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CARGOS CONTRA ÚLTIMOS ALCALDES

CARGOS CONTRA ÚLTIMOS ALCALDES

La Procuraduría acusó ayer por omisión y acción a los alcaldes elegidos popularmente y a otros funcionarios o ex funcionarios públicos por la crisis de los servicios y el desorden urbanístico de Cartagena. Al mismo tiempo, ayer se abrió paso un frente común para canalizar las aspiraciones de la ciudad en materia de servicios públicos, integrado por políticos, autoridades y gremios.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
04 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

La Procuraduría Departamental, al culminar una investigación del visitador Benjamín Salón, acusó, por violar las normas de policía sobre economía informal, al alcalde Gabriel García Romero, a sus antecesores Manuel Domingo Rojas y Nicolás Curi Vergara y a sus correspondientes secretarios de Gobierno y jefes de la Oficina de Economía Informal.

Estos son Carmen Martínez Gómez, Sair Daria, Aroldo Sánchez, Luis Anchique, Juan de Dios Ealo, Benjamín Herrera, Dulfy Martínez, Marina Barrios, Carlos Villalobos y los titulares de esos despachos, Carlos Jordán Martínez y Duvinia Torres Gohen. Salón encontró que en los últimos años no hubo control adecuado de las ventas ambulantes ni se llevaron archivos sobre expedición de permisos.

Agregó que en altas temporadas los funcionarios permitieron que los espacios públicos fueran literalmente ocupados, en deterioro del ambiente.

Un equipo interdisciplinario, del cual forma parte el alcalde García, encontró que a partir de 1988, cuando comenzó la elección popular de alcaldes, en Cartagena se multiplicó por cuatro el número de familias que dependen de las ventas informales. Pasaron de 500 a 1.800 solo en el sector amurallado.

A su turno, el procurador provincial, Manuel Felfle, sancionó con destitución al ex gerente de las Empresas Públicas Distritales (EPD), Enrique Chartuni González, por haber ordenado en 1991, mediante resolución, el cobro de barrido de calles en momentos en que este servicio no se prestaba.

Contra Chartuni y 11 personas, también se profirieron cargos en otro expediente por haber legalizado 32 facturas de compra, por valor total de 30 millones de pesos, sin los trámites correspondientes. Los afectados son Orlando Jiménez, Alvaro Tinoco, Rodolfo Puello, Alvaro Brieva, Mariano Carvajal, Juan Yacamán Torres, Efraín Gutiérrez, Carmen Tinoco, Duarte Alzamora, Julio César Meza y Enrique Chartuni.

Entre tanto, a instancias del Concejo se creó el frente común que acudirá ante el alto Gobierno y entidades internacionales para obtener los recursos que requiere la solución de la crisis de los servicios.

Quedó establecido que la ciudad carece de un plan integral de desarrollo que oriente su futuro y se propuso la contratación de un estudio al respecto. México tiene bastante experiencia en materia turística y puede ayudarnos , dijo el concejal y hotelero Augusto Afanador Soto.

Según el gerente de las EPD, León Trujillo Vélez, por las circunstancias especiales de Cartagena se debe pensar en un plan integral de desarrollo regional que involucre a sus poblaciones vecinas.

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