CARTA DEL DIRECTOR Un plazo razonable

CARTA DEL DIRECTOR Un plazo razonable

25 de junio 2013 , 12:00 a.m.

Ricardo Ávila Pinto ricavi@portafolio.co .

Si en alguna entidad del Estado se aplica el dicho que afirma que "lo urgente no deja tiempo para lo importante" es en Colpensiones. Creada para sustituir al Instituto de los Seguros Sociales en su parte correspondiente al manejo del régimen de prima media, el organismo no ha logrado desenredar el nudo gordiano que heredó, y se encuentra no solo en la picota pública, sino en la mira de los organismos de control y del Congreso.

A primera vista, las críticas son justificadas. Una mirada a las redes sociales muestra infinidad de quejas de personas que se declaran víctimas de una larga espera, ya sea para que se les liquiden sus mesadas de jubilación o se les actualicen sus historias laborales con el fin de incluir la información correcta. Un porcentaje importante de esos ciudadanos ha optado por el camino de la tutela para conseguir una respuesta más rápida. No obstante, el uso del mecanismo no necesariamente funciona, porque a pesar de lo que dice la ley, las definiciones, igual, se demoran.

Las cosas han llegado a tal extremo, que esta semana el presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, deberá hacerse presente en la Procuraduría con el fin de responder a cargos en los que se le acusa de "faltas gravísimas", por lo cual podría ser objeto de fuertes sanciones. Para más de un observador externo, un castigo es lo que merecería alguien que no ha cumplido cabalmente su labor.

Sin embargo, un análisis más detallado de los hechos revela que las cosas no necesariamente son como parecen. Aceptando que en más de una ocasión Colpensiones ha sido sobrepasada por el maremoto de solicitudes y papeles, penalizar a los directivos de la entidad sería un grave error. La razón es que una determinación en ese sentido desconocería que el viento ha comenzado a cambiar, con lo cual ahora sí se ve la luz al final del túnel. Ese logro no es menor cuando se tiene en cuenta que la institución tuvo que enfrentarse a 216.000 procesos judiciales, casi el triple de los que se habían calculado. A lo anterior hay que agregarle 128.000 tutelas, además de la carga de trabajo normal, consistente en tramitar 14.000 solicitudes nuevas de reconocimiento y ajuste de pensiones.

La génesis del problema está indudablemente en el Seguro Social, que a lo largo de varias décadas fue presa de la voracidad de la clase política y organizaciones sindicales que lo llevaron a la inviabilidad. El desgreño administrativo y la falta de procedimientos se notan en vacíos serios de información que repercuten en lo que puede hacer Colpensiones.

Aun así, esta ha empezado a mostrar resultados por cuenta de trabajar en triple jornada. De hecho, la administración se ha comprometido con ponerse al día el 31 de diciembre próximo, para lo cual necesita el apoyo de la Corte Constitucional. Este consiste en declarar el "estado de cosas institucionales", usado en otras circunstancias extraordinarias y que permitiría suspender el cumplimiento de tutelas e incidentes de desacato.

La petición merece ser concedida no solo por sus méritos, sino por otros motivos. El principal es que el experimento de Colpensiones es valioso, pues se trata de una organización de carácter técnico. Esa característica es precisamente la que le ha granjeado enemistades en el Capitolio, pues más de un parlamentario añora la época en la cual las regionales del Seguro Social formaban parte del botín burocrático con el que se aceitaba la 'gobernabilidad'. Los sindicatos también meten baza en el asunto, creándose una alianza insana con la izquierda.

Debido a ello, la Procuraduría debería evitar hacerles el juego a tales sectores cuyo interés no es precisamente el de prestar un mejor servicio. En cambio, el ente de control podría acompañar una labor de depuración y manejo profesional, al tiempo que apoya darle plazos razonables a una entidad que necesita y merece otra oportunidad para cumplir.

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