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LAS 8.760 HORAS QUE LE QUEDAN AL GOBIERNO

LAS 8.760 HORAS QUE LE QUEDAN AL GOBIERNO

El 20 de julio pasado, el presidente Ernesto Samper contó los días y las horas que le quedan al frente del país: 365 días y 8.760 horas.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
03 de agosto 1997 , 12:00 a. m.

Y dijo, además, que ese cuarto de mandato que tiene por delante lo dedicará, para satisfacción de amigos y desencanto de adversarios, a la gente de Colombia que ha sido y seguirá siendo, hasta el final de mis días, mi sola razón y mi único norte .

Pero para el analista Hernando Gómez Buendía, no sólo él está contando las horas que le quedan. El país también . Y lo dice con ironía porque, advierte, el presidente Samper tendrá que hacer en un año lo que no ha podido realizar por el Proceso 8.000 y por otros imprevistos .

El 7 de agosto, el presidente Samper entrará en su último año de mandato. Lo hace con innumerables retos, con los coletazos del 8.000 y con unas relaciones menos tirantes con Estados Unidos, que definirán la suerte futura del Jefe de Estado, según lo pase con la extradición en el Congreso.

Los dos primeros años fueron el Proceso 8.000, la descertificación y la crisis en la relación con los Estados Unidos. No hubo tiempo para más.

El tercero, la recesión económica, el desempleo, una progresiva estabilidad en los vínculos con Estados Unidos y los restos de una crisis que no concluyó , dice Buendía, porque en su penúltimo año el 8.000 ha sido un fantasma que ya no asusta tanto.

El último es el de los 365 días donde Samper se la juega toda y con una aparente tranquilidad, porque de la crisis política de los dos primeros años se pasó a la económica.

Puede ser, como dicen los analistas Rodrigo Lozada y Gómez Buendía, que ya no se le esté pidiendo la renuncia al presidente Samper por cansancio de la gente y algo de resignación de sus críticos y porque políticamente el jefe de Estado esté respirando un poco más tranquilo.

Pero lo que le espera ya no es un debate político, sino económico, originado precisamente por la crisis de la entrada de dineros ilícitos a la campaña Samper Presidente . Es decir, se están empezando a sentir las consecuencias del 8.000.

Además de la recesión económica, de la necesidad del ajuste drástico en el gasto y la inversión y de la solución del drama del desempleo, hay otros retos de Samper en las 8.760 horas que le quedan y que empezarán a correr este jueves, 7 de agosto.

En el Congreso, es poco lo que se espera, al fin y a cabo entramos a plena época electoral y el trabajo legislativo se reduce considerablemente. Sin embargo, ahí está el tema que centrará la atención de los colombianos y de Estados Unidos: el proyecto que revive la extradición de nacionales. Es el plato fuerte para el presidente Samper, que sentirá la presión de Estados Unidos .

Y vienen, además, las elecciones, las más completas a las que le hace frente un Gobierno desde la Constitución de 1991, porque desde entonces, un mismo mandatario no había tenido esa tarea de garantizar la transparencia y la realización de los comicios para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas, Presidente y mandato por la paz, todas juntas en sólo ocho meses.

Por esta razón, el presidente Samper se ha visto obligado a buscar por diferentes caminos una solución pacífica al conflicto armado. No porque considere que será posible sentar a las partes en la mesa de negociación, ya que él ha reconocido que en su Gobierno no será posible, sino por las amenazas de guerrilleros y paramilitares de no permitir que los colombianos voten.

Resta solo un año de un gobierno que polarizó al país, fue aislado en el ámbito internacional, no pudo combatir el desempleo, ni la recesión, ni la devaluación y tampoco logró la paz. Colombia, a partir del 7 de agosto del 98, tiene una nueva oportunidad: un nuevo Gobierno.

Metas frenta a la paz, aún en el papel El camino de la Colombia justa, tolerante, dinámica, alegre, esforzada y valiente que el presidente Samper prometió emprender al inicio de su mandato se refundió.

A juzgar por sus propios retos en materia de paz, en el año que le queda debe asegurar el monopolio de las armas en cabeza del Estado, disperso entre grupos guerrilleros, de autodefensas, paramilitares y de delincuencia común; y sentar las bases de un diálogo útil, que hasta el momento le ha sido esquivo.

Visto sobre el terreno, el primero de los objetivos le es adverso: mientras que en 1994 las Farc y el Eln sumaban 8.250 combatientes en 1997 llegan a 11.500. La proporción con respecto a las Fuerzas Armadas es de 18 militares por cada subversivo en el primer año y de 13 militares por cada guerrillero en su tercer año de gobierno, según cifras castrenses.

De los paramilitares no ha datos consolidados, pero su auge queda demostrado tras las continuas incursiones en la región del Urabá y los departamentos del Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, Casanare y Meta, principalmente. Además ya dijeron que tienen una organización que los representa: las Autodefensas de Córdoba y Urabá, que exporta a miembros de estas regiones hacia zonas donde el paramilitarismo es incipiente.

A la frustrada intención de Samper de monopolizar el uso de las armas tiene que sumarse la creación legal de las cooperativas de seguridad Convivir que alcanzan las 700 y que según propósitos del Gobierno a final de año deben redondear las 1.200. Las Convivir han generado toda suerte de críticas en el sentido de que reproducen la violencia. Incluso la ONU ha dicho que involucran directamente a las personas en el conflicto armado.

En su discurso de posesión Samper también planteó como objetivo inmediato adoptar un eficaz sistema de inteligencia, pero éste queda en entredicho por las contundentes acciones militares de la guerrilla: sólo entre el año pasado y este año se registraron los ataques de Puerres, Las Delicias, La Carpa y San Juanito.

En materia de negociaciones, Samper no logró concretar a la guerrilla ni sentarla a una mesa de conversaciones. Se le puede abonar el hecho de que desde un comienzo advirtió que no se sentaría a negociar con los grupos guerrilleros si el diálogo no era útil. De hecho no lo hizo y ya reconoció que no habrá un proceso de paz que pueda culminar durante su gobierno, aunque no claudica en la idea de sentar las bases para un futuro proceso de paz, gestión que cuenta con el respaldo de los grupos económicos más poderosos del país. Los llamados cacaos han suscrito cartas que así lo demuestran.

Por eso, este año es precisamente eso lo que tratará de hacer. El 20 de julio pasado durante la instalación de la última legislatura de este cuatrienio presentó el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Paz. Su idea es dejar sancionada esta iniciativa que pretende elevar a rango de Estado y no del gobierno de turno una política de paz. El Consejo de Paz está conformado por diferentes sectores de la sociedad civil. También dará impulso a los cabildos por la paz, que serán los escenarios locales donde se discutirá la problemática en materia de paz. También abrió la puerta a la participación internacional.

La figura del Alto Comisionado para la Paz fue efímera. Samper creó ese cargo para gerenciar la paz, pero al año éste desapareció, a pesar de que en la actualidad hay dos delegados suyos (Daniel García-Peña y José Noé Ríos) que exploran posibilidades de negociación, tal como lo hizo al inicio de su gobierno Carlos Holmes Trujillo, primer y único comisionado de paz.

En lo que sí ha podido avanzar este gobierno es en el tema del derecho internacional humanitario. Primero, logró la aprobación en el Congreso del Protocolo II de Ginebra, que prohibe los métodos crueles en los conflictos armados internos, meta que se propuso; y segundo, ha convertido un tema tan especializado en jerga popular.

En esta última fase, el Gobierno retomó los principios que expuso al inicio del mandato y que cayeron en suspenso durante la crisis del llamado proceso 8.000. La diferencia es que antes el gobierno tenía el tiempo a su favor mientras que hoy inicia su cuenta regresiva.

Economía: en el ojo del huracán No hay duda. La economía venía impulsada. El crecimiento de la producción registró una tasa del 5,7 por ciento en 1993 y del 5,3 por ciento en 1994. No era para descrestar a nadie porque la Misión Chenery, que coordinó José Antonio Ocampo a mediados de la década de los 80, insinuaba repuntes anuales del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,0 por ciento si se quería tener un desempleo por debajo de un dígito.

Pero la economía tenía una dinámica propia. El sector privado hacía grandes negocios y muchos- claro que exageradamente- se refirieron a Colombia como el tigre suramericano .

En aras de la verdad hay que decir que este gobierno heredó las raíces de un déficit en alza por la nueva participación de los municipios y departamentos en los ingresos corrientes de la Nación, las inconsistencias de la Ley 100 y las nuevas obligaciones de la Constitución de 1991 que creó varias entidades como la Fiscalía, que consume diariamente más de 100 millones de pesos.

Pero eso no era ajeno al conocimiento del Gobierno. Por iniciativa del presidente y del ministro de Hacienda de entonces, Guillermo Perry, se creó la Comisión de Racionalización del Gasto Público. El organismo hizo un amplio diagnóstico sobre la explosiva situación de las finanzas del Estado y recomendó entre muchas otras cosas eliminar los fondos de cofinanciación, modificar la Ley 60 que contempla un aumento progresivo de las transferencias a los entes territoriales y ajustar la ley de seguridad social.

A eso se ha hecho hasta ahora caso omiso. Por qué: por falta de voluntad política. Lo ha reconocido el presidente Samper y su ministro de Hacienda. Hoy la crisis fiscal es explosiva y según el Banco de la República puede hacer peligrar la estabilidad macroeconómica.

La economía vive del optimismo. Los indicadores son poco halagadores y no hay certeza de una pronta recuperación.

La tasa de desempleo retornó a niveles insospechados. Una tasa del 13,6 por ciento a junio del presente año demuestra el grado de desaceleración de la actividad productiva. Y aunque se ha tratado de colocarle corazón a la apertura como lo prometió Samper recién posesionado, la revaluación del peso está haciendo estragos sobre el sector exportador.

Las dos descertificaciones han contribuido a deteriorar la economía, así Estados Unidos no haya hecho efectivas las sanciones. Los negocios, que se mueven por expectativas, han sido menos eufóricos que en el pasado.

A decir verdad, el país esperaba que 1997 fuera mejor que el 96. Mejor porque no podría ser peor después de los momentos aciagos de la crisis política. Pero vinieron acontecimientos que sepultaron los buenos augurios.

Un empresario, que poco habla, Luis Carlos Sarmiento Angulo, resumió así las causas: Primero fue la Emergencia Económica, con su altísimo contenido tributario, que trataba de resucitar iniciativas que el Congreso había negado en los dos años pasados; luego la agudización de los problemas con Estados Unidos que terminaron en la segunda descertificación de nuestro país; más adelante la discusión pública entre el Congreso y el Gobierno sobre la profunda reforma del IVA que después fue desechada; siguieron la caída de la Emergencia, el alza temporal de aranceles y la última reforma tributaria...

Sarmiento va más allá: Todo lo anterior, ocurrió en pocos meses y en medio de un ambiente de anuncios equívocos, marchas y contramarchas. El sector privado nacional, en consecuencia, se sumió en la incertidumbre .

El mediano plazo no es claro, máxime si se tienen en cuenta las preocupaciones del Emisor. En septiembre, pronosticó ayer el presidente del Consejo Gremial, César González, el desempleo puede llegar al 15 por ciento. Y la recuperación económica depende mucho de lo que se haga en lo fiscal. En eso, no hay mucho por hacer.

El reto: romper el aislamiento internacional En el año que le resta de su mandato, el presidente Ernesto Samper tendrá que darle un mayor perfil a la política exterior, salir del aislamiento y romper el cerco al que ha estado sometido el país en los últimos años, por causa del proceso 8.000 que afectó la legitimidad de su gobierno a nivel internacional.

A pesar de los últimos acercamientos con autoridades estadounidenses, los politólogos consideran que las relaciones con Estados Unidos no se normalizarán del todo, máxime cuando no existen canales de comunicación diplomáticos a nivel presidencial con la administración de Bill Clinton.

Esa situación lleva a que el Jefe del Estado tenga que confiar en lo que puedan hacer sus ministros de Relaciones Exteriores, Justicia y Defensa y el embajador ante la Casa Blanca.

Los especialistas, empero, reconocen que el gobierno estadounidense no puede seguir siendo tan radical en su trato con Colombia y tendrá que bajarle el volumen a sus expresiones, para evitar que esa posición pueda ser aprovechada políticamente para despertar el nacionalismo, lo cual conduciría directamente a fortalecer, en plena época electoral, a candidatos como Horacio Serpa.

Frente al tema de la certificación que expedirá el gobierno Clinton, en el primer trimestre de 1998, las opiniones están dividas: mientras algunos internacionalistas sostienen que las posibilidades de giro eventuales en las relaciones entre lo dos países se darían si Colombia recibe una certificación y como un intento de tender un puente hacia la próxima administración que arranca el 7 de agosto, otros, en cambio, sostienen que mientras Samper sea el Jefe de Estado, no habrá certificación.

Como lo afirma Juan Gabriel Tokatlián con base en presiones y exigencias, Estados Unidos ha logrado todo lo que estaba en su agenda: revivir el tema de la extradición, la firma de un acuerdo marítimo y la política de fumigación para cultivos ilícitos.

El proceso que se le siguió al presidente y a otros dirigentes políticos condujo a que el país no fuera visitado por jefes de Estado y otras personalidades mundiales. Esa situación está comenzado a cambiar y la reciente visita oficial del presidente Juan Carlos Wasmosy es prueba de ello.

Según la canciller María Emma Mejía, Colombia buscará consolidar aún más el bloque regional para actuar en un mundo más globalizado; intensificará su cooperación y relaciones con Estados Unidos, con la Unión Europea y con los países vecinos; otorgará más apoyo a los organismos multilaterales para que se aborden estrategias que permitan luchar contra las drogas, conseguir la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente y proseguirá su trabajo desde la presidencia del Movimiento de los No Alineados.

En la diversificación de las relaciones, en especial con Europa y el Pacífico, y en un mayor énfasis en el tema de derechos humanos, coinciden los politólogos Sandra Borda y Andrés Franco. En síntesis, Colombia debe tratar de recuperar al menos parte de lo que perdió en los últimos años: la legitimidad internacional.

Más eficiencia militar y menos impunidad Más eficiencia militar, menos impunidad, mejoras carcelarias y erradicación de cultivos ilícitos son los temas en materia de justicia y orden público que reclaman atención del gobierno Samper en los doce meses que restan de su gestión.

El presidente Ernesto Samper tendrá poco tiempo para reducir problemas que crecieron a la sombra del Proceso 8.000, impulsado por el ex fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento.

En los tres años de gobierno, el presidente Samper ha tenido roces con el poder judicial y graves problemas de orden público.

La caída de la conmoción interior en 1995 y de la emergencia económica este año crispó las relaciones con la Corte Constitucional y el gobierno anunció un proyecto de ley para poner en cintura los controles del guardián de la Carta política.

Los empleados de la rama judicial obligaron al gobierno a pactar un aumento salarial del 18 por ciento, por encima de los topes oficiales, en enero de este año.

El orden público ha registrado graves alteraciones. El ataque a la base militar de Las Delicias y la retención y liberación de 60 soldados y 10 infantes de marina colocaron a la guerrilla en una posición victoriosa con impacto político y militar.

El derribamiento de un helicóptero civil con militares que viajaban a proteger la reparación del oleoducto Caño Limón-Coveñas planteó nuevamente interrogantes sobre la labor de las Fuerzas Militares en zonas de violencia.

El secuestro y asesinato de alcaldes y las tomas guerrilleras de poblaciones han ido en aumento.

Las Convivir, creadas para apoyar con información a las autoridades, se han convertido en otra piedra en el zapato para la administración Samper.

El 7 de febrero de 1995 el presidente Samper se comprometió a terminar en dos años con las cerca de 70 mil hectáreas de cultivos ilícitos que existían en ese entonces en el país. El plazo se cumplió y a pesar de la ofensiva de la Policía Antinarcóticos, hoy el país cuenta con más de 60 mil hectáreas de coca y amapola.

El gobierno sacó adelante en el Congreso leyes clave para la justicia y la lucha contra el delito: La Ley Estatutaria de la Justicia, la Ley de Extinción del Dominio y la de Aumento de Penas por Narcotráfico.

Tiene pendientes los proyectos sobre alternatividad penal (descongestión de cárceles) y reforma a la acción de tutela. El tema de la extradición está en el menú legislativo.

Estos temas coparán buena parte del año que resta de gobierno. Los códigos únicos Penal, de Procedimiento Penal y Carcelario anunciado por el Fiscal General será una de las herramientas para luchar contra la impunidad.

Los programas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos también serán prioridad en la recta final del gobierno que debe implementar planes de desarrollo y empleo para los campesinos y reducir la producción de coca y amapola.

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