Secciones
Síguenos en:
LLERAS CUESTIONA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑA

LLERAS CUESTIONA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑA

El ex presidente Carlos Lleras Restrepo, en su editorial de la revista Nueva Frontera, criticó el hecho de que el Estado financie la campaña de los candidatos a la Asamblea Constitucional. Cómo va a ser el sistema, para mí condenable, de que el fisco financie las campañas electorales? Ojalá tal cosa, que merece un análisis más cuidadoso, no se implante para la elección de los constituyentes , dice el ex mandatario.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
23 de septiembre 1990 , 12:00 a. m.

En otro de sus apartes, el ex presidente también se refiere al tema de las circunscripciones electorales para la elección de miembros a la Asamblea y sostiene que, aunque el sistema escogido le parece razonable, bien podría adoptarse el de una circunscripción única.

Advierte que a los partidos se les presenta el problema propio de que tienen que someter sus nombres a un electorado más amplio del que han venido manejando.

Y en consecuencia, se pregunta, pero no existe un sector ciudadano que, inspirado en la idea de una gran renovación, apoye la fórmula de una circunscripción única y vaya con ellas a las urnas? El texto del escrito del ex presidente es el siguiente: Me veo obligado a decir que no son ciertas las noticias que me hacen figurar como participante en las deliberaciones del Gobierno con jefes liberales o conservadores, ex presidentes o periodistas. Ni en las de temas que guardan relación con la organización del Partido para la elección de la Constituyente han celebrado, según informaciones de la prensa, algunos parlamentarios y jefes políticos. Sólo, de manera muy informal, se me han dado a conocer algunos puntos de vista que yo he escuchado con resignada atención. Por razones de salud tuve que excusarme de asistir a la comida que el senador Aurelio Iragorri ofreció en su casa. Me molesta, por qué no decirlo, que se hable de los ex presidentes como de un organismo político del partido, ya que en ninguna parte se ha previsto que cumplan esa función. En julio de 1929 comencé mi vida política al servicio del liberalismo y en múltiples ocasiones ejercí su jefatura, solo o en compañía de Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Alberto Lleras Camargo, Darío Echandía y otros ilustres colombianos. Liberales y conservadores, en un movimiento generoso, me llevaron a la Presidencia de la República.

Tengo derecho a pensar, más aún, la obligación de pensar que no debo intervenir más en actividades políticas. Ni como miembro de un inexistente comité de ex presidentes ni con cualquier otro carácter. Lo cual no significa que dejen de preocuparme los problemas del partido y del país. Esa preocupación me llevó a fundar Nueva Frontera para examinar en sus páginas, de manera objetiva, las grandes cuestiones públicas. Sin ánimo alguno de crear una facción política. Amigos generosos han decidido recoger en un libro, que aparecerá en estos días, lo que en la revista he escrito sobre la reforma constitucional. Es probable que un lector atento encuentre allí contradicciones, al lado de iniciativas que puede ser útil considerar. Y, por supuesto, voy a seguir comentando el tema. Participé como parlamentario o jefe del Ejecutivo en todas las reformas constitucionales que se han aprobado desde la primera administración López Pumarejo y, como jefe del Estado, traté de obtener que la reforma de 1968 corrigiera muchos vicios de nuestra organización, sin conseguir que sobre algunas cuestiones concretas me acompañara el Congreso. Talvez la Constituyente acoja ahora lo que la acción de ciertos grupos frustró en la Cámara; pero no puedo abrigar al respecto mucho optimismo.

Yo no tengo dudas sobre que es necesario introducir algunas reformas, no muchas, al texto actual de la Constitución. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que, por ejemplo, hay que revisar lo relacionado con la administración de justicia. Sobre esta materia se presentan dos cuestiones esenciales: a) Cómo organizar mejor el Organo Judicial y b) Cómo hacer que tenga efectividad la obligación impuesta al Presidente de la República de velar porque en todo el territorio colombiano se administre pronta y cumplida justicia. Creo haber relatado, en algún viejo número de la Crónica de mi propia vida, cómo, por iniciativa de Jorge Soto del Corral, secretario del Ministerio de Gobierno, se ordenó a los gobernadores practicar visitas a los Tribunales Superiores, con la facultad de imponer multas por los retardos en el trámite judicial, si le fueren imputables. El doctor Miguel Arteaga, jurista insigne, ocupaba entonces la gobernación de Cundinamarca y yo tenía el honor de ser su secretario de Gobierno. El doctor Arteaga me leyó la comunicación del ministro y me dijo que comenzaríamos al día siguiente la visita al Tribunal Superior de Cundinamarca. Así procedimos y el doctor Arteaga, quien revisó personalmente decenas de expedientes, me dijo cuando regresamos a la Gobernación: Escriba usted lo que voy a dictarle . Era la imposición, en algunos casos muy dura, de multas a los magistrados morosos. Las multas se hicieron efectivas y al mes siguiente la visita nos mostró un gran cambio en el trabajo de los magistrados y en el funcionamiento del Tribunal. Adquiría así significado la obligación impuesta por la Constitución Nacional al Presidente de la República de velar porque se administre pronta y cumplida justicia. Y la adquiría en una forma sencilla y práctica. Las actas que levantábamos en las visitas al Tribunal se remitían en copia al Ministerio de Gobierno y a la Presidencia. Yo no me anticipo a decir que deben seguirse los mismos procedimientos; pero sí señalo, como materia que justifica la acción de la Constituyente, la de ratificar la obligación que tiene el Presidente de la República, consagrando los medios para que pueda cumplirla bien y para que el país sepa cómo la están cumpliendo.

Otro punto concreto es el relacionado con la provisión de los cargos del Poder Judicial. Creo que las cosas marchaban mejor que ahora cuando los magistrados de la Corte Suprema eran elegidos por el Congreso de ternas que pasaba el Presidente de la República. Para este era una grave responsabilidad la de escoger candidatos a magistrados, y cortes que se distinguieron por lo selecto de su composición y por la sabiduría de sus fallos se formaron bajo ese sistema. En época reciente se optó por crear el Consejo Superior de la Magistratura. El estudio (no muy completo, lo confieso) de cómo ese organismo funciona en Italia, me llevó a defender su creación. Pero hoy no estoy seguro de las ventajas de una organización semejante.

Cito solo dos cuestiones concretas relacionadas con la administración de justicia. Podría hacer muchas otras observaciones; pero prefiero volver sobre la materia cuando esta disertación general se deba reemplazar por una exposición más completa de lo que existe y de las fallas que todo el mundo señala en la situación actual.

Cómo va a integrarse la Constituyente? El proceso, tal como lo ha reglamentado el Presidente de la República, es bastante complejo y laborioso. La primera etapa es la de las comisiones preparatorias a las cuales, dice el reglamento, corresponderá estudiar el temario de reforma constitucional, en primer término. Aunque no estoy muy seguro de estar interpretando bien lo que dice el reglamento expedido por el Gobierno, se partirá de un temario de reforma constitucional que no será el que en definitiva presentará el Gobierno al electorado, sino una primera indagación sobre las aspiraciones nacionales. Esta primera etapa está destinada a dar satisfacción a la aspiración participativa. Para tal efecto funcionarán comisiones preparatorias y mesas de trabajo que organicen los alcaldes, los rectores universitarios, los directivos de las fuerzas sociales(?), los cabilos indígenas y los Consejos de Rehabilitación o cualquier foro de participación que se organice para el efecto .

Viene luego un proceso de análisis y ordenamiento de lo que de las mesas de trabajo resulte para que un coordinador seccional o una institución designada por el Gobernador, el Intendente o Comisario, sistematice los datos y envíe el resultado a la Secretaría de Integración Popular de la Presidencia de la República. Está previsto, también, el trámite que se dará a las mesas de trabajo de los cabildos indígenas, a las de las universidades y otras fuerzas sociales. Las mesas de trabajo pueden llegar a ser muy numerosas si se logra de verdad interesar a la opinión pública; pero su formación y serio funcionamiento no dependerán exclusivamente de que grupos de personas o entidades se organicen para hacer llegar a las entidades coordinadoras sus aspiraciones en materia de reformas. Estas pasarán por nuevos exámenes y la Presidencia de la República, por intermedio del coordinador ejecutivo, sistematizará la información para suministrarla a los partidos políticos y a la comisión redactora asesora del Gobierno .

Hay que tener presente que en esta etapa se buscará tan solo redactar el temario. En gracia a la brevedad prescindo de transcribir todos los otros trámites que habrán de seguirse. Aunque yo no veo hasta ahora mucho interés de las gentes en prepararse y organizarse para las mesas de trabajo y respaldar los trámites a que se someterán sus conclusiones, es probable que la acción prevista en el documento gubernamental empiece a movilizar la opinión pública sin mucha tardanza. Los relatores de las mesas de trabajo, escogidos por los promotores correspondientes, tendrán mucha importancia para obtener que funcione realmente un sistema participativo.

En realidad, tal como está prevista, la maquinaria de participación es impresionante. Las subcomisiones preparatorias van a recibir las propuestas en que se indique el artículo o artículos de la Constitución que debería ser modificado, derogado o adicionado, la forma precisa que se propone y su justificación. También está prevista la celebración de audiencias que el documento del Gobierno ha reglamentado. En estas, se dice, podrán participar con prelación los voceros de las mesas de trabajo y los representantes de los sectores y fuerzas representativas de la sociedad .

Prescindo de reproducir las partes del documento oficial sobre las otras actividades confiadas a las subcomisiones. Si las cosas llegaren a funcionar como el Gobierno supone, en poco tiempo tendremos una agitación intelectual sin antecedentes, en todo el país. Recibo de propuestas, clasificación de las mismas, audiencias, redacción del informe que no tiene que ser sometido a votación ni aprobado por consenso. Vendrá después la subcomisión preparatoria que recogerá el trabajo de las peticiones, trámites y audiencias de las subcomisiones. Esta subcomisión va a tener un secretario ejecutivo cuyas funciones enumera el documento oficial y que redactará el informe final que, entre otras cosas, debe clasificar las propuestas y peticiones. Se han reglamentado las características del informe final, con mucho detalle porque se ha prescrito inclusive el número de cuartillas que podrá tener. El papel de un funcionario (el coordinador ejecutivo) será de gran importancia. A él le corresponderá organizar los informes finales de las comisiones, clasificarlos, enviar copia a los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso de la República y a la Comisión Redactora Asesora del Gobierno.

Para no omitir ningún detalle, el Gobierno ha dispuesto que el coordinador ejecutivo preparará una relación de informes para que los medios de comunicación puedan divulgar los aspectos esenciales de las propuestas y para permitir la consulta de los mismos por parte de los miembros de la Asamblea Constitucional y del Gobierno Nacional. Para que no falte ningún detalle, se ha agregado: El Gobierno elaborará un formato para la presentación de dichos informes .

Todo lo que dejo transcrito constituye tan solo lo que podríamos llamar indagación de lo que las gentes quieren que se cambie en la Constitución, que se reforme, elimine o agregue. Será una etapa laboriosa que podríamos llamar la etapa participativa . No me queda claro si de las actividades de las comisiones saldrán propuestas que el Gobierno no ha contemplado en el temario de la Constituyente o si será con esas propuestas con que se formará el temario.

Como dije antes, he tenido participación en todas las reformas constitucionales que se han aprobado desde 1962. La preparación de ellas fue menos compleja que la prevista para formar el proyecto que se someterá al voto popular, aunque creo que entonces el partido era bastante participativo. Después de descifrar malamente las explicaciones que ha dado el Gobierno sobre las instancias previas a la Asamblea, me quedo pensando en otros temas que tienen preocupadas a las directivas liberales (y no sé si también a las conservadoras). El primero es el referente a la formación de las circunscripciones electorales para la elección de los miembros de la Constituyente. No se formarán las circunscripciones con la división departamental hoy existente sino por grupos de departamentos, lo cual parece conveniente y razonable. Claro que la formación de los grupos no será fácil y que (Dios no lo quiera) van a menudear los problemas político-personales. En principio, y así lo expresé a los señores Berdugo e Iragorri, el sistema escogido, y perdóneseme la repetición, parece razonable, aunque bien podría adoptarse el de una circunscripción única. En esa cuestión ha mediado la necesidad de dar al M-19 la posibilidad de que junte todas sus fuerzas para poder obtener una representación significativa y así cumplir las condiciones que se pactaron en las mesas de trabajo inventadas por el señor presidente Barco.

De otro lado, a los partidos se les presenta el problema propio de que tienen que someter sus nombres a un electorado más amplio del que han venido manejando. Esto no es malo, por supuesto, y parece que la directiva liberal quiere evitar la proliferación de listas apoyadas por las organizaciones políticas en cada departamento con el fin de que no haya divisiones. Pero, no existe acaso un sector ciudadano que, inspirado en la idea de una gran renovación, apoye la fórmula de una circunscripción única y vaya con ella a las urnas? Y cuando uno se formula esa pregunta se le presenta sin remedio otra: Cómo va a ser el sistema, para mí condenable, de que el fisco financie las campañas electorales? Ojalá tal cosa, que merece un análisis muy cuidadoso, no se implante para la elección de los constituyentes.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.