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CÁRCELES: CUÁL ES LA OPCIÓN

CÁRCELES: CUÁL ES LA OPCIÓN

El ex ministro Néstor Humberto Martínez no duda en advertir que en Colombia no existe una política carcelaria porque a los funcionarios responsables de ella les ha tocado dedicarse a apagar incendios y a actuar como bomberos.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
14 de septiembre 1997 , 12:00 a. m.

Para el senador Parmenio Cuéllar, ponente de la Ley 65 de 1993, tampoco hay política carcelaria, debido a que se improvisa a menudo en ese campo y por ello existen problemas como la corrupción y el hacinamiento.

Otro es el criterio del ex ministro Carlos Medellín, quien sostiene que la política carcelaria actuante es inestable, cambiante, coyuntural y carece de seguimiento.

La ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo, asegura que esa política se fijó a través de la Ley 65 del 1993, que tiene como meta la resocialización de los internos.

La propia Rengifo enfatiza en que lo que no existe es una política criminal. Expedimos medidas coyunturales, obviamente, para resolver problemas coyunturales. Por esa razón, el Gobierno, la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y la academia vamos a participar en el diseño de esa política criminal .

La rehabilitación? Aunque las normas indican que la filosofía de la política carcelaria es entregar al interno, al término de la condena, como una persona útil a la familia y a la sociedad, ello no se cumple.

La ministra Rengifo reconoce que la labor de resocialización no se está cumpliendo como debería ser. Se han hecho algunos avances. Sin embargo, la inadecuada parte física de las cárceles no permite que se desarrolle la política, porque dentro del hacinamiento es difícil cumplir esos fines. No hay muchos lugares para adecuarlos como sitios de trabajo, de estudio, como es el ideal .

Admite que la falta de espacio es uno de los aspectos que no permiten que se cumpla esa rehabilitación.

Esa falta de espacio físico conlleva a que los internos estén mezclados: los condenados con los reclusos, lo que impide el desarrollo para los que son condenados, como la redención de penas por trabajo, estudio y enseñanza. Desafortunadamente el derecho a trabajar y estudiar se convierten, en un momento, en un privilegio, por la escasez de cupos. No hay una política criminal de resocialización en la práctica , dice.

Algunos especialistas en el tema carcelario, como el senador Cuéllar, se preguntan: Para qué se aumentan la penas, si la cárcel no está resocializando al individuo? Si la sociedad envía a un detenido a la cárcel no debe ser como castigo, sino para que se resocialice. Esa es la filosofía de las políticas carcelaria y criminal, que van unidas .

Códigos únicos La Ministra coincide en ese aspecto: Lo que dicen los especialistas es cierto. No podemos seguir emitiendo leyes de carácter penal que modifiquen las penas o algunos de los aspectos establecidos en las normas, sin coherencia, sin que estén dentro de una política general, lo que nos lleva a una desvertebración de la ley penal en su conjunto. Por eso, el interés del Gobierno de tener códigos únicos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario .

En un reciente estudio elaborado por una subcomisión integrada por representantes de la Cámara como Benjamín Higuita y Manuel Ramiro Velásquez, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación y del Inpec encontraron frente a la resocialización lo siguiente: La resocialización como metodología de cambio actitudinal está en crisis. El concepto de la pena como la exclusiva privación de la libertad ha fracasado. El abuso de la privación de la libertad ha llevado al deterioro del sistema penal. La criminología contemporánea demuestra que la resocialización, genéricamente hablando, no existe más que en los tratados académicos .

Para la comisión interinstitucional, el Estado ha descuidado la inversión proyección y la readecuación de su infraestructura, obras que debieron ir paralelas al incremento de penas y medidas sancionatorias decretadas por el Gobierno, tales como la Ley 30 de 1986, el Decreto 2269 del 91, la Ley 40 del 93 y la Ley 228 del 95.

Siempre se está pensando en penalizar nuevas conductas, dependiendo de la coyuntura que viva el país , agrega el documento.

Una de las personas que más conoce el problema carcelario en el país es el ex director de prisiones Bernardo Echeverry Ossa, quien propone como modificación para que el sistema penitenciario funcione, lo siguiente: que la Fiscalía General de la Nación maneje directamente las cárceles de detenidos y que el Inpec se encargue de las penitenciarias, para que se pueda lograr la resocialización de los presos.

Recomienda que la situación de los inimputables debe tratarla el Ministerio de Salud y el Inpec debería depender de esa cartera. Advierte que tampoco hay política social para el post penado.

Según la Defensoría del Pueblo, existe un marcado incumplimiento en el campo del trabajo penitenciario, siendo las causas la falta de adecuada política laboral, de capacitación de personal, la carencia de talleres, la limitación por equipos inservibles u obsoletos y, en general, la indiferencia estatal y del sector privado en este aspecto... .

El documento de la comisión interinstitucional también indica que la falta de oportunidades en estudio, trabajo, recreación y deporte, al igual que el bajo nivel de industrialización y comercialización de los productos elaborados dentro del penal por falta del decidido apoyo por parte de Renacimiento y la baja cobertura del programa de microempresas carcelarias, el inadecuado apoyo del sector privado para los internos, hace que la inactividad y el ocio los induzcan a delinquir dentro de los establecimientos carcelarios, entorpeciendo de esta manera el proceso de resocialización y aumentando los niveles de corrupción y drogadicción .

Una prueba de la falta clara de una política carcelaria se da con la Penitenciaria del Bosque de Barranquilla, donde se emplearon alrededor de 30 años para su construcción, faltando aún la terminación de un pabellón y dormitorios de la guardia, obras en las que actualmente se busca al contratista para ver si es posible su culminación.

Ese hecho aparece relatado en el informe presentado a la Cámara de Representantes por la mencionada comisión mixta de entidades del Estado que estudiaron la grave crisis por la que atraviesan las cárceles del país.

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