose de la internacionalización y globalización de la economía. Es insostenible una economía de mercado abandonada a una libertad incondicional, que genera grandes desigualdades entre las naciones y entre las personas y los grupos dentro de cada país. Es indefendible la aplicación de una globalización en la economía con tan inconmensurables costos sociales y humanos de marginamiento y pobreza como los que está produciendo. Es intolerable una organización de las sociedades en la cual priva la persecución sin restricciones del interés personal, el darwinismo social, que aplica sin contemplaciones la supremacía de los más aptos y que coloca los valores mercantiles como única guía de superación. Hasta los más recalcitrantes adalides de la economía de mercado están reconociendo que demasiada competencia y escasa cooperación causan intolerables injusticias e inestabilidad social y política: y que es indispensable reconciliar como lo sostiene ya el propio director del Fondo Monetario Internacional dos imperativos de nuestro tiempo: aceptar la creciente competencia y la correspondiente necesidad de realizar la solidaridad.

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