EN LISTA NEGRA 40 ENTIDADES

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El Estado colombiano está, por ahora, condenado a ser ineficiente, a duplicar funciones y a gastar más allá de lo recomendado en funcionamiento.

23 de junio 1997 , 12:00 a. m.

Las facultades otorgadas por el Congreso para reformar las entidades estatales fueron insuficientes, pues por falta de precisión en la Ley de racionalización tributaria muchas empresas no podrán ser reestructuradas.

Sin embargo, 40 entidades deberán ser suprimidas según un estudio elaborado por la Función Pública, que fue presentado al presidente de la República en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso el año pasado.

La racionalización supone la despedida de alrededor de 30.000 funcionarios públicos, que serán integrados a un plan de empleo y de adaptación laboral.

El estudio, elaborado por la Función Pública, fue presentado al presidente, Ernesto Samper, y será el Consejo de Ministros el que determine este 27 de junio la supresión definitiva.

El análisis abarcó alrededor de 240 empresas estatales y 40 de ellas se encuentran en estado crítico, que indudablemente hace pensar en su liquidación , dijo el director del Departamento Administrativo de la función Pública, Edgar González Salas.

Entre las entidades que deben ser suprimidas o reformadas figuran el Idema, Corelca, Mineralco, Fondo de Pasivos Social de Ferrocarriles, el Fondo Nacional de Pasivo Nacional de Puertos, el Incora, el Fondo de Inversión Social (Fis), el Dri, el Inpa, el Inat, Los fondos rotatorios, Dancoop y el Incomex.

Una sola super También el gobierno estudia la posibilidad de fusionar las Superintendencias de Sociedades y de Valores, aunque en el seno del equipo económico existen serias divergencias toda vez que son dos segmentos totalmente diferentes.

Esta reforma es mucho más limitada que la realizada en la administración Gaviria, cuando se suprimieron, liquidaron y fusionaron 61 entidades del Estado , dijo González Salas.

Esa reestructuración, hecha en virtud del artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, tuvo un gran impacto en el empleo público. Se eliminaron 42.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, el proceso no redujo el gasto público toda vez que se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía General de la Nación y se aumentaron los salarios oficiales en términos reales.

La aplicación de las facultades extraordinarias otorgadas en la Ley de racionalización tributaria, vencen este 27 de junio.

González reconoció que los ajustes fueron insuficientes y que es necesario que se otorguen facultades mucho más amplias con el fin de realizar una verdadera racionalización del Estado.

La Comisión del Gasto Público, que orienta el ex ministro Gabriel Rosas Vega, comparte la anterior opinión. Inclusive, considera que se deben eliminar ministerios.

La supresión de por lo menos 40 entidades, fruto de la recomendación de la Función Pública, deberá contar también con el concepto de la subcomisión de las comisiones terceras de Cámara y Senado, asignadas por la Ley.

Según conoció Portafolio, el presidente de la República no quedó satisfecho con el informe preliminar, pues considera que la reestructuración debe ser mucho más profunda.

Esta semana, el Consejo de Ministros evaluará el documento. La decisión de la supresión y reorganización de las entidades del Estado debe hacerse antes de finalizar el presente mes, pues de lo contrario se perderán las facultades extraordinarias.

La reestructuración abordará temas que quedaron inconclusos en la reforma de Gaviria como la adaptación del Sena, las residencias femeninas y la separación de la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Situaciones críticas Considera como crítico la situación de Corelca, la Dirección General de Prisiones, Colcultura, Telecom y Prosocial.

Entidades vinculadas al sector agropecuario como el Incora deben ser reducidos, pues actualmente no cumple los objetivos para el cual fue creado.

González Salsas expresó que este es un abrebocas para la gran reestructuración que requiere el Estado Colombiano.

Según el Ministerio de Hacienda, con la racionalización el Estado podrá ahorrarse cuantiosos recursos pese a que la ley se quedó corta en sus alcances.

La Función Pública no tiene una evaluación del ahorro por la supresión de entidades, ni cálculos exactos sobre el número de personas que quedarán cesantes.

Todo depende de la decisión que adopte el presidente, pues aunque nosotros ya identificamos los casos críticos, la última palabra la tiene el alto gobierno , dijo González.

Para la jefe del Departamento Nacional de Planeación, Cecilia López, no hay duda que la racionalización es necesaria pues hay entidades que no están cumpliendo con su tarea.

Según la Función Pública en muchas ocasiones hay hasta dos y tres entidades que cumplen la misma actividad. Por ello es necesario evitar la duplicidad de esfuerzos.

Al eliminar entidades se complementa, además, el decreto antitramitología, que fue expedido por el gobierno y que eliminó más de 200 pasos administrativos.

El proceso Las facultades que el Congreso le otorgó al Gobierno en la Ley 344 de 1996 son mucho menores que las que estaban contempladas en el artículo 20 transitorio de la Constitución.

La Constituyente le permitió al gobierno Gaviria reestructurar, fusionar, suprimir, cambiar de naturaleza jurídica de la entidades existentes en 1992. Incluso le dio la facultad de crear nuevas.

La actual administración sólo tiene competencia para suprimir o fusionar establecimientos del orden nacional de la rama ejecutiva.

La reforma institucional de 1992 tocó a 63 entidades, siete de las cuales fueron suprimidas por completo.

Las entidades que desaparecieron fueron Focine, el Fondo del Inmueble Nacional, el Intra, la Superintendencia Nacional de Cambios, el Servicio Naviero de la Armada, Corfipesca y el Fondo Nacional de Bienestar Social.

Los cambios en la estructura del Estado implicaron la eliminación de 42.000 empleos, pero dicha reducción no significó una ahorro para las finanzas públicas, porque el Gobierno creó nuevas plazas, mejor remuneradas, en otros frentes, como el de la justicia.

La reforma de 1992 fue el primer cambio radical introducido a la administración pública en 18 años. Hasta entonces, las estructuras de los órganos del Estado eran muy rígidas.

Los planes de adaptación laboral y capacitación que se realizaron no tuvieron el impacto deseado.

El Departamento de la Función Pública aspira no cometer los mismos errores en esta oportunidad.

Tarea continua La idea de reducir el tamaño del Estado en Colombia causa pánico. No en vano durante 18 años (1974-1992) la estructura institucional se conservó idéntica.

Uno de los motivos por los cuales ha ocurrido este fenómeno, es que el Presidente de la República cuenta con muy pocos mecanismos para adaptar la administración a sus deseos.

La Constitución prevé que la creación y supresión de establecimientos públicos es una facultad del legislativo, que en ocasiones le puede ser otorgada al ejecutivo mediante facultades especiales. Sin embargo, como ocurrió durante el trámite de la Ley de Racionalización del Gasto Público, los congresistas son bastante cautos para concederle esos poderes al Presidente.

Pero en el mundo las cosas son muy diferentes a como suceden en Colombia, y la flexibilidad de la administración pública es una de los recursos con que cuentan los mandatarios para poder desarrollar sus planes de gobierno.

En Francia, por ejemplo, el ejecutivo puede organizar los diferentes organismos del Estado de acuerdo con las prioridades con las prioridades de su plan de desarrollo. Con tal fin existe en el estado galo un ministerio dedicado exclusivamente a la realización de ese tipo de ajustes periódicos.

Edgar González señala que esa elasticidad de la administración no es una característica única de los países industrializados, y que naciones como Venezuela tienen superministerios que están dedicados a hacer más rápidos los cambios en la estructura del Estado.

A pesar de la rigidez que, como fue mencionado ha caracterizado la administración, la Constitución de 1991 avanzó algo en el tema y dejó abierta la puerta para su modernización.

El artículo 189 de la Carta faculta al jefe del Estado para reestructurar la administración en cualquier época. Pero la puesta en marcha de estas atribuciones requieren de una ley reglamentaria. Un proyecto de ley en tal sentido se encuentra a consideración de la Cámara de Representantes.

El Director de la Función Pública hace énfasis en que las reformas del Estado no sólo deben estar motivadas por asuntos presupuestales, es decir por un deseo de la Administración de reducir el gasto público. Esa es la motivación con motivo de la común, pero la modernización debería ser un proceso continuo .

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