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CORTOCIRCUITO POR LEY DE EXTINCIÓN

CORTOCIRCUITO POR LEY DE EXTINCIÓN

Estaban las Empresas Municipales de Cali envueltas en un negocio de 6.500 millones de pesos con agentes de los carteles de la droga?

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
17 de agosto 1997 , 12:00 a. m.

Se estarían prestando para lavar un bien mal habido que pudiera ser perseguido bajo el peso de la ley de extinción de dominio? La señal de alarma, activada por las dudas, se escuchó el jueves 21 de noviembre de 1996, durante una reunión de la Junta Directiva de la entidad.

Según el acta número 020 de la sesión, el directivo Emilio Sardi se declaró preocupado por versiones según las cuales el edificio Boulevard del río, comprado con destino a las áreas administrativas de la Gerencia de Energía, pertenecía a la organización de Efraín Hernández Ramírez, considerado por el Bloque de Búsqueda de la Policía como presunto capo del cartel del Norte del Valle.

Sardi dijo que si se encontraba que la administración había hecho el negocio sin mirar suficientemente los aspectos jurídicos, financieros y morales había que encontrar, cuanto antes, una fórmula para deshacer la negociación.

De inmediato, en un informe de prensa, Emcali aseguró que la negociación era transparente, conforme incluso a informes de la Policía.

El gerente de Energía, Néstor Martínez Sandoval, se presentó a la sesión siguiente de la Junta con los resultados de una averiguación según la cual en la tradición de propiedad del bien solo figuraban personas honorables, libres de sospecha y de requerimientos judiciales.

Por su parte, tres comisionados de la Junta entregaron las conclusiones de una pesquisa hecha por el mayor Caicedo, jefe de seguridad de la Gerencia de Energía. Según el documento, el oficial había indagado ante la Policía Metropolitana de Cali sobre los antecedentes de cada uno de los inscritos en el certificado de tradición. El resultado era para ellos claro: ninguno mostraba anotación alguna en su contra en la Unidad de Policía Judicial e Investigaciones de la Sala Técnica ni en la Fiscalía.

Socios hasta el final Pese a sus febriles averiguaciones, nadie de se acordó de indagar sobre un antecedente que estaba fresco: dos semanas atrás Alfredo Haddad Saluan, el hombre que le vendió el edificio a Emcali a través de la Fiduciaria del Banco Cooperativo de Colombia, había sido asesinado en Bogotá, al lado de Efraín Hernández, conocido en círculos judiciales como Don Efra .

En el atentado, ocurrido en el centro comercial Hacienda Santa Barbará, en el norte de la ciudad, también resultó herido Herman Wechsler Klahr, que estuvo detenido por el homicidio, pero que luego recuperó su libertad.

El asunto fue olvidado pronto y Emcali recibió el edificio el 30 de diciembre, como estaba proyectado.

Hoy, el asunto vuelve al primer plano. EL TIEMPO encontró documentos que prueban que Haddad, libre oficialmente de antecedentes y mencionado apenas tangencialmente en el libro Los jinetes de la coca II, era en realidad uno de los socios más cercanos de Don Efra .

Es más, matrículas de la Cámara de Comercio de Cali sirven para probar que Hernández tuvo el edificio como centro de operaciones financieras. De su engranaje hacían parte un total de 16 oficinas, una de ellas a nombre de Wechsler.

Las nuevas evidencias se conocen ahora que la Corte Constitucional declaró exequible la ley de extinción de dominio, incluidas las normas que permiten su aplicación retrospectiva, es decir, sin límites en el tiempo.

Dos de los padres de la ley, los senadores Claudia Blum y Germán Vargas Lleras, consideran que este episodio abre un debate sobre los alcances de la ley, con una pregunta de fondo: Podría el Estado extinguir sus propios bienes, en caso de probarse que su origen es ilícito? (Ver recuadro).

Adicionalmente, el vicefiscal general de la Nación, Jaime Córdoba Triviño, informó que los bienes de Don Efra están desde febrero en la mira de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Aclaró que si bien Hernández no registra antecedentes, fue objeto de dos investigaciones penales por enriquecimiento ilícito que precluyeron por causa de su muerte.

El negocio En la maraña de escrituras, matrículas mercantiles e inmobiliarias, se descubren los nombres de los tres hombres (Hernández, Haddad y Wechsler). La historia del negocio ocurrió en escasos cinco meses.

Primero, el 5 de agosto, Haddad hizo la fiducia con Fidubancoop, según escritura 2278 de la Notaría 30 de Bogotá.

El 17 de octubre, el gerente general de Emcali, Juan Fernando Burgos, y el suplente del presidente de Fidubancoop, Gustavo Pinzón, suscribieron la escritura de compraventa en la misma notaría.

Al margen de las dudas sobre la calidad de los dueños del bien, comprado en 6.500 millones de pesos, una auditoría de la Contraloría concluyó ese mismo diciembre que hubo apresuramiento en la compra del edificio, pues no fueron tenidas en cuenta las necesidades y el futuro de una empresa en proceso de transformación.

Señaló que en el costo de adquisición se incluyeron obras de adecuación, gastos de demolición y retiro del material sobrante, que deberían ser asumidos por el vendedor.

Las dudas Según la escritura 7686 de la Notaría segunda de Cali, del 29 de agosto de 1988, Haddad Saluán adquirió el edificio a la Sociedad Inversiones El Progreso.

Una consulta a una base de datos de 1993 muestra que las matrículas mercantiles de varias firmas relacionadas con Efraín Hernández tenían asiento en ese sitio. Esa información indica que en la oficina 1002 estaban concentradas firmas como Agropecuaria El Roble, Inmobiliaria Santa Teresita y Hercon limitada, además de otras a nombre de nueve de sus parientes.

La Inmobiliaria Santa Teresita, que figura con propiedad en Boulevar del Río, es un ejemplo de esa unión. En el grupo de socios estaban Efraín Martínez Ramírez y sus parientes, mientras que Wechsler era suplente en la junta directiva.

Hoy, las mismas firmas, que suman 16, aparecen concentradas, según documentos de la Cámara de Comercio, en la oficina 502 de la Avenida 5C No 23D-04.

La edificación, que tiene su nomenclatura en papel de computador y su fachada es de vidrios polarizados, está hoy desocupada.

Hubo tres propuesta de compra de edificio para la sede de la Gerencia de Energía. Con el Boulevard compitieron los edificios Mieres y Juan Carlos II.

Una comisión de junta conformada por el actual gerente de Macroproyectos de Cali, Guillermo Londoño Capurro y el actual secretario de Fomento y Competitividad, Carlos Alberto Saavedra, concluyó que la mejor oferta era el Bulevard del Río. El acta respectiva dice que un grupo coordinador visitó la edificación y una serie de recomendaciones fueron atendidas por el propietario, que se comprometió además a entregar cada uno de los pisos sin divisiones para poder adecuar los apartamentos en oficinas .

Londoño dijo telefónicamente que están en regla todos los documentos que sustentan la transparencia de la negociación.

La oficina de arquitectura del Departamento de Inmuebles de Emcali, donde normalmente reposan los títulos de propiedad de los bienes de la entidad, informó a la Contraloría que no conoció el negocio y que todo el proceso fue asumido por la Gerencia de Energía.

Réplica de Emcali Las directivas de las Empresas Municipales de Cali comisionaron al abogado Guillermo Poveda, asesor jurídico de la entidad, para responder las dudas planteadas por EL TIEMPO.

Estas son sus explicaciones: Cuando al doctor Néstor Martínez le dijeron (en la junta directiva) que podía hacer la negociación, me pasaron a mi los documentos que contenían toda la información sobre el edificio. Visité notaría por notaría para indagar sobre los antecedentes de propiedad durante los últimos 20 años.

Ya con certificado de tradición actualizado, encontré que entre los propietario solo había personas honorables.

Además, para mi no era conocido Don Efra . Hice una averiguación sobre antecedentes penales y órdenes de captura y resultó negativa.

El gerente de Energía le dijo a un conocido que tiene en el DAS que le averiguara y tampoco encontró nada. Creo que actuamos con especial diligencia para no resultar siendo idiotas útiles .

Por su parte, Dorys Torres, coordinadora de Fiducia Inmobiliaria de Fidubancoop, explicó que la actuación de la firma se limitó a la venta del bien.

Se constituyó para ello un patrimonio autónomo, procedimiento con el cual la persona interesada en la venta nos transfiere el bien con el único objeto de su negociación , observó.

Este diario buscó también la versión de los Haddad Saluan, pero en el único teléfono en el que respondieron aseguraron que la familia ya no reside en Cali.

Fueron socios hasta el final...

Las relaciones comerciales entre Alberth Haddad Saluan y y Efraín Hernández Ramírez ( Don Efra), eran de vieja data. Fueron varias las empresas en que aparecían ambos como socios.

La relación de negocios entre Hernández y Haddad terminó abruptamente el 7 de noviembre de 1996, cuando un sicario entró a sus oficinas en Hacienda Santa Bárbara y los mató a tiros. En las mismas circunstancias quedó herido Herman Wechsler Klahr, también socio y amigo de ellos.

La relación de amistad entre Don Efra y los Haddad los llevó a crear el 8 de septiembre de 1990 la empresa Credi Santa Bárbara S.A., con el fin de adquirir vehículos nuevos y usados para compraventa, lo mismo que repuestos y accesorios. Alberth Haddad era representante legal de la firma Haddad Saluan Hermanos, dueña del 10 por ciento del paquete accionario de Credi Santa Bárbara S.A.

Hernández y los Haddad también tenían intereses en la empresa Vehículos Repuestos y Servicio Santa Bárbara Ltda. Esta firma fue fundada en 1987 y en ella aparecen como socios Jairo Maldonado Hincapié y varios familiares de Hernández. En la junta directiva aparece como uno de los principales Herman Wechsler, mientras que Alberth Haddad lo hace en calidad de suplente. Además, como suplente del gerente fue nombrado Javier Haddad Pérez, hijo de Alberth Haddad.

Finalmente, en la empresa Proindustrial, también de la familia Hernández, los hermanos Alberth y Sammy Haddad figuraban dentro del listado de accionistas con su empresa Haddad Hermanos.

En un video incautado por la Policía Nacional aparecen Haddad, Weschler y Hernández asistiendo al matrimonio de éste último con la modelo Sandra Murcia.

El matrimonio se celebró el primero de diciembre de 1993 en el hotel Oro Verde de Quito.

Hablan los padres de la ley Al tiempo que ordena perseguir, sin límites en el tiempo y el espacio, los bienes que sean producto de actividades delictivas, la ley 333 de 1996 protege a quienes los hayan adquirido de buena fe.

En esta última categoría quedarían las Empresas Municipales de Cali, si se establece que los funcionarios responsables de la compra del edificio no sabían realmente con quién estaban negociando.

EL TIEMPO consultó la opinión de los senadores Germán Vargas Lleras y Claudia Blum. Vargas fue ponente de la ley en el Senado y su colega una de las firmes defensoras de la iniciativa durante su trámite en el Congreso.

Para Vargas, el caso Emcali si se llegaran a probar responsabilidades concretas sería sui géneris, ya que la extinción de dominio opera a favor del Estado y sería extraño que el mismo Estado procediese contra sus bienes.

Sin embargo, afirma Vargas, en el caso de extinción de tal dominio, la entidad tendría que repetir contra los funcionarios que hicieron la transacción, es decir, cobrarles el monto equivalente al negocio.

El caso es enredado , dice el congresista. Según él, lo lógico sería perseguir el capital que pagó el Estado al vendedor. Recuerda que la ley ordena perseguir frutos y rendimiento de la venta de bienes asociados a actividades delictivas.

Aclara que el concepto de bien en la legislación hace referencia tanto a bienes muebles e inmuebles. Entre los primeros se encuentran los títulos valores, las acciones y el dinero en efectivo.

En últimas, la solución jurídicamente viable sería perseguir los recursos que el Estado pagó, sin perjuicio de la responsabilidad que le compete a los funcionarios por la transacción, concluye Vargas Lleras.

Claudia Blum explica lo siguiente: En este caso la institución que adquiere el bien tiene los mismos derechos de un tercero de buena fe. Hay que recordar que cuando la ley se refiere a los derechos de terceros incluye a personas naturales y jurídicas y las entidades públicas son personas jurídicas.

En este sentido, la entidad que adquirió el bien no lo pierde y el Estado podrá iniciar un proceso de extinción de dominio sobre el producto de la venta.

Así, la entidad que compra un bien de buena fe se debe quedar con él y el producto de la extinción del dominio pasa al fondo creado por la ley .

Qué tiene que ver Herrera? En algunos documentos oficiales la dirección del edificio Boulevard del Río aparece a nombre de una firma de Elmer Pacho Herrera.

Según Catastro, W. Herrera y Compañía es el propietario de la edificación situada en la Avenida 2 Norte 7N-45. El papel menciona el número de la escritura, pero no el de la Notaría; aparentemente se trata de un parqueadero.

Sí figura la matrícula inmobiliaria 370-288558 que señala cómo la dirección anotada correspondería a un edificio vecino conocido como el Centro Profesional y Comercial El Centenario II, oficina 505.

Pero la matrícula no establece la dirección. Dice que fue adquirida por W. Herrera y Compañía a la Sociedad Conservatorio, el 28 de octubre de 1988, conforme a escritura 9954 de la Notaría Segunda. El Conservatorio es una entidad que no tiene tacha en la ciudad.

La escritura señala que la dirección correcta es avenida 2 Norte 7N-55 y no se trató de la venta de un parqueadero, ni una oficina. Los Herrera compraron 27 oficinas, un garaje y un depósito.

Según los documentos, un día después y en la misma Notaría, Alfonso Haddad Saluán había adquirido el edificio Bulevard del Río, con la dirección señalada.

W. Herrera, integrada por Inversiones Herrebe (parientes de Herrera Buitrago) y Luz Mery Buitrago, se convirtió luego en Inversiones Gran Crisol. Tenía un capital de 234 millones de pesos cuando fue constituida en marzo de 1988.

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