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ASAMBLEAS PIDEN NUEVOS PODERES

ASAMBLEAS PIDEN NUEVOS PODERES

Las Asambleas podrían exigir responsabilidad política e incluso promover acciones disciplinarias contra funcionarios del orden departamental por incumplimiento de sus funciones. Guardadas las proporciones respecto al ejercicio de este control, su capacidad podría, en la práctica, equipararse a las mociones de censura que puede aplicar el Congreso.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
06 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

La asambleas cobrarían una nueva dimensión como cuerpos fiscalizadores si el Congreso acoge algunas modificaciones propuestas al proyecto de ley sobre régimen departamental.

Las posibles enmiendas a la iniciativa están consignadas en un documento preparado por la Asociación de Diputados de Colombia y los presidentes de las Asambleas del país.

El pliego de propuestas modificatorias iba a ser presentado la semana pasada durante una reunión de diputados con los miembros de la Comisión Primera de la Cámara . Sin embargo, un grupo de parlamentarios los convenció de que desistieran de hacerlo y, en su lugar, presentaran otra propuesta sobre la presentación de un proyecto de acto legislativo (de reforma constitucional) que eventualmente serviría para dar un régimen especial a las asambleas.

No obstante, la expectativa de una reforma constitucional en este campo no motiva interés entre las bancadas mayoritarias ni cuenta con el respaldo del Gobierno, autor inicial de la iniciativa sobre régimen departamental.

Los puntos esenciales de la propuesta al proyecto de ley son los siguientes: Otorgar capacidad real de control político a la Asambleas, de manera que los diputados puedan exigir informes escritos o emplazar a los secretarios de la gobernación, directores de departamentos administrativos, entidades descentralizadas departamentales, regionales y nacionales que ejerzan funciones en el respectivo departamento o al contralor, así como a cualquier funcionario departamental para que en su sesión ordinaria rinda declaración oral sobre la buena marcha de la entidad a su cargo. Las Asambleas podrían reprobar, por mayoría de las dos terceras partes, la actuaciones de los funcionarios mencionados y si a su juicio, hubiere lugar a sanción disciplinaria, se daría traslado a la autoridad competente. Se ampliaría la órbita de control del gasto público. Así, en las contralorías departamentales habría un auditor elegido por la Asamblea para períodos anuales. De hecho, los diputados proponen también cambios en su condición laboral. Proponen que sus honorarios se paguen de acuerdo la asistencia a la sesiones y que su monto equivalga al 10 por ciento de la suma devengada mensualmente por los congresistas por todo concepto . En estas condiciones, la Nación transferiría a los departamentos de Guaviare, Vichada, Vaupés, Amazonas y Guanía los recursos necesarios faltantes para garantizar el pago de los honorarios de sus respectivos diputados. Las Asambleas reglamentarían el subsidio de transporte y alojamiento para sus miembros. El pliego plantea algunas modificaciones al régimen de inhabilidades, pero entre ellas hay una especialmente sensible: los funcionarios sancionados con destitución de sus cargos, podrían aspirar a las Asambleas. En el campo de la coadministración, las Asambleas podrían autorizar al Gobernador para ejercer temporalmente funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales, con excepción de la expedición de códigos, ordenanzas estatutarias, orgánicas o mediante los cuales se creen servicios administrativos y técnicos de la corporación. Otra función nueva sería la de aprobar o improbar el plan de inversión del departamento.

Los diputados creen que en estas condiciones las Asambleas cobrarían un perfil más atractivo y dejarían de ser aquellos órganos que se limitan a aprobar presupuestos, elegir contralores y a ejercer presiones políticas sobre los gobernadores.

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