Fiscalía va por al menos 30 policías en caso del grafitero

Fiscalía va por al menos 30 policías en caso del grafitero

30 de junio 2013 , 12:00 a.m.

Como una bola de nieve, el proceso por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrida el 19 de agosto del 2011 en el norte de Bogotá, ha ido vinculando a uniformados, incluso de alto nivel, en lo que constituye uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Policía Metropolitana de Bogotá, sin que aún se haya producido una sola condena por ese episodio.

El hallazgo más sorprendente lo destapó esta semana el fiscal 295 Wílford Olmedo, quien en la sala 408B del complejo judicial de Paloquemao citó a interrogatorio al patrullero Freddy Sneider Navarrete, uno de los siete policías involucrados en la supuesta alteración de la escena del crimen.

En plena audiencia de judicialización de los coroneles José Javier Vivas, entonces subcomandante de la Policía de Bogotá, y Nelson Arévalo, que era el comandante de Suba, el delegado del ente acusador dijo que Navarrete negó que en el lugar de los hechos -calle 116A con carrera 71C- hubiera un arma de fuego en un principio. La Fiscalía ha sostenido desde la apertura de la investigación que una pistola calibre 22 fue plantada por miembros de la Policía en el lugar para hacerles creer a los agentes del CTI que el grafitero le había disparado al patrullero Wílmer Alarcón y que el uniformado, en medio de una persecución, había halado el gatillo en defensa propia.

Arévalo y Vivas -señala el fiscal del caso- estuvieron al tanto de todo. De hecho, otros dos uniformado detenidos por este caso (Nelson Rodríguez y Rósemberg Madrid) corroboran la versión.

Navarrete admitió que el coronel Arévalo ordenó ese día que se comprara un arma, y que los encargados de llevarla fueron dos policías del CAI Alhambra.

Por esos días el personal de la institución redoblaba esfuerzos para mantener una buena imagen de la seguridad de la ciudad, pues se llevaba a cabo el Mundial Sub-20 de fútbol.

El fiscal relató que una vez el arma llegó al sitio (comprada por cerca de 500.000 pesos) fue disparada en el humedal Córdoba, para prever los estudios posteriores de balística, y puesta en la escena del crimen por el abogado Héctor Hernando Ruiz, en ese momento asesor jurídico de la Policía Metropolitana. "En el sitio se dio un pacto de silencio sepulcral (...). Se dijo que el que hablara se iba a morir", afirmó Olmedo. Desde entonces, diez personas han sido vinculadas oficialmente al proceso: los coroneles Arévalo y Vivas, el patrullero Wilmer Alarcón (también acusado de homicidio), los uniformados Freddy Navarrete, Nelson Rodríguez, Rósemberg Madrid y Juan Carlos Leal, y el abogado Héctor Ruiz.

Asimismo, el conductor de buseta Jorge Narváez y su esposa, Nubia Mahecha Melo, fueron solicitados por la Fiscalía, ya que habrían inventado una denuncia para acusar al grafitero de haber cometido un atraco a un bus de servicio público antes de la persecución. "Faltan dos generales más, entre los que figuran Francisco Patiño, tres coroneles y un mayor. En total son 30 policías, con otros suboficiales, y unos asesores jurídicos de esa institución", advirtió Gustavo Trejos, padre del grafitero, con base en información aportada por su abogada.

Para analistas como Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, el caso del grafitero, aún en etapa de investigación, ha tenido tal dimensión por tres razones: "Desde el primer momento fue un hecho público. Segundo, pese a la ausencia de abogados de alto prestigio, muchas personas se han identificado y han sentido solidaridad con los padres del grafitero, que desde un comienzo han buscado justicia, y están en todo su derecho. Ellos no han dejado perder la trascendencia mediática. Y por último, la muerte del grafitero involucró a funcionarios encargados de proteger a los ciudadanos, sobre todo ahora que se habla de altos oficiales".

De otra parte, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (Fip), opina que se "demuestra una vez más que nadie está por encima de la ley". Al cierre de esta edición, se definía la medida de aseguramiento contra los dos coroneles y Nubia Mahecha

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