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EL CASO USCÁTEGUI: REFLEXIONES NECESARIAS

EL CASO USCÁTEGUI: REFLEXIONES NECESARIAS

La condena al General Jaime Humberto Uscátegui tiene connotaciones históricas. Es la primera vez que un alto oficial es sancionado por la justicia militar por un delito relacionado con la violación a los derechos humanos. Y es una muestra de los efectos que produce la presión internacional en estos tiempos de la globalización.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
15 de febrero 2001 , 12:00 a. m.

La condena al General Jaime Humberto Uscátegui tiene connotaciones históricas. Es la primera vez que un alto oficial es sancionado por la justicia militar por un delito relacionado con la violación a los derechos humanos. Y es una muestra de los efectos que produce la presión internacional en estos tiempos de la globalización.

La masacre de Mapiripán, en 1997, tuvo un enorme impacto mundial. Fue el primer paso estratégico de una siniestra ofensiva de Carlos Castaño para disputar un territorio de tradicional presencia de las Farc. Un grupo de 200 matones enviados por vía aérea desde Urabá se aposentó en este pueblo del departamento del Meta durante una semana. Asesinaron a más de 25 personas: el número exacto no se conoce porque algunos cadáveres descuartizados o decapitados fueron incinerados o arrojados al río Guaviare.

A pesar de que el juez del pueblo, Leonardo Cortés, previno sobre los planes aciagos de los paras , el general Uscátegui no hizo nada para evitar que se llevaran a cabo. Y por eso, después de un largo tire y afloje entre las instancias civiles y militares, un tribunal castrense presidido por el comandante de la Fuerza Aérea, general Héctor Fabio Velasco acaba de sentenciar a Uscátegui a 40 meses. Previamente, la Procuraduría lo había retirado del servicio. Si bien el alcance de los fallos puede ser controvertido, lo cierto es que las instituciones, por una vez, funcionaron.

La increíble y triste historia del caso Mapiripán no debería pasar desapercibida. De allí pueden salir luces sobre fenómenos cuya persistencia hace imposible la superación de la crisis nacional. Las relaciones, colaboraciones u omisiones entre oficiales de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. O el ping-pong entre la justicia civil y militar para tratar estos pleitos, hoy entregados a la primera de ellas por la Corte Constitucional y una directriz del presidente Andrés Pastrana promulgada en agosto para cumplir una de las siete condiciones impuestas por Estados Unidos en el Plan Colombia.

No es de extrañar que el Departamento de Estado haya recibido con aplausos el fallo contra Uscátegui. Y que el Canciller-General, Colin Powell, haya conminado a su colega Fernández de Soto según información de este diario ayer a que se mantenga muy enfocado en ese tema y en la protección de los derechos humanos . Del caso Mapiripán ha habido encendidos debates en Washington, donde un senador Patrick Leahy aprobó una enmienda que prohíbe el apoyo a militares acusados de violar los derechos humanos. Y otro de los implicados en el asunto el coronel Lino Oviedo, actualmente a punto de ser juzgado por una instancia civil participaba en un programa de cooperación con los Estados Unidos sobre planeación militar, en las mismas fechas de los lamentables hechos de Mapiripán y en la misma zona.

El análisis de un episodio tan sórdido y complejo obliga a pensar en los enormes desafíos que tiene por delante la comisión acordada entre el presidente Pastrana y Manuel Marulanda para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto . Y genera demasiadas dudas: cuáles serán sus funciones? Con qué instrumentos de investigación contará? Y lo más grave: cómo se garantizará la seguridad de sus miembros? El lunes pasado, en Cúcuta, fue asesinado brutalmente Iván Villamizar, rector y presidente de la Universidad Libre. El profesor Villamizar había sido uno de los investigadores de la masacre de La Gabarra, en Norte de Santander. Qué garantías tendrán las personalidades nacionales que estudiarán las atrocidades de los paramilitares y las violaciones de la guerrilla al DIH? Se quedarán en el papel las buenas intenciones?.

Más que la creación de instancias informales, lo que se necesita es fortalecer lo institucional con compromisos serios y voluntad política demostrada. Carlos Castaño tiene cerca de 35 órdenes de captura en las fiscalías de todo el país, pero ninguna se ha hecho efectiva. Qué podrá lograr una comisión de personalidades indefensas? Si algo prueba el epílogo del caso Uscátegui es que la justicia puede operar. Sobre todo cuando hay tanto interés en Washington para que así sea.

rodripar@hotmail.com

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