El gobierno corporativo de las empresas públicas y la Ocde

El gobierno corporativo de las empresas públicas y la Ocde

25 de junio 2013 , 12:00 a.m.

La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (Ocde) hace unos días aprobó formalmente la invitación al Gobierno colombiano para iniciar las conversaciones de adhesión del país a dicho organismo.

Esto es una noticia positiva, en la medida en que la política pública y las instituciones colombianas pueden beneficiarse de la aplicación de las mejores prácticas mundiales, y en que vamos a recibir un permanente examen de la manera como están funcionando. Uno de los temas en los cuales tenemos mucho que mejorar es el gobierno corporativo de las empresas públicas. La Ocde publicó en el 2011 unas directrices sobre este tema. Al revisarlas y contrastar con lo que es la práctica en Colombia, encontramos varios aspectos en los cuales indispensablemente tenemos que mejorar. Señalemos algunos de ellos. Dice la Ocde: las empresas públicas no deberían verse eximidas de la aplicación de leyes y regulaciones de carácter general. Pues bien, en varios casos, las entidades públicas colombianas tienen excepciones a la regulación general: el Artículo 211 del Estatuto Tributario establece que las rentas recibidas por las empresas de servicios públicos domiciliarios están exentas del impuesto de renta, siempre y cuando esas rentas sean obtenidas por entidades oficiales o de economía mixta. Por otra parte, en la ponencia de primer debate de la ley ordinaria en salud, se prohíbe la integración vertical entre gestores y prestadores, pero esta disposición no se aplicaría a los gestores y prestadores de naturaleza pública y mixta. Dice la Ocde: las organizaciones públicas deberían desarrollar procedimientos eficientes de auditoría interna y crear una función de auditoría interna que esté monitoreada por y dependa directamente del directorio y el comité de auditoría, o del órgano societario equivalente. En Colombia, como se sabe, la función auditora externa la ejerce la Contraloría General de la República y la revisoría fiscal la designa la asamblea de accionistas (como debe ser). Sin embargo, los auditores internos los designa el Presidente de la República en el caso de las entidades de orden nacional. Dice la Ocde: los directorios de las empresas públicas deberían disponer de la autoridad necesaria para nombrar y cesar al gerente general. En la práctica, ello no sucede así, lo cual le ha dado un amplio espacio de participación a la clase política para que las gerencias de las compañías públicas pasen a ser parte del reparto político general que asegure la famosa 'gobernabilidad'. No son pocos los casos en que gerentes de empresas públicas se han negado a acatar las directrices de su junta, argumentando "mi jefe es el Presidente (o el ministro, o el alcalde, o en el peor de los casos, el parlamentario X)". Dice la Ocde: los directorios de las empresas públicas deberían realizar una evaluación anual con el fin de evaluar su desempeño (el del propio directorio). Esta práctica es casi inexistente, tanto en las empresas públicas como privadas del país. Dice la Ocde: la plena separación administrativa de las responsabilidades de propiedad y la regulación del mercado constituyen un requisito previo fundamental para la creación de condiciones iguales para las empresas públicas y las privadas, y para evitar la distorsión de la competencia. Este es un principio que se desprende también de los principios de reforma regulatoria de este organismo. Todos sabemos que los estatutos de las empresas públicas colombianas, en la gran mayoría de los casos, les dan la presidencia de las juntas a los ministros del ramo respectivo, a los gobernadores o alcaldes, autoridades que tienen también responsabilidades regulatorias o de vigilancia. Dice la Ocde: la legislación y regulación deberían establecer claramente cualquier obligación y responsabilidad que se exija a una empresa pública en términos de servicios públicos, más allá de las normas generalmente aceptadas.

Dichas obligaciones y responsabilidades también deberían comunicarse a la opinión pública, y los costos relacionados con las mismas deberían cubrirse de forma transparente. Si a Satena, por ejemplo, se le obliga a cubrir rutas no rentables, o si al Banco Agrario se le exige tener presencia en municipios pequeños en los cuales la escala de sus operaciones no permiten cubrir los costos, los subsidios necesarios deberían pagarse por encima de la mesa: de esta manera no se esconden ineficiencias ni se distorsiona el mercado. Estos son apenas algunos de los temas en los cuales el país debe cambiar en lo que tiene que ver con el gobierno corporativo de las empresas públicas, si se aspira a estar a tono con las mejores prácticas de la Ocde. Pero en algunos temas, como es el caso de la salud, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo.

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